Los dos interrogados el pasado 15 de mayo en una
comisaría de Barcelona son dos ex detectives privados de la agencia
Método 3. Ambos han sido vinculados con los comisarios de la Policía
Nacional a los que se atribuye el contubernio contra el
independentismo catalán, José Manuel Villarejo y Marcelino
Martín Blas.
Oficialmente, los dos ex detectives fueron citados
telefónicamente por los Mossos para responder por una denuncia
administrativa por una "extralimitación" en sus competencias
profesionales, según explicó el jueves a este diario una portavoz del
Departamento de Interior. Los dos agentes privados -Julián Peribáñez y Antonio
Tamarit- acabaron, sin embargo, siendo sometidos a un interrogatorio centrado
en algunos de los aspectos que ya investiga la Audiencia Nacional.
El cuestionario fue realizado por agentes de la Unidad
Central de Seguridad Privada, según consta en el acta de declaración de los dos
detectives avanzada por El Confidencial y a la que ha tenido acceso
este diario. Según denuncian los interrogados, en ningún momento fueron
informados por los dos policías presentes en la sala sobre quién presenta la
denuncia administrativa ni de qué se les acusa. También sostienen que llegaron
a sentirse "amenazados" por los agentes, quienes les advirtieron
sobre "una sanción grave" por no colaborar con ellos.
Los interrogatorios duraron hora y media y media hora,
respectivamente. Según consta en las actas de declaración, las preguntas
en torno a miembros de la Policía Nacional no tardaron en aparecer. "¿En
qué consistió la colaboración con [el comisario] Marcelino Martín y [el
inspector] Rubén Eladio que se remite en su declaración en la Audiencia
Nacional?"; "¿qué tipo de contraprestación económica se
acordó?"; "¿hubo seguimientos?" y "¿hubo grabaciones"
a objetivos marcados por la Policía?, son algunas de las preguntas que les
realizaron. En la mayoría de ellas los dos ex detectives se limitaron a
negarlas o se remitieron a las respuestas que ya ofrecieron ante el juez José
de la Mata en la Audiencia Nacional el pasado febrero.
Al finalizar el interrogatorio, ambos ex detectives
aseguran haber presentado una denuncia en el juzgado de guardia contra los
Mossos d'Esquadra por coacciones y amenazas. También otra contra la
secretaria general de Seguridad Privada de los Mossos d'Esquadra por tráfico de
influencias. Este diario no pudo obtener ayer copia de ambas denuncias. Su
reacción tras abandonar la comisaría también incluye el envío de una carta al
juez De la Mata en la que le advierten de "la injerencia irregular"
de los Mossos d'Esquadra en el caso que aún se investiga.
Los dos ex detectives forman parte también de la larga
lista de comparecientes en la comisión del Parlament de Catalunya que arrancó
la semana pasada y que hasta el momento ha contado con el testimonio de dos
periodistas del diario Público y del ex conseller de Justicia Germà Gordó.
El fiscal del 9-N y el 'caso palau' se va a bruselas
Emilio Sánchez Ulled, fiscal delegado de
Anticorrupción en Cataluña y conocido por haber llevado la acusación pública
por la desobediencia del 9-N o el saqueo del Palau de la Música, ha sido
designado como consejero de Justicia en la Representación Permanente de España
ante la Unión Europea, tal y como publicó ayer el BOE.
Pese a que debería pasar a servicios especiales para
poder ocupar este cargo a partir de las próximas semanas, Sánchez Ulled ha
pedido un aplazamiento para poder acabar con el juicio del 'caso Palau', en el
que además de penas de prisión para los ex representantes de la institución,
Fèlix Millet y Jordi Montull, también considera que Convergència se lucró
con 6,6 millones de euros en comisiones ilegales por adjudicación de obra
pública a la empresa Ferrovial.
El fiscal participó en una convocatoria pública y
abierta junto a otros aspirantes a ocupar este cargo y finalmente ha sido
designado, ya que se tuvo en cuenta su amplia experiencia internacional:
Sánchez Ulled trabajó durante dos años en la Oficina Europea de Lucha contra el
Fraude en Varsovia y participa cada año en actos en países como Rumanía o
Bulgaria en calidad de experto independiente para la Comisión Europea.
COMENTARIO: Aplicación inmediata del Artículo 155. Suspensión de
autonomía catalana, relegados de su cargo todos los altos cargos de la
Generalitat, a la cárcel los que hayan cometido delito de sedición y los Mossos
de Escuadra, a las órdenes del Ministro del Interior y del Comisario Superior
de Policía o expulsión de la policía, al paro y a buscarse las habichuelas en
otro lado. Se ha terminado tanta tontería ya. Yo lo tengo clarísimo y así se
bajaba los humos a todo el mundo. Esto es lo que sucedería en EEUU, en Francia
o cualquier otro país democrático serio. Ya está bien de incumplir la Ley e
irse de rositas.LA RECORTA…
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