Madrid 27 FEB 2017: El diputado Francesc Homs ha asumido este lunes su plena
responsabilidad en la consulta del 9-N sin renunciar, al mismo tiempo, a
defenderse de los delitos (desobediencia y prevaricación) por los que se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo. Homs ha
seguido la misma senda que marcó el expresident Artur Mas —ya juzgado por los mismos
hechos— y que pasa por mantener un sutil equilibrio entre lo político y lo
jurídico. “Asumo todos los hechos, pero no asumo que se haya cometido un
delito. Eso es lo que discuto”, ha explicado el diputado del PDECat en su
declaración, de unas dos horas y media. El Gobierno catalán organizó un
“proceso de participación” —es el concepto que ha repetido Homs— para el 9 de
noviembre de 2014. Y lo mantuvo en marcha pese a que, cinco días antes, el
Tribunal Constitucional (TC) había prohibido cualquier actuación para llevarlo
a cabo. Pero, según el exportavoz del Gobierno catalán, la resolución era
“inconcreta”, de modo que “no se sabía qué se podía hacer y qué no”. “No había
forma humana de entender el alcance de la providencia”, ha insistido Homs,
quien, a diferencia de Mas, sí ha
respondido a las preguntas de la fiscalía.
“Tomamos la decisión de mantener el proceso de participación, no podíamos hacer otra
cosa”, ha defendido el diputado, que ha lamentado que el Constitucional no
respondiera a tiempo (o sea, antes del 9-N) al recurso del Gobierno catalán
para aclarar qué es lo que, exactamente, quedaba prohibido. Homs ha intentado
reducir al absurdo la acusación, que incluye en su relato el alquiler de un
pabellón para atender a la prensa la noche del 9-N, después de que más de dos
millones de catalanes emitieran su voto. “¿El Gobierno no podía hacer una
comparecencia pública?”, se ha preguntado de forma retórica.
La Generalitat había convocado una primera consulta
oficial, pero fue suspendida de forma “muy clara”. “Por eso el Gobierno catalán
obedeció y la anuló”. Lo que Mas convocó después (el 14 de octubre de 2014) era
otra cosa, según Homs: un “proceso de participación” hecho con la ayuda de más
de 40.000 voluntarios. La fiscalía replica que la contratación de servicios a empresas privadas para organizar el 9-N fue
esencial, y que los trabajos se prolongaron después del veto del
Constitucional; de ahí el delito de desobediencia. La segunda resolución del
Constitucional, en cambio —siempre según Homs— “lo mandaba todo, y el todo y la
nada son sinónimos”. Por eso, ha concluido, era “imposible darle cumplimiento”.
La fiscalía cree que el contenido de la resolución del
4-N está perfectamente claro y pide penas de inhabilitación para Homs por
seguir adelante con la consulta pese al veto. Uno de los indicios contra quien
fue mano derecha de Artur Mas es una carta que firmó el 6 de noviembre. El
entonces consejero de Presidencia dio el visto bueno para que el Centro de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información —un órgano de la
Generalitat— informara a T-Systems —una de las empresas contratadas para
organizar la consulta— de que podía y debía seguir adelante con los trabajos.
Tras advertir (de nuevo la defensa jurídica) de que la carta “no es una
resolución administrativa”, Homs ha admitido que la redactó, y que lo hizo
porque el Constitucional en ningún caso le indicó “qué tenía que hacer con los
proveedores”.
Homs ha evitado convertir su declaración en un
discurso político, como sí hizo Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El diputado ha subrayado, por ejemplo, que aunque supo de la resolución del 4-N
(“era público y notorio”) no se le comunicó “personalmente”. Homs ha pretendido
así blindarse jurídicamente, ya que ese requerimiento personal es uno de los
requisitos que fija la jurisprudencia para el delito de desobediencia.
El diputado ha recordado que el Gobierno de Mariano
Rajoy “ridiculizó” y “mostró un desprecio absoluto” al proceso participativo
anunciado por Mas. Ha citado en su defensa, como ya hizo Mas, el informe de la
junta de fiscales de Cataluña, que no apreció indicios de delito. Y ha
recordado que la jornada del 9-N se celebró sin que ninguna institución del
Estado la detuviera. “¿Por qué, siendo todo público y notorio, nadie hizo nada?
No se puede exigir a la Generalitat que fuera la única institución en paralizar
aquella actuación”. Homs ha lamentado que el tribunal haya rechazado la
declaración, como testigos, del exfiscal general Eduardo Torres-Dulce y del
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
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