La decisión del juez Pérez Templado de admitirlos se
comunicó a las partes personadas en el sumario el 27 de febrero, solo una
semana antes de que se produzca el próximo lunes la declaración como
investigado de Pedro Antonio Sánchez acusado de los delitos de prevaricación,
malversación, fraude a la Administración y falsedad documental. Una decisión
judicial que, según las fuentes jurídicas consultadas, produjo “extrañeza”
entre otros motivos por el origen de los documentos, el propio Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras donde el hoy presidente de Murcia fue alcalde y que sigue
gobernado por el PP, y su presentación. “Los han remitido como si fueran
auditorías oficiales cuando, en realidad, han sido elaborados por encargo de
otro de los imputados”, destacan estas mismas fuentes, que prefieren mantener
el anonimato. De hecho, los informes habían llegado al TSJ solo unos días
antes, el viernes 24 de febrero, dentro de un expediente remitido por el
Consistorio con otros 40 documentos menores sin aparente relevancia tras
presentar la defensa del propio político un escrito al magistrado en el que se
solicitaba que ante su próxima comparecencia como investigado se incorporasen a
la causa “todos los documentos que conforman el expediente de liquidación de
obra del Auditorio”. Entre ellos estaban, precisamente, los dos informes,
realizados por la empresa ACE Edificación a petición del arquitecto Martín
Lejarraga, autor del proyecto del auditorio bajo sospecha y también encausado.
Sin embargo, ambos documentos no son, ni mucho menos,
recientes. El primero de ellos, un estudio sobre “superficies construidas” y
“estado de mediciones” del complejo cultural, está fechado el 1 de marzo de
2016. El segundo, una “auditoria del presupuesto modificado de la obra”, consta
como realizado el 7 de diciembre de ese mismo año. Según las fuentes jurídicas
consultadas ninguno de los dos fue aparentemente elaborado en su origen para
servir de prueba judicial, aunque cuando fueron redactados ya se había
comenzado a instruir el caso Auditorio en el juzgado de Lorca y se conocía
públicamente que salpicaba a Pedro Antonio Sánchez. Supuestamente, su fin era
justificar ante el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras la realización de los
trabajos de edificación y así sustentar la petición que la constructora de la
obra venía realizando desde años antes para que se le devolviera el aval
depositado tras ser el adjudicatario. Curiosamente, uno de estos informes, el
fechado en diciembre, no se incorporó al expediente del Consistorio de la
localidad murciana hasta el viernes 24 de febrero, el mismo día que fue remitido
desde este al TSJ de Murcia, según destacan las fuentes jurídicas consultadas.
Ambos documentos, que suman 1.007 folios con numerosas
fotografías y cuadros técnicos, concluyen que supuestamente no existieron
desajustes significativos en las obras y, por tanto, descartan la existencia de
parte de las irregularidades investigadas. Ello refuerza la estrategia de
defensa de Pedro Antonio Sánchez, que desde que estalló el escándalo ha
insistido en que no se trata de un caso de corrupción sino simplemente de un
error administrativo. De hecho, poco después de conocerse que el Tribunal
Superior de Justicia de Murcia había decidido asumir la investigación sobre el
presidente autonómico, el PP regional repartió entr e sus cargos públicos un
argumentario de dos folios en el que incidía en dicho planteamiento. En dicho
documento, que recoge buena parte de las respuestas que el propio Sánchez ha
ofrecido a los periodistas en sus recientes comparecencias públicas, se incide
precisamente en que el proceso contó con “los informes favorables del
Ayuntamiento” y pasó “los controles y fiscalizaciones que establece la ley”.
“Hasta el último euro de la obra está debidamente certificado", concluía
en referencia a los 6 millones de euros en los que estaba presupuestada la
obra.
En este argumentario interno del PP también se hablaba
de otros informes técnicos que, supuestamente, “avalan las actuaciones
realizadas” por Pedro Antonio Sánchez como alcalde de Puerto Lumbreras. Así
hacía referencia a un informe de la Intervención General de la Administración
del Estado (IGAE, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda), que
solo recogía la existencia de “posibles errores administrativos”. También
destacaba que “el perito principal de la Fiscalía” había señalado durante la
instrucción de la causa que “los seis millones de euros de la subvención están
en la obra”. Y terminaba citando a “un prestigioso catedrático de derecho
Administrativo”, Santiago González-Varas, como autor de otros tres documentos
que supuestamente “avalan la inexistencia de ilícitos penales y respaldan las
actuaciones”. Pese a todos ellos, la juez de Lorca primero y, ahora, el TSJ de
Murcia decidieron seguir investigando al presidente regional por cuatro
delitos.
COMENTARIO: Lo de no admitir en el sumario documentos que supuestamente favorecen
al acusado me huele a podrido. En un sumario deberían admitirse todos los
documentos presentados por las partes, salvo que sean falsos. Se supone que el
que dicta sentencia debe tener la máxima información sobre el asunto, ello no
es posible si antes aparece un señor y decide que documentos deben figurar en
el sumario y cuáles no. En este último caso date por condenado si el instructor
quiere pues al juzgador sólo le llegarán los papeles que quiera el instructor.LA RECORTA…
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