No ha sido el único en calificar a los ocho detenidos
como “presos políticos”. También el expresident Carles Puigdemont o la
secretaria general de ERC, Marta Rovira, han utilizado el mismo término para
censurar la entrada en prisión de los ochos políticos catalanes acusados
de rebelión, sedición y malversación. Sin embargo, ¿han sido enviados a la
cárcel por sus ideas o por su papel en la celebración del referéndum ilegal del
1-O y la posterior declaración unilateral de independencia?
La juez
Carmen Lamela basa el envío a prisión provisionalde los
exconsejeros, según el auto, en los supuestos que contempla la ley. Puesto que
“algunos querellados ya se han desplazado a otros países” para eludir “posibles
responsabilidades penales” —Puigdemont y cuatro exconsejeros están en Bélgica—
la juez estima que sí existe riesgo de fuga, más aún al considerar las elevadas
penas de prisión que conllevan los delitos que supuestamente han cometido:
rebelión (hasta 25 años), sedición (15 años) y malversación (de ocho a diez
años).
Cree la juez, asimismo, que los ocho exconsejeros
podrían destruir pruebas porque “han ostentado hasta hace solo unos días”
cargos públicos y que podrían volver a delinquir, tal y como lo han hecho de
forma “planificada y consciente” desde las últimas elecciones catalanas, el 27
de septiembre de 2015.
Según el auto, la juez considera que Junqueras y los
siete exconsejeros “se valieron de la población” y “alentaron actos de
insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la
autoridad legítima del Estado” en una acción coordinada con la Asamblea
Nacional Catalana (ANC) y Òmnium. Esta “estrategia de todo el movimiento
secesionista” llevaría a “la celebración del referéndum
ilegal el día 1 de octubre y a la
declaración de independenciaaprobada en el Parlamento [catalán] el
pasado día 27 de octubre”.
Lamela considera que el Gobierno cesado de la Generalitat
ha desobedecido “sucesiva, sistemática y frontalmente todas y cada una de las
decisiones del Tribunal Constitucional” en la ejecución de la hoja de ruta
recogida en el documento Enfo CATs:
Reenfocant el procés d'independència per un resultat exitós,
intervenido el pasado 20 de septiembre por la Guardia Civil. Este documento
“recogía el papel que deberían jugar cada uno de los actores en el desarrollo
del plan. (…) En la práctica, se corresponde perfectamente con todos los pasos
ejecutados por el Gobierno de la Generalitat durante los más de dos años
transcurridos, incluida la declaración unilateral de independencia”, reza el
auto judicial.
¿Son entonces presos políticos Oriol Junqueras, Jordi
Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn y
Carles Mundó? No parece que sea el caso. Según el auto judicial, cometieron
supuestamente los delitos de rebelión, sedición y malversación. Se dan,
asimismo según el texto judicial, los supuestos previstos para dictar prisión
provisional sin fianza. No han sido, por tanto, encarcelados por sus ideas:
son políticos presos, no presos políticos.
COMENTARIO: El otro día me llego un mensaje en forma de video
donde Iglesias llegaba a un lugar con motivo de un acto o algo así, y un grupo
de gente le increpo insulto etc. No me extraña nada, este tipo ya está cansando
con sus salidas y mentiras por donde pisa. Presos políticos son los de
Venezuela, por ejemplo, los de España son gente de un territorio que han votado
y proclamado una independencia ilegal, es decir que las leyes no contemplan,
por lo que están fuera de la ley. Estaban advertidos y siguieron en un desafío
a las leyes al poder Ejecutivo y al Gobierno. Un territorio de cualquier nación
no puede auto independizarse sin el consentimiento previo del Estado al que
pertenecen o en su defecto o en su defecto como consecuencia de una votación de
todo ese estado. Cataluña, es una región (ni nación ni país, región), del
Estado Español, por lo tanto se rige por esas reglas que son para todos igual,
Sr. Iglesias, politólogo.LA RECORTA…
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