En un auto conocido este lunes, el magistrado ha
excluido del juicio del caso Unión contra uno de los principales acusados, el
empresario Luis Lleó, las grabaciones realizadas entre el denunciante, el
exconsejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino
(PSOE), al otro acusado, el también empresario Fernando Becerra, quien confesó
tras su detención el intento de soborno a Espino para desbloquear la
urbanización Costa Roja, de más de mil viviendas en el sur de Lanzarote,
promovida por Lleó. Todas las grabaciones se realizaron en el despacho del
político socialista bajo la supervisión de la Guardia Civil y con autorización
judicial.
La vista previa de esta pieza del caso Unión, para
decidir sobre las pruebas que se tendrían en cuenta para el juicio, se celebró el 2 de febrero. El 23 de septiembre del año
pasado, el juez Salvador Alba grabó a sus compañeros de la Sección Sexta de la
Audiencia Provincial de Las Palmas mientras discutían, entre otras cuestiones,
sobre el caso Unión. Cuando un magistrado advierte que el principal acusado del
caso Unión “está pillado por todos lados”, el juez Alba la replica: “Espérate, espérate, espérate, espérate,
espérate. Hay cuestiones previas ahí… ¡Cuidado!”.
En la conversación, grabada a sus compañeros que
aportó el propio Alba a un juzgado en su
denuncia contra Miguel Ángel Ramírez por haberle grabado maquinando contra la
jueza Victoria Rosell, el juez dice que “el problema de Lleó” es que va a ser
juzgado por un jurado y que “un jurado lo va a condenar seguro”. También dice
que Luis Lleó “por lo visto ha cumplido seis meses” en prisión “preventiva” y
sugiere que ha habido una oferta para que el acusado pague una “multa” y que no
entre en la cárcel. La Fiscalía pide, en su escrito de acusación provisional, seis años de prisión para Lleó y una multa de un millón de euros.
En una resolución que puede ser recurrida ante el
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el juez Salvador Alba ha decidido
excluir del juicio la grabación de la conversación, que se produjo el 5 de
junio de 2008 entre Carlos Espino y Fernando Becerra, quien ha reconocido que
intervino como intermediario de Lleó para intentar sobornar al político
socialista con la intención de que desbloquease una urbanización de mil
viviendas en Playa Blanca (Yaiza), cuya licencia había recurrido el Cabildo por
tratarse de unos terrenos en los que no se podía construir. También ha decidido
excluir otras tres grabaciones de conversaciones posteriores entre Espino y
Becerra.
Según adelanta Canarias7, el juez Alba sostiene
que “las grabaciones de las reuniones mantenidas” entre Espino y Becerra “no
son admisibles como prueba”. En su resolución, destaca que la primera
grabación, la del 5 de junio de 2008, “no fuera autorizada por resolución
judicial”. En su opinión, se llevó a cabo “de forma preordenada” para “la
obtención de pruebas materiales de un delito que se sabía se podía cometer”. El
juez decide su “anulación” por efectuarse “de forma subrepticia y teledirigida
y no de forma espontánea”, y añade que la grabación tiene “cortes”. Para
decidir la anulación de las grabaciones posteriores, el juez Alba argumenta que
“sin duda se había generado una expectativa de privacidad en la persona
grabada”, en referencia al acusado Fernando Becerra.
Para la Fiscalía, “un cohecho como un piano”
El fiscal Javier Ródenas destacó en la vista previa
celebrada en la Audiencia Provincial en febrero que la investigación del caso
Unión ha revelado la comisión de “un cohecho como un piano”. El fiscal insistió en que el
origen del caso no es la grabación que ahora ha anulado el juez Alba, sino una
denuncia presentada días antes por el exconsejero de Política Territorial del
Cabildo. “Aún en el caso de que fuera ilícita esa prueba”, dijo Ródenas en
referencia a la grabación, “el procedimiento probatorio no queda viciado”.
El fiscal también destacó que no existe un nexo entre
las grabaciones anuladas por el juez Alba y las intervenciones telefónicas
autorizadas por el primer instructor del caso Unión, el juez César Romero Pan para
cuatro. Además, el fiscal Ródenas ha recordado que el otro acusado, el
empresario Fernando Becerra, reconoció la veracidad de la grabación y no alegó
ninguna vulneración de su intimidad. También subrayó que aquel audio es solo
uno más que aporta veracidad al relato del denunciante.
Lleó, “un hombre de recursos”
El fiscal destacó del empresario Luis Lleó que era “un
hombre de recursos”, en referencia a las numerosas impugnaciones efectuadas en
el curso del procedimiento judicial. Hasta el momento, sólo había conseguido
que prosperase uno de ellos, también en la Sección Sexta de la Audiencia
Provincial, que anuló las órdenes de registro y entrada a las oficinas de Lleó
porque la fundamentación jurídica del auto pertenecía a otro procedimiento.
Esta anulación echó por tierra dos informes de la Guardia Civil que implicaban
a Caja Canarias, ahora integrada en Caixabank, por irregularidades en la
concesión de créditos al empresario, y a dos jueces que lo asesoraron para
evitar el pago de impuestos. Uno de ellos era Ángel Aguallo Avilés, entonces
letrado del Tribunal Constitucional, que también asesoró al margen de la ley a
Iñaki Urdangarín.
COMENTARIO: ¿Cómo es posible que "magistrado
investigado por seis delitos al tratar de conspirar contra la jueza Victoria
Rosell" siga ejerciendo y no esté ni suspendido temporalmente?
LA RECORTA…
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