Con la información que tenía ya en su poder, la
Fiscalía Anticorrupción solicitó en noviembre pasado al juez del caso que
dictara un auto de dirección de procedimiento contra Ruiz-Gallardón, con el
objeto de interrumpir la prescripción del delito de malversación de fondos
públicos en el que pudiera haber participado quince años antes, han informado a
eldiario.es fuentes jurídicas. De esta forma, los fiscales se reservaron la
posibilidad de solicitar la imputación del expresidente de la Comunidad de
Madrid cuando la marcha de la instrucción lo aconseje.
La investigación del Canal de Isabel II en la época de
Ruiz-Gallardón ha sido uno de los motivos de enfrentamiento
entre los fiscales del caso Lezo y su jefe en Anticorrupción.
Antes de eso, el primer juez del caso, Alejandro Abascal, ya intentó separar la
investigación de esa época del resto de la instrucción. Los fiscales se
opusieron a su decisión y recurrieron a la Sala de lo Penal, que les terminó
dando la razón.
En su escrito a la Sala de lo Penal de noviembre de
2016, los fiscales aseguran que han hallado “indicios de criminalidad contra
determinadas personas u organismos” y que esa actuación presuntamente delictiva
tiene su origen “en actividades que se inician en 2001 con la compraventa de la
mercantil Inassa”. El auto en el que la Audiencia Nacional da la razón a los
fiscales asegura que la compra fue “llevada a cabo bajo el control del Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, presidido en aquellas fechas
por Alberto Ruiz Gallardón”.
Una de las cinco actividades ilícitas que se
investigan en la Operación Lezo es el conjunto de inversiones realizadas por el
Canal de Isabel II en Latinoamérica y el posterior desvío de fondos públicos
derivado de ellas. El origen de esta línea de investigación es la adquisición
de la empresa brasileña Emissao por parte de Inassa, la filial del Canal en el
continente americano, en 2013. Con dinero público, Inassa adquirió el 75% de la
empresa por 21,4 millones de euros. Poco después, la venta de la firma demostró
que su valor real era de una cuarta parte. Los investigadores creen que el
dinero voló a una cuenta en Suiza.
Anticorrupción detectó que el ‘modus operandi’ se
podía haber inaugurado mucho antes de la compra de la brasileña Emissao. Con
Ruiz-Gallardón de presidente de la Comunidad de Madrid comenzaron las
negociaciones para la adquisición de la empresa colombiana y así la expansión
por América del Sur. Para realizar la operación, el Canal creó Extensia, una
sociedad con sede en el entonces paraíso fiscal de Panamá. La investigación
apunta a que el Gobierno de Gallardón, ya con Pedro Calvo en la presidencia del
Canal, autorizó a pagar 83 millones de euros por Inassa, cuando el precio de
ésta no superaba los ocho millones, según
adelantó elconfidencial.com.
A la operación hace referencia Ignacio González en una
conversación con Eduardo Zaplana intervenida por la Guardia Civil.
"Alberto hizo una operación de que… no sé si estaba Alberto, pero desde
luego sí que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no
valía ni treinta millones por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno
para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con
una diferencia fiscal de 20 millones, con un crédito del Banco Mundial que a su
vez avalaba el Canal de Isabel II".
Las advertencias ignoradas
Un informe de
Garrigues y dos de Cuatrecasas alertaron a los distintos
gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid, tanto de Ruiz-Gallardón como de
Esperanza Aguirre, de las irregularidades en la adquisición de Inassa, sin que
éstos adoptaran medidas o trasladaran los indicios a las autoridades. "Tratamos
de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así de Cuatrecasas sobre toda
la operación que no te puedes ni imaginar", dice González en la citada
conversación grabada.
La querella de Anticorrupción que dio origen al caso
no menciona actividades delictivas del año 2001 porque en ese momento se creía
que el primer pelotazo en Latinoamérica era el de la compra de la brasileña
Emissao en 2013. Este es el argumento que utilizó el juez Abascal para dejar
fuera de la Operación Lezo la época de Gallardón. Abascal también argumentó que
el principal responsable de la trama investigada, Ignacio González, no había
asumido en 2001 ninguna responsabilidad al frente de la Comunidad de Madrid.
Los fiscales respondieron que al investigar la
actuación de Gallardón no actuaban contra dos operaciones o delitos distintos y
que lo que ocurría es que los hechos presentados en la querella inicial
terminaron por orientar las pesquisas hacia un origen anterior al que se creía
de la trama delictiva.
“El desvío de dinero a operaciones ajenas a la
institución se remonta a 2001 y afecta a las propias instituciones de gobierno
de la Comunidad de Madrid de aquel entonces”, insisten los fiscales, según
trasladan los jueces Angela Murillo, Teresa Palacios y Carmen Paloma González.
“Ciertamente, el presunto responsable de esta fase delictiva no es el señor González
sino otras personas o entidades con responsabilidades en la Comunidad de
Madrid”, rematan en el auto del 19 de enero pasado.
A pesar de ello, Moix volvió a la carga el pasado 18
de abril, apenas 24 horas antes de que estallara la Operación Lezo. El jefe de
Anticorrupción utilizó los mismos argumentos de Abascal, descartados por la
Sala de lo Penal y ordenó a los fiscales dejar fuera un registro vinculado con
Inassa. Los fiscales invocaron el artículo 27 del Estatuto Fiscal y fue
convocada la Junta de Fiscales de Anticorrupción. Por abrumadora mayoría, los
miembros de la Fiscalía especializada se pusieron del lado de sus compañeros y
Moix optó por no oponerse al citado registro.
COMENTARIO: Informe
definitivo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad emitido el pasado 29 de
diciembre: La gestión de Gallardón al frente de la M-30 fue “lesiva para las
arcas públicas”. Según el informe, la privatización del modelo de gestión en la
legislatura de Alberto Ruiz-Gallardón, ha costado ya al Ayuntamiento 554
millones de euros.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a levantar las alfombras de Calle-30, la sociedad creada por Alberto Ruiz-Gallardón para gestionar la M-30 y en la que el ayuntamiento es socio de Ferrovial y Dragados (del grupo ACS). Desde 2004, esta sociedad, de la que el ayuntamiento tiene el 80%, ha pagado 502,299 millones en dividendos a los socios privados, intereses, impuesto de sociedades e IVA.LA RECORTA…
Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a levantar las alfombras de Calle-30, la sociedad creada por Alberto Ruiz-Gallardón para gestionar la M-30 y en la que el ayuntamiento es socio de Ferrovial y Dragados (del grupo ACS). Desde 2004, esta sociedad, de la que el ayuntamiento tiene el 80%, ha pagado 502,299 millones en dividendos a los socios privados, intereses, impuesto de sociedades e IVA.LA RECORTA…
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