La Sala de Apelaciones es un proyecto aprobado por el
Gobierno de José María Aznar al final de su mandato. Responde a los reiterados
llamamientos de las instancias europeas acerca de la inexistencia de una
segunda instancia real para las condenas de la Audiencia Nacional. Los fallos
del Tribunal Supremo ante recursos de casación están limitados de tal forma que
no pueden entrar a revisar, por ejemplo, los hechos que la Audiencia Nacional
ha considerado probados en una sentencia.
El pasado 10 de marzo, el Gobierno retomó el proyecto
de la Sala de Apelaciones, en un cajón desde 2003. El Consejo de Ministros de
ese viernes aprobó la creación de 16 plazas de magistrado, tres de ellas para
la Sala de Apelaciones. El acuerdo posterior del Consejo General del Poder
Judicial, de 11 de abril de 2017, especificaba que, a igualdad de méritos de
antigüedad, el concurso se resolvería a favor de quién ostentase esa
especialidad. Y es aquí donde radica la polémica.
Desde ese momento, Enrique López y Eloy Velasco
entraron en la quiniela por ser magistrados de la Audiencia Nacional con una
especialización en derecho penal que pocos detentan. Velasco instruía desde
hacía meses la pieza secreta del caso Púnica que investiga la financiación
irregular del PP de Madrid y, bajo secreto en ese momento pero víctima de
varios chivatazos, el caso Lezo, que mantiene a día de hoy a Ignacio González
en prisión provisional.
El Gobierno ya había puesto un puente de
plata a Velasco para incorporarse a un puesto de cooperación
internacional al que el propio magistrado dejó de aspirar cuando se rebajó su
dotación económica. Con el nombramiento de este miércoles, Velasco obtiene una
plaza muy deseada, gana más dinero y abandona el intenso trabajo de un Juzgado
de Instrucción para ceñirse a revisar sentencias. En una entrevista a El
Mundo, Velasco aseguró recientemente que con los medios que
tiene en su juzgado no puede enfrentarse a la corrupción.
Los magistrados recurrentes alegan en su escrito del
pasado 21 de abril que superaron unas pruebas de especialización convocadas por
el CGPJ en 2011 que luego anuló el Tribunal Supremo. En su fallo, el Alto
Tribunal especificaba que, en cualquier caso, la superación de esas pruebas,
muy exigentes y a las que se concurría de forma anónima, serían tenidas en
cuenta como mérito para la promoción futura en la carrera judicial. Después, la
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2015 aprobó que el CGPJ
convocara nuevas pruebas de especialización. Pero el actual Poder Judicial
nunca ha llegado a hacerlo.
Una oposición sencilla hace veinte años
La consecuencia es que a aquellos magistrados que
superaron unas pruebas tan exigentes han quedado descartados para la Sala de
Apelaciones por no detentar una especialización que López y Velasco obtuvieron
hace más de veinte años. Ambos figuran entre los que completaron entonces
un curso que les permitía pasar de juez a magistrado entre uno y dos años antes
que sus compañeros de promoción. La oposición se ceñía unos setenta temas, un
temario considerado menor en la carrera judicial, e incluía convertirse en
especialista de penal y civil.
Los magistrados Ángel Hurtado, Manuela Fernández
de Prada, José Ricardo de Prada, Ramón Sáez y Clara Bayarrri firman el recurso
ante el CGPJ que, de ser rechazado, será analizado en última instancia por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Hasta que haya fallo del Alto Tribunal, Velasco y
López se incorporarán a la Sala de Apelaciones. Al primero fuentes jurídicas le
critican llegar a tan selecto puesto sin apenas haber puesto sentencias; y al
segundo ser uno de los dos magistrados recusados por sus compañeros de la Sala
de lo Penal en el caso Gürtel por su proximidad al Partido Popular. Junto al
presidente del tribunal, que será designado proximamente por el CGPJ, revisarán
los fallos más relevantes en España en materia de corrupción, entre otras.
En el caso de que el Tribunal Supremo de la razón a
los cinco jueces que han recurrido, Velasco y López dejarían la Sala de
Apelaciones y quedarían adscritos a la Audiencia Nacional, pero nunca
recuperarían sus antiguos puestos. El CGPJ también ha convocado este miércoles
la plaza que Velasco ocupaba de forma interina en el Juzgado de Instrucción
número 6. El elegido será el más antiguo de cuantos magistrados se presenten.
Según fuentes jurídicas, el sustituto de Velasco no tardará más de un mes y
medio en ser elegido. Eloy Velasco puede solicitar permanecer en el juzgado
hasta ese momento.
Otros magistrados que han quedado fuera y que
aspiraban a la Sala de Apelaciones son el exministro socialista Juan Alberto
Belloch y el conservador Carlos Valle, ambos mucho más antiguos en la carrera
que López y Velasco pero sin la especialización en penal. También se
presentaron Fernando Grande Marlaska, Fernando Andreu, Carmen Lamela y el
portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo.
COMENTARIO: En mi ignorancia profunda en la materia
judicial, hay un asunto que destaca. ¿Como es posible que un juez, a mitad de
un proceso largo, tedioso y complejo; con un sumario que ocupa la friolera de
13.000 folios, se pueda ir a otro destino sin terminar lo que está haciendo?.
Una consecuencia lógica es que quien venga a sustituirlo, necesitará
"años" para alcanzar el nivel y la profundidad de conocimientos que
tenía el juez instructor del caso. Sinceramente, no lo puedo entender. No se
trata de un trabajo mecánico con alternancia entre distintos personajes.
¿No es esta una herramienta más que se reserva la justicia para utilizarla cuando le convenga? LA RECORTA…
¿No es esta una herramienta más que se reserva la justicia para utilizarla cuando le convenga? LA RECORTA…
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