Ángeles Carmona, presidenta del strong>Observatorio
contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, explica que estas cifras
tienen "una parte negativa" y "otra positiva". La primera
refleja que, "por desgracia, todavía en España siguen existiendo estos
hechos delictivos", mientras que la segunda es interpretada por los jueces
como que "cada vez más mujeres se están atreviendo a denunciar y confían
cada vez más en las instituciones".
Esta confianza en los tribunales y Fuerzas de
Seguridad se pone de manifiesto en otro dato: ha bajado del 12% al 10% el
porcentaje de mujeres que se acogen a la dispensa de la obligación legal de
declarar. Es decir, cada vez son más las víctimas que deciden seguir adelante y
no se echan para atrás durante el proceso penal.
El artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal permite a las víctimas no tener que declarar contra sus agresores
si son familiares directos. Según Carmona, "muchos casos de violencia de
género se quedan en nada porque la mujer se acoge a este derecho".
"La mayoría de los casos se produce en la intimidad familiar, sin testigos
y sin pruebas y por eso la declaración de la víctima es muy importante".
El Pacto de Estado prevé reformar este artículo para que la denunciante se vea
obligada a seguir adelante con el proceso que podría aumentar hasta un 10% el
número de condenas, que ahora representa el 67%.
El Observatorio ha hecho públicas este lunes sus
estadísticas anuales. En ellas recoge que 158.217 mujeres fueron víctimas de
malos tratos, un 17,7% más
que el año anterior. De ellas, eran extranjeras el 30% (48.110). La
mayoría se concentró en Baleares (con una ratio de 95,6 víctimas por
cada 10.000 mujeres), Murcia (87,8), la Comunidad
Valenciana (85,3) y Canarias (84,5). Por el contrario, las
ratios más bajas (42) se situaron en Castilla y León y Galicia.
Los familiares denuncian poco
Siete de cada 10 denuncias fueron presentadas por la
propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales.
Las denuncias por intervención directa de la policía supusieron el 15% de los
casos, mientras que las interpuestas por los familiares rondaron el 2%. Las
denuncias de los médicos, que enviaron partes de lesiones al juzgado,
representaron algo más del 9% de las denuncias.
Estos porcentajes indican, según Carmona, que
"todavía son muy pocas las denuncias que proceden de los allegados".
"Se sigue percibiendo como algo que pertenece a la intimidad de la pareja,
en donde no se debe entrar. Echamos más de menos la implicación de la
sociedad", advierte.
Por otro lado, y como consecuencia de ese incremento
de las denuncias y de esa bajada en el uso de la dispensa de la obligación de
denunciar, se han incrementado en un 1,2% las condenas a maltratadores, del
66,2% al 67,4%. De las 49.165 sentencias dictadas, 33.146 fueron condenas y
16.019 absoluciones. Según Carmona, "la mayor parte de las sentencias
asolutorias se producen porque no hay pruebas de cargo o porque la víctima no
quiere declarar".
La presidenta de este Observatorio recuerda que el
incremento de las condenas "demuestra que los órganos judiciales funcionan
y que no hay impunidad". "Si la mujer denuncia y continúa con el
procedimiento esto indica que se siente apoyada y acompañada por las instituciones
en un proceso que es lento, duro y arduo", manifiesta, e insiste en que
las penas a los maltratadores "son de las más graves que existen y llevan
acarreadas medidas como la privación de la patria potestad o la suspensión del
régimen de visitas".
Los datos del último informe del CGPJ reflejan que han
aumentado un 3,4% las órdenes de protección adoptadas (44.106), tanto de
mujeres como de sus hijos, entre las que sobresalen las órdenes de alejamiento
y las prohibiciones de comunicación acordadas, que se adoptaron en un 66% y en
un 63% del total de las órdenes acordadas.
Además, los jueces dictaron 15.237 medidas civiles
cautelares, tendentes a la protección de la mujer y de los menores, mientras se
resolvía el proceso penal: un 19% tenían relación con la prestación de
alimentos y un 16% resolvió la atribución de la vivienda. El 5% suspendió la
guarda y custodia mientras que el 3% interrumpió el régimen de visitas.
Una de las medidas que prevé el Pacto de Estado es la
retirada de la patria potestad y del régimen de visitas a los maltratadores
condenados, dos cuestiones que ya recoge el Código Penal pero que en la
práctica no se aplican, porque, según explica Carmona, "son potestativas
del órgano judicial". "En el Pacto de Estado se explicita que serán
obligatorias para proteger a los niños, sobre todo en los casos más graves,
como asesinatos o violencia habitual".
COMENTARIO: Está muy bien que se siga fomentando la denuncia
porque sí y calificar todo como violencia de género. Después salen estadísticas
de divorcios y nos sorprendemos de la sociedad que estamos creando.LA RECORTA… 
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