Mas, que acudió a Madrid este martes para comparecer
como testigo, a petición de la defensa de Homs, declaró que "la única
notificación" que recibieron fue la providencia del Tribunal
Constitucional, en referencia a la suspensión de los trabajos preparatorios de
la consulta. "Nadie más. Nadie actuó. Ni fiscales de guardia. Ni ningún
tribunal. Ni el Tribunal Constitucional", recrimino el ex presidente
catalán, recordando que pasó un mes desde que arrancó la decisión de celebrar
la consulta hasta que se clausuró la misma.
El ex presidente de la Generalitat, que declaró el
pasado 6 de febrero como acusado por un presunto delito de
desobediencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el mismo
caso que Homs, aprovechó las preguntas de la abogada de su ex consejero y
actual portavoz del PDeCAT en el Congreso para asegurar que su equipo de
Gobierno sí reaccionó ante la providencia notificada por el Constitucional.
"Nosotros reaccionamos ante de la providencia y
acordamos presentar un recurso al Tribunal Constitucional porque entendíamos
que el Gobierno de la Nación había hecho un abuso de poder. Además formulamos
un recurso de súplica para saber qué cosas se querían suspender", precisó
Mas. "No hubo ninguna respuesta", aseguró a los magistrados del
Supremo.
"Al tener esa pléyade, pudimos seguir
adelante"
Apenas 45 minutos estuvo Artur Mas prestando
declaración ante el Alto Tribunal, al que reconoció que la organización del
acto fue responsabilidad de la Generalitat, pero precisando que gracias a
42.000 voluntarios y 942 ayuntamientos. En este sentido, advirtió de que, tras
recibir la providencia del Constitucional, "el compromiso del Gobierno era
muy firme y tirábamos hacia delante si había voluntarios para seguir con el
proceso participativo". "Al tener esa pléyade de gente, pudimos
seguir adelante", justificó, no sin resaltar que "la logística fue de
la Generalitat, no podía ser de otra manera. La logística la preparamos
nosotros".
Mas se empeñó en dejar claro a la Sala que "ni la
consulta, ni el proceso participativo, tenían efectos legales
vinculantes", reivindicando que alegaron los derechos fundamentales, tales
como los de libertad de expresión y libertad ideológica. "Tenían
consecuencias políticas, pero no legales vinculantes", insistió.
Conviene precisar que el ex presidente catalán no
salió de la Sala sin reprochar al Gobierno de Mariano Rajoy su
reacción ante la situación. Le recriminó al presidente del Gobierno que
declarase que la consulta "fue una nueva ocurrencia de Mas" y acusó
al Ejecutivo que "durante unos días ese menosprecio y esa burla
continuaron".
Antes de la declaración de Mas, fue el turno del jefe
del gabinete de Relaciones Externas y Protocolo de la Generalitat, Carles
Fabró, y del director de Atención Ciudadana y Difusión, Ignasi Genovés,
que declararon ante el Supremo como testigos. Ambos fueron los encargados de
organizar la campaña institucional del 9-N y negaron haber recibido
indicaciones para frenarla, pese a conocer la suspensión que pesaba sobre la
consulta.
"La consulta se hizo con normalidad"
En esta segunda sesión del juicio, que arrancó este
lunes, los dos altos cargos de la Generalitat -ambos dependientes de la
Consejería de Presidencia- explicaron que tanto el dispositivo del centro
internacional de prensa como la campaña de publicidad de la consulta
continuaron vigentes por orden del propio Homs.
Fabró declaró que su cometido era habilitar el centro
internacional de prensa en el Pabellón Italiano de la Fira de Barcelona, para
el fin de semana del 8 y 9 de noviembre de 2014 y que la comparecencia se
hubiera producido aunque las urnas no hubieran salido a la calle.
Genovés, por su parte, reconoció al tribunal que
preside el magistrado Manuel Marchena que conocía la providencia del
Constitucional, pero no recibió "ningún encargo relativo a frenar la
campaña de publicidad". "No me tocaba a mi considerar si esto
afectaba a la campaña o no y no tuve ninguna indicación al respecto", respondió
a preguntas de las partes.
"De hecho la consulta se hizo el 9 de noviembre
con toda normalidad", resaltó Genovés, que también se refirió a que sería
"inviable" quitar los carteles colocados en algunos lugares como eran
los autobuses municipales.
Cesión de datos del padrón
Igualmente ha comparecido Federico Udina,
director del Instituto de Estadística de Cataluña, quien ha manifestado
que adjuntó el informe jurídico de la Consejería de Presidencia en el
convenio que firmó el departamento que él dirigía con la Consejería de
Presidencia para poder ceder datos de población a la Administración autonómica.
Se cedieron, en concreto, datos del padrón de ayuntamientos de Cataluña,
esencialmente nombres y direcciones para poder informar a estas personas sobre
el proceso participativo.
Udina ha tenido que comprobar durante su
comparecencia, por los papeles que se le han mostrado, la cesión de datos de
vecinos también menores de edad, como eran los mayores de 16 años. Se trataba
de una base de datos temporal con compromiso de destrucción posterior de los
mismos, algo que se comprobó a principios del mes de diciembre.
Jordi Vilajoana, secretario general de la Presidencia
cuando ocurrieron los hechos, ha manifestado a continuación que pensaban que
debían explicar todo este proceso a los ciudadanos de Cataluña y que se
pusieron en contacto con ellos para pedirles los datos de identidad y domicilio
de todos los empadronados de más de 16 años.
El objetivo era enviarles una carta porque tenían que
informarles del "proceso participativo" que se iba a desarrollar, lo
que se concretó en una misiva del entonces presidente de la Generalitat Artur Mas. También ha
señalado que cuando llegó la providencia del Tribunal Constitucional los
voluntarios ya estaban operando y todo se desarrollo "con
normalidad", y de hecho el 4 de noviembre, cuando se suspendió la
consulta, todas las cartas ya habían sido enviadas.
Casi un millón de euros en publicidad
Por otro lado, responsable de publicidad institucional
de la Generalitat Mónica Osacar ha reconocido ante la Sala que
desconoce si fue Homs el que ordenó la realización de la campaña institucional
para el proceso participativo del 9-N, cuyo montante ascendió a un total de
813.942,80 euros. La campaña se contrató por la vía de urgencia si bien la
primera empresa seleccionada renunció al contrato.
Según Osacar no se recibió ninguna orden para frenar
esta campaña tras la resolución del Tribunal Constitucional, por lo que se
siguió realizando. La testigo ha señalado que no pensaron en ello porque además
a la vez que gestionaba este encargo tenían muchas más campañas en marcha e
iban "a mil por hora".
A continuación ha testificado Marta Coll,
directiva de la empresa de publicidad Media Planning que es la que
realizó la publicidad en prensa, autobuses y marquesinas y en el cine, y que ha
explicado que de la emitida en televisión y radio se ocupó directamente la
Generalitat.
Ha dicho también que su empresa tiene mecanismos para
frenar una campaña si se lo ordena el cliente, una orden judicial o el órgano
de autocontrol -si fuera una campaña sexista-, pero que ninguno de estos tres
supuestos se dio en el caso de la publicidad institucional del 9-N y por ello
no se paró.
Empresa Focus
La primera en declarar este martes ha sido la
directora asesoría jurídica de Fira, Fática Soro, quien ha coincidido con
lo señalado ayer por los responsables de la empresa Focus, que era la encargada
de montar la rueda de prensa que se dio el 9-N por la noche tras la celebración
del denominado 'proceso participativo'. Según esta responsable pese a la
suspensión dictada por el Tribunal Constitucional nadie de la Generalitat le
ordenó parar en la organización de este evento.
Ha explicado que el contrato entre ambas entidades se
firmó el día 7 -una vez suspendida la consulta por el TC- pese a lo cual la
fecha que aparece es la del día 3, porque era ese el día en el que comenzaba la
vigencia del contrato.
Con esta explicación ha coincidido el segundo testigo
que ha depuesto en la sesión de hoy, el director del área de negocio externo de
la Fira Pere Camprubí, quien tampoco se preguntó en ningún momento si
estaban organizando actos prohibidos por los tribunales. El presupuesto final,
no obstante, superó en algo más de 10.000 euros lo previsto inicialmente, algo
que este testigo ha calificado de "perfectamente asumible".
COMENTARIO: Veamos: "proceso participativo" en vez de
referéndum. "derecho a decidir" en vez de Independencia. Eso por
poner dos ejemplos palmarios del metalenguaje creado -ad hoc- por los
separatistas para intentar confundir al personal. Por los testigos se ve claro
que el sr Homs ha quedado -como Mas- con las vergüenzas al aire. Si fuese juez
le condonaría a pagar de su bolsillo el millón largo de euros que se gastaron
en su "proceso participativo" y le condenaría además a una
inhabilitación a perpetuidad. Una persona así que además pretende hacerse el
tonto frente al tribunal... No puede JAMAS volver a tener un cargo público.LA RECORTA…
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