Se
cumplen 40 años del nacimiento de la Audiencia Nacional, ¿qué balance hace?
Es importante
señalar el momento en el que nace para ver en perspectiva qué ha ocurrido en
este tribunal y la función que ha realizado en beneficio del Estado de Derecho
y de la sociedad. Nace en 1977 en un momento muy complicado para la Transición
española con la idea de ser el único tribunal, quitando el Tribunal Supremo,
que tuviera competencias en todo el territorio. Y nace para combatir el crimen
organizado, aunque surgió en un momento muy complicado por el terrorismo, eran
los años de plomo. Se han perseguido también con éxito delitos económicos o al
narcotráfico. Hay una frase que cojo con cariño: «La democracia y la Audiencia
nacieron juntas y siguen juntas».
Si
los delitos que recaen en la Audiencia Nacional se enjuiciaran en los
tribunales ordinarios, ¿en qué situación nos encontraríamos?
Uno
de los éxitos de la Audiencia Nacional en materia penal es que hay muchos
países de nuestro entorno y países iberoamericanos que están intentando
trasplantar un órgano de estas características para la lucha contra el crimen
organizado, el narcotráfico, el terrorismo... Se es más eficaz, sin duda, con
órganos como la Audiencia Nacional.
Para
llegar a ser juez de instrucción de la Audiencia Nacional, ¿no debería ser
necesaria una especialización?
Sería una
posibilidad. A cualquier juzgado de instrucción de España se accede por pura
antigüedad y aquí se ha querido mantener el mismo sistema. Es un criterio
sensato.
¿Qué
retos de futuro afronta el organismo que usted preside?
Quiero resaltar las
otras dos jurisdicciones que tienen esta casa,
la Contencioso Administrativa y la Laboral. En relación con la primera, fíjese
que tiene el doble de magistrados que la Penal, que tiene conocimiento de los
actos administrativos más importantes de nuestro país, dictados por ministros o
secretarios de Estado. La Audiencia ha dado respuesta en situaciones como el
derecho al olvido en Google. Pero en el ámbito penal, también. El terrorismo
sigue siendo una preocupación internacional con el yihadismo y la mejor
respuesta se da desde un órgano especializado. Además, en la Audiencia se
encuentra el mejor sitio para dar respuesta, como ha percibido la sociedad, a
las grandes causas de corrupción.
La
competencia en materia de Justicia universal se recortó sensiblemente en 2014
cuando usted ya era presidente. ¿Cuál es su posición al respecto?
La Justicia
universal persigue los delitos de lesa humanidad a nivel internacional en
aquellos casos donde existe inmunidad. Por ello cualquier país democrático debe
tener competencias en materia de Justicia universal. España la mantuvo con una
amplitud muy grande y se modificó en 2009 y 2014, limitándose la capacidad para
enjuiciar estos delitos. Cuando el Constitucional decida el recurso que existe
sobre esta materia, se encontrará la solución adecuada y estaremos a lo que
diga.
La
Audiencia Nacional se ha asociado tradicionalmente a los denominados jueces
estrella. ¿Ha habido magistrados que han utilizado su posición para adquirir
notoriedad?
Más que jueces
estrella ha habido asuntos estrella por su propia naturaleza o su propia
entidad. Cada juez luego tiene su propia personalidad.
Usted
se ha pronunciado en alguna ocasión a favor de la figura del fiscal
investigador. ¿Su puesto le reafirma en esa convicción?
Me alegro que se
hable de fiscal investigador y no de fiscal instructor. Hay muchos sistemas de
trabajar la instrucción y en los países de nuestro entorno los jueces no
instruyen, y el protagonismo lo tiene el Ministerio Fiscal. Ahora mismo
nosotros tenemos un sistema que no sería desdeñable: el del tribunal del
jurado, que establece un sistema muy peculiar de instrucción en el que el
protagonismo lo tiene el fiscal y el juez se limita a resolver en relación con
las peticiones de las partes. Convendría que la persona que tiene que
garantizar los derechos no sea a la vez la persona que está investigando.
¿Qué
ajustes legales necesitaría?
Yo creo en la
independencia del Ministerio Fiscal, pero si alguien cree que por apariencia
habría que dotarle de mayor imagen de garantías, se modifica el Estatuto del
Ministerio Fiscal y no habría ningún problema. Se le puede dotar de las
características que tiene un juez instructor, porque mantengo que tanto la
Fiscalía como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son independientes
y no se han sometido a otra cosa que no sea el imperio de la ley. Que el juez
dé garantías y la investigación la realice el Ministerio Fiscal.
¿Esa
fórmula agilizaría los plazos? Por citar un ejemplo, la instrucción del caso Gürtel ha durado ocho años.
Una de las
consecuencias de que investigara el fiscal es que los plazos se acortarían. El
caso Gürtel se ha prolongado mucho, pero si le doy los datos de los tomos, los
folios o las comisiones rogatorias que tiene... Se ha realizado en el tiempo en
el que ha sido posible por los órganos instructores, pero es una tarea
complicada. Yo creo que se da la imagen de que se están reduciendo los plazos.
Sobre todo entre la fase de instrucción y la fase intermedia. Pero hay que
cambiar el sistema. La Ley de Enjuiciamiento Criminal es del siglo XIX. Estamos
con una ley a caballo entre tres siglos. Necesitamos una ley nueva que resuelva
definitivamente quién investiga, cómo se falla...
¿El
problema es de procedimiento o es de medios materiales?
La Justicia siempre
necesita medios. Agilizaría mucho la instrucción tener peritos asignados:
contables, económicos... que estuvieran a disposición de la Audiencia Nacional
en exclusiva y no hubiera que luchar para conseguirlos. Eso sí sería necesario.
Cuantos mayores medios, se actúa de forma más eficaz, que es lo que quiere la
sociedad. La sociedad tendrá la sensación de que la Justicia es justa si es
rápida. Hay países que tienen más jueces por habitante que nosotros, a lo mejor
deberíamos tender a eso, o de fiscales. O a que el presupuesto lo manejara más
el Poder Judicial. Ahora mismo se quiere crear unos juzgados para las cláusulas
suelo. Para eso se tienen que poner de acuerdo el Consejo General del Poder
Judicial, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas. Lo ideal sería
que el Consejo tuviera mayor autonomía, más peso decisorio.
Los
índices de percepción ciudadana en lo que respecta a la independencia de la
Justicia en España se encuentran al nivel de Zambia. ¿Por qué?
A la hora del
nombramiento de los vocales del Consejo del Poder Judicial se han sucedido
numerosos sistemas y nunca ha llegado a definirse uno con carácter definitivo,
que se sigue discutiendo. En esta materia sería necesario el consenso de todas
las fuerzas parlamentarias para decidir un sistema que sí lo fuera en el marco
de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en esta materia.
El
presidente del Supremo ha dicho que tendría que limitarse el margen de
discrecionalidad de los vocales del Consejo del Poder Judicial. ¿Qué le parece?
La propia
Constitución establece que los criterios deben ser el mérito y la capacidad,
pero parece que se está trabajando para baremar en lo posible la
discrecionalidad.
¿Hay
margen legal para un acercamiento de presos de ETA en el caso de que se
alcanzara un consenso político en ese sentido?
La política de
acercamiento de presos la hace el Gobierno y es el que tiene las claves para
resolverlo, no es una cuestión judicial. La Ley General Penitenciaria que
aplica la Audiencia Nacional es igual que la que se aplica en el resto del
país.
¿Por
qué hay más casos ahora de enaltecimiento del terrorismo que cuando estaba más
activo en España?
Para la lucha
contra el yihadismo hay que adelantar las barreras de protección para evitar el
delito. Ante el peligro del bien jurídico protegido se persiguen esas conductas
que a lo mejor en otros momentos quedaban impunes. Al yihadismo no se le puede
perseguir como a ETA. Hay personas que se autoadoctrinan y hay 30.000 páginas
en internet que están intentando captarlas para que cometan atentados.
¿Qué
dificultades se encuentran a la hora de perseguir el terrorismo islamista?
Es muy difícil que
la Policía se infiltre como hacía con ETA y localice a su cúpula. Los atentados
los lleva a cabo de forma descontrolada y no sigue una jerarquía.
La
Audiencia Nacional ha dejado en libertad recientemente a un falso comando
yihadista detenido por la Policía. ¿Ha habido extralimitaciones para aparentar
una lucha contundente contra este tipo de terrorismo?
En este caso
concreto soy escrupuloso con las decisiones judiciales. Hay que dejar que
funcione el sistema, vamos a acabar los procedimientos y que se respete a cada
uno en su ámbito. Contra el yihadismo hay que luchar con la represión penal
pero también con la educación. Aquí ha habido un caso, una menor que era muy
violenta, que se felicitaba por los atentados terroristas y se alegraba de los
asesinatos en Bélgica. Tras pasar por los psicólogos, fue la propia menor la
que pidió asistir a un minuto de silencio por los atentados de París. Hay que resocializar
al menor y éste es un ejemplo claro y muy satisfactorio.
El
nuevo director adjunto operativo de la Policía señaló que uno de sus objetivos
pasa por recuperar la confianza del Poder Judicial. ¿La ha perdido?
Para nada. Para
nosotros la Policía y la Guardia Civil son absolutamente eficaces y honestas.
La confianza es absoluta.
La
Audiencia Nacional es también el tribunal de los grandes casos de corrupción.
¿Comprende la percepción de que a los políticos no se les da el mismo trato que
al resto?
Ahora mismo se
actúa con absoluta normalidad con los cargos políticos y tengo ese
convencimiento. La Audiencia Nacional trabaja sin aforados aunque España es el
país donde más aforados hay. Aunque también somos el país donde más se
desarrolla la acción popular. Si se regulan ambas cuestiones se puede reducir
el número de aforados y encauzar el ejercicio de la acción popular. La acción
popular puede tener desviaciones. No se puede utilizar por motivos políticos o
partidistas. Para reducir los aforamientos, habría que limitar la acción
popular, configurarla para que no se pueda utilizar de formar espuria.
El
Tribunal Superior de Justicia ha hecho pública recientemente la primera
sentencia del caso Gürtel y se han aplicado las penas en sus tramos más altos.
Esta sentencia tan contundente, ¿forma parte de una tendencia?
Si el tribunal
hubiera impuesto penas más bajas la gente también hubiera opinado. La única
tendencia es la de aplicar la ley y el margen no es tan grande.
También
es objeto de debate la diferencia de trato que dispensa la Audiencia Nacional
entre unos imputados y otros. Un caso paradigmático es que afecta a la familia
Pujol. ¿Por qué sus miembros no han sido nunca detenidos?
Yo no comparto que
haya diferencia de tratamiento. Lo que entiendo es que cada caso es diferente.
El mensaje que debo mandar es que se actúa con absoluta profesionalidad e
independencia. Si se percibe que hay diferentes tratos, es porque habrá
diferentes motivos.
Hablando
de este asunto, ¿corre peligro el caso Pujol por culpa de las pruebas de origen
desconocido introducidas por la Policía, como es el caso de los famosos
pendrives?
Vamos a ser
respetuosos con lo que el juez y el fiscal están haciendo. Van a hacer lo que
tengan que hacer.
El ex
director operativo de la Policía ha revelado en una entrevista en EL MUNDO que
se elaboraron una serie de informes para revisar casos juzgados por la
Audiencia Nacional como el 11-M o el Faisán. ¿Eso es normal?
Si han existido
esos informes y afectan a una causa judicializada, no me cabe duda de que serán
puestos a disposición de jueces y fiscales, como parece ser que ya ha ocurrido
con uno de ellos. Si tienen trascendencia para la instrucción, claro que han de
ser puestos a su disposición.
¿La
Policía tiene entre sus competencias crear esa Brigada de Revisión de Casos y
analizar asuntos que ya están juzgados?
No sé cuál es esa
brigada ni qué finalidad tenía. Supongo que estará investigando Interior y
obtendrá sus conclusiones.
¿En
algún momento les comunicó la Policía que se ponía en marcha esa brigada?
A mí no me consta,
tengo funciones que no son ésas.
En la entrevista
al ex máximo responsable policial, también se abordó el pago de fondos
reservados a confidentes. ¿Qué opina de esa práctica?
Los fondos
reservados existen y hay un control legislativo. Mientras no sea delito, no
vamos a actuar nunca.
¿Se
reciben presiones políticas en la Audiencia Nacional?
Yo le garantizo que
en los años que llevo aquí no he recibido ninguna. Ni nadie me ha comunicado
nada.
¿Es
posible abstraerse de la presión social?
Es difícil, pero la
profesionalidad de los jueces y fiscales pasa por abstraerse de esa presión.
Que la prensa está detrás y es un órgano importante, sin duda. Que la sociedad,
también, sin duda. Pero los jueces se abstraen de esa posible presión y actúan
con libertad.
Hemos
visto durante los últimos días cómo la Fiscalía General ha corregido a las
fiscales de Púnica, que eran partidarias de actuar contra el presidente de
Murcia. ¿Cree que en esos casos concretos la decisión es política?
No me cabe la
menor duda de que será técnica. No dudo de la independencia de ningún fiscal.
El problema que tenemos muchas veces en el Poder Judicial es que no sabemos
explicar las cosas. La independencia es a prueba de bombas pero a veces no
podemos explicar que el sistema funciona. Todo funciona de una forma
razonablemente correcta en un sistema humano. Eso sí, reconozco que tenemos un
déficit a la hora de explicar a la sociedad española que las cosas son mejores
de lo que aparentan.
COMENTARIO: Es
curioso...Se habla de juzgados y tribunales como si entraras en uno de estos
antros y salieras redimido. Pura mentira. La administración de justicia en
España es tercermundista. Esperar a una sentencia dos años como mínimo es la
prueba más clara. Esa chulería de jueces...Secretarios...Agentes...LA RECORTA…
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