Un cabecilla de Púnica pide el mismo trato judicial que el exonerado presidente de Murcia De Pedro esgrime el escrito de la Fiscalía para que se archiven parte de las acusaciones contra él

 ÓSCAR LÓPEZ FONSECA. Madrid 2 MAR 2017: La decisión de la Fiscalía General del Estado de no acusar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por sus tratos con la trama Púnica sigue ganando ‘adeptos’ entre los acusados del propio sumario. El último ha sido Alejandro de Pedro, el experto informático señalado por la investigación como uno de los presuntos cabecillas de la red de corrupción y responsable de los trabajos de reputación online a políticos que salpican al jefe del ejecutivo autonómico. De Pedro ha presentado este miércoles un recurso en el que solicita que se archiven parte de las acusaciones que pesan sobre él porque su actuación “no había perjudicado a las arcas públicas”, uno de los argumentos que defendía la Fiscalía para exonerar al presidente de Murcia. Con él, ya son cinco los investigados (actual denominación de la figura del imputado) en Púnica que han esgrimido la ‘doctrina’ defendida este miércoles en el Congreso por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para pedir que levanten las acusaciones que pesan sobre ellos.

Ciudadanos exige la dimisión del presidente murciano

En la pieza de León, que el juez Eloy Velasco dio por concluida a finales del año pasado, están encausados, además del propio De Pedro, el que fuera presidente de la Diputación de León por el PP, Marcos Martínez Barazón; el alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez; un interventor de la provincia, y el socio del experto informático, José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena. De Pedro está acusado en esta parte del sumario de fraude, cohecho, aprovechamiento de información reservada, malversación de caudales públicos y prevaricación continuada por el supuesto desvío de fondos públicos para pagar los trabajos de reputación online de Martínez Barazón, y el intento de amaño de un concurso para adjudicar la explotación de dos cafeterías en una estación de esquí de la provincia. En su escrito, el experto informático niega los hechos y acusa al magistrado de la Audiencia Nacional de vulnerar sus derechos.

Así, detalla ocho alegaciones en este sentido. La última, precisamente, la “inexistencia de indicios racionales de criminalidad” en “aplicación de [la] doctrina de la Fiscalía emitida en asunto contra [el] presidente de la Comunidad de Murcia”. En este sentido, el presunto cabecilla de la trama recalca que las acusaciones contra él son “un mero juicio de inferencia hipotético carente del suficiente soporte probatorio” en el que se le atribuyen hechos “que no tienen trascendencia penal”. Por ello, insiste en “acoger la tesis expuesta por la propia Fiscalía” para mostrar contrario a investigar a Pedro Antonio Sánchez en la pieza de Murcia, en la que el propio De Pedro también está acusado, ya que considera que tampoco en León se produjo un perjuicio a las arcas públicas, uno de los argumentos de aquel escrito de Anticorrupción. El experto informático también recuerda que la Fiscalía también considera que los ilícitos de proposición y conspiración en los delitos contra la Administración Pública no aparecieron recogidos en el Código Penal hasta la reforma de 2015, después de que se produjeran los hechos.

Con el de Alejandro de Pedro ya son cinco los imputados en el caso Púnica que hacen alusión expresa en sus recursos al escrito de la Fiscalía Anticorrupción que rechaza investigar al presidente murciano. La primera fue Reyes Samper, que fuera la directora del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El pasado 20 de febrero, solo cinco días después de que se conociera el polémico escrito amparado por José Manuel Maza, presentaba un recurso en este sentido. Un día después lo hacía el que fuera consejero de Industria y Turismo del Gobierno regional, Juan Carlos Ruiz López; y 24 horas después los ex cargos de confianza del Ejecutivo murciano Dolores Martínez Robles y Fidel Saura.

 COMENTARIO: Por salvar el sillón de Pedro Antonio Sánchez la fiscalía ha hecho un papelón injustificable que los tribunales deberán corregir. No se pueden cambiar las interpretaciones siguiendo la ley del embudo. El delito organizado es delito aunque las circunstancias le impidieran consumarlo.LA RECORTA…