Ni la Generalitat ni el Gobierno quieren desvelar
todas sus cartas. Pero los independentistas han ofrecido en los últimos días
pistas de cuáles son sus planes: más allá de prometer en público que el
referéndum se celebrará sin explicar cómo esquivarán el veto del Estado,
están alentando una movilización ciudadana que
obligue a La Moncloa a ensuciarse las manos.
La 'número dos' de Esquerra, Marta Rovira, dejó el
domingo claro que confían en la calle como segunda pata de su estrategia
política. «Si el Estado o sus instrumentos atacan de forma directa los
elementos esenciales del referéndum, como las urnas, los colegios o los
coordinadores electorales, habrá que reaccionar», afirmó. Y
añadió que se refería tanto a los políticos como a «los ciudadanos de Cataluña».
Si bien la trayectoria de los independentistas en las
instituciones ha sido muy accidentada, con cambios de hoja de ruta y dimisión
de medio Govern incluidos, en las últimas Diadas han demostrado que son capaces
de enormes demostraciones callejeras. No es casualidad que el desafío vaya a
lanzarse en el Parlament -salvo improbable cambio de última hora- el 6 de
septiembre, cinco
días antes de la fecha en que los soberanistas han organizado sus grandes
manifestaciones de los últimos años.
El plan es que la más que segura anulación de la Ley
del Referéndum no llegue antes de que Carles Puigdemont pueda, seguramente el
mismo miércoles, firmar la convocatoria de la consulta. El presidente de la
Generalitat se ha comprometido a desobedecer cualquier injerencia de la
Justicia. El objetivo es que el choque provoque una agitación popular que sirva
de combustible no ya para la Diada, sino para mantener las movilizaciones
durante todo el mes de septiembre.
De hecho, Junts pel Sí y la CUP contemplan que se
extiendan más allá del 1 de octubre. «Si hubiese una ofensiva del Gobierno
español para retirar urnas, movilizaremos a los
ciudadanos para que esto no pase y para que
el gobierno de la Generalitat y la administración electoral constituida puedan
garantizar que los colegios electorales abran con normalidad», dijo ayer Marta
Rovira en referencia a instancias -como una nueva Sindicatura Electoral- cuya
creación está contemplada en la Ley del Referéndum.
La secretaria general de ERC también prometió que
habrá «máxima complicidad y coordinación entre instituciones políticas y
movimiento cívico organizado», en alusión a la ANC y el resto de asociaciones.
Otros miembros del Govern se pronunciaron ayer en la misma dirección. Empezando
por Puigdemont, que dijo a La Vanguardia que el procés «nace en la calle, así que no debe sorprender a
nadie que pueda continuar teniendo expresiones en la calle».
Más claro aún fue el conseller de Salud (aunque podría
entenderse que su campo de actuación es otro, tras la última remodelación los miembros
del Govern sólo tienen un objetivo: el referéndum). Toni Comín afirmó en el Ara
que «el Estado deberá reprimir el 1-O, y la gente
no se quedará en casa».
Ninguno de los dirigentes del proceso independentista
cree que, pase lo que pase el 1 de octubre, al día siguiente vaya a acabarse
nada. La estrategia sigue siendo tratar de que el
Gobierno se pase de frenada y así ganar
simpatías en una comunidad internacional que de momento les ha dado la espalda.
Y después negociar, con un ojo puesto también en el Congreso, con la esperanza
de que un cambio de alianzas abra alguna de las puertas ahora cerradas.
Pero Mariano Rajoy tiene de momento, por lo que
respecta al referéndum, el apoyo del PSOE y de Ciudadanos. Tanto el PP como los
socialistas se ponen hoy oficialmente en marcha, pese a que el verano, marcado
por los atentados yihadistas en Cataluña, ha sido cualquier cosa menos normal.
También reanuda esta semana sus actividades el Tribunal Constitucional,
llamadas a un papel clave en la crisis.
A falta de que se pronuncien otros actores de primer
orden -la influyente Ada Colau y su entorno decidirán
en los próximos días su posición definitiva-, el PSC ya se ha
desmarcado claramente del juego que proponen los independentistas, que aún no
han encontrado a nadie que haga campaña por el no.
«Si la Generalitat llega a convocar el referéndum
ilegal es obvio que diremos a nuestra gente y a los ciudadanos en general que
no se ha de participar», dijo ayer el líder de los socialistas catalanes,
Miquel Iceta. Le parece «un delirio» tanto el contenido de la Ley del
Referéndum como que vaya a aprobarse, según todos los indicios, cambiando a
última hora el orden del día del pleno parlamentario del miércoles.
COMENTARIO: Lo de siempre. Las élites del bando
secesionista incitando a la población a que sean ellos los que se arriesguen
penalmente. Típico del nacionalismo, una ideología creada para que las élites
locales puedan conseguir los resortes del poder local incitando a la población
con estímulos subjetivos para que arriesguen sus bienes e incluso sus vidas
para conseguir esos objetivos.LA RECORTA…
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