De la magnitud del agujero advierte la Cámara de
Cuentas de Andalucía en el informe de fiscalización de la contabilidad de la
Administración autonómica relativo al ejercicio 2015, en el que llama la
atención sobre el incremento experimentado en los denominados «libramientos
pendientes de justificar». Se trata de una fórmula que permite desembolsar
fondos públicos a priori y acreditar su gasto después y se emplea para
adquisiciones patrimoniales, gastos corrientes, pago de nóminas, expropiaciones
y, en gran medida, para abonar subvenciones. Primero se da y luego se
justifica.
El informe del órgano fiscalizador andaluz sitúa en un
24,89% el aumento de estos fondos sin justificar en apenas un año,
el transcurrido entre 2014 y 2015, aunque la diferencia es aún más abultada si
se compara con los datos de 2012.
En ese ejercicio, la Cámara de Cuentas detectó la
existencia de 2.471 millones de euros pendientes de justificar. El incremento,
en apenas tres años, es de un 36%.
El informe de la Cámara de Cuentas, al que ha tenido
acceso EL MUNDO de Andalucía y que se registró ayer mismo en el Parlamento,
detalla además que la mayor parte de ese agujero no es de 2015. En concreto,
2.552,35 millones de euros corresponden a ejercicios cerrados, anteriores,
mientras que 655.75 millones sí son de ese año. Los 177,71 millones que restan
hasta los casi 3.400 millones totales son gastos no justificados de las
agencias, la administración paralela de la Junta.
Lo más grave es que parte de ese dinero prácticamente
se puede dar por perdido, el que corresponde a libramientos muy antiguos. Ya en
2012, la Cámara de Cuentas encontró gastos sin justificar desde 1987 y advirtió
de que los saldos más antiguos apenas experimentaban cambios año tras año. Es
decir, que no se lograban justificar.
En buena medida, este agujero histórico está
relacionado con las subvenciones a la formación a cuyos beneficiarios el Servicio
Andaluz de Empleo (SAE) decidió exonerar desde 2007.
Tanto es así que al cierre del ejercicio de 2012, el
SAE tenía un agujero de 882 millones de euros, un tercio del total de los
fondos sin justificar entonces.
Al hilo de todo esto, la Cámara insta al gobierno de Susana Díaz a agilizar las revisiones de las justificaciones aportadas por
los beneficiarios, al tiempo que forzar a los mismos a cumplir con la
obligación de justificar el dinero recibido. En caso contrario, apuesta por
exigir el reintegro a fin de «minimizar el riesgo de prescripción de los
posibles reintegros y de caducidad».
COMENTARIO: Me gustaría ver lo que dicen los socialistas respecto
a esta situación... No todo será legado de mala Administración de Susana Díaz,
pero aquí los socialistas NO PUEDEN CULPAR A GOBIERNOS ANTERIORES (Andalucía es
su feudo hace más de 30 años)... ¡¡ ASI LES VA A LOS ANDALUCES!!LA RECORTA…


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