Madrid. 26/01/2017: La Junta de Castilla y León ha reclamado al Gobierno de manera formal la
recuperación de la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios, después
de que Andalucía haya comenzado a implantarla este mes. Por primera vez una
comunidad gobernada por el PP realiza esta petición y lo hace, además, junto a
los tres sindicatos mayoritarios de la Función Pública -CSI-F, UGT y CCOO-.
El Ejecutivo que dirige Juan Vicente Herrera envió el martes una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, en la que solicita que «a la mayor brevedad posible» se
hagan las «modificaciones normativas necesarias» para «la recuperación de
derechos de los empleados públicos de Castilla y León». La misiva está firmada
conjuntamente por el vicepresidente y consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez,
y los tres representantes sindicales. Y es un fruto de un acuerdo para modernizar
la Función Pública suscrito en octubre de 2015, pocos meses después de que
echara a rodar la legislatura autonómica. En él se incluyeron medidas como la
recuperación de la paga extra suprimida y de días libres, que ya han sido
ejecutadas y quedó pendiente el compromiso de reclamar la devolución de la
jornada de 35 horas. El vicepresidente de Castilla y León, en declaraciones a
EL MUNDO, explicó ayer que la petición ha permanecido más de un año congelada
por las dos convocatorias electorales consecutivas y que, ahora, una vez que el
nuevo Gobierno «ha tomado tierra», han decidido activarla.
En una reunión del martes con los representantes
sindicales -de evaluación del acuerdo- elaboraron conjuntamente la carta para
Montoro. En ella se insiste también al ministro en la retirada de la tasa de
reposición de funcionarios, que permitiría convocar nuevas ofertas de empleo
público. Una cuestión que se acordó en la Conferencia de Presidentes celebrada la
semana pasada en el Senado, después de que Castilla y León lo plantearan en la
primera reunión preparatoria.
De Santiago-Juárez sostiene que ahora que «ya se
vislumbra la recuperación, aunque sea de manera lenta y difícil» es el momento
de «retornar a los empleados públicos el esfuerzo que han hecho». Castilla y
León abren de este modo la vía política de negociación con el Gobierno por las
35 horas. Según su vicepresidente, esto es «lo más sensato», en lugar de hacer
una norma propia como han hecho otras comunidades, que el Gobierno ha recurrido
por inconstitucional. Esto es lo ya ha sucedido en Castilla La-Mancha y
en el País Vasco. Y está pendiente de
que se confirme la misma actuación en Andalucía.
Por primera vez, una comunidad gobernada por el PP
enarbola esta petición
El Gobierno debe decidir en las próximas semanas si
recurre al Tribunal
Constitucional el decreto de la Junta de
Andalucía que ha permitido reponer la jornada de 35 horas, eliminada también
mediante un decreto del Gobierno (el de la batería de recortes) en 2012. El
momento político actual es distinto. Con el Ejecutivo de Rajoy en
minoría, necesitado de apoyos parlamentarios para aprobar los presupuestos
-ayer Montoro hizo un nuevo llamamiento al PSOE,
sólo 24 horas después de que el presidente rebajara la presión sobre este
partido- y con la presidenta andaluza convertida en una figura clave en el
Partido Socialista.
Ayer desde el sindicato CSI-F se defendió que el paso
que se ha dado en Castilla y León, tratándose de una comunidad gobernada por el PP,
es «muy significativo». Entienden que si hay acuerdo entre el Ejecutivo
regional y los sindicatos, Hacienda debería permitir que se vuelva a implantar
las 35 horas. Este sindicato asegura que ellos van «a intensificar la presión a
nivel nacional».
En este nuevo escenario el Gobierno debe ratificar si
mantiene su veto a las 35 horas, después de que Castilla y León, gobernada por
el PP, le haya pedido recuperarla, y si lleva el decreto andaluz al
Constitucional.
En términos políticos y de partido el movimiento que
se ha producido en Castilla y León también es muy relevante porque hasta ahora
ninguna otra comunidad del PP se ha atrevido a llevar la contraria al Gobierno
en este tema. Pero lo cierto es que precisamente el Ejecutivo de Herrera nunca
ha mostrado ningún reparo en cuestionar las decisiones de Rajoy o sus ministros
que no le satisfacen, aunque eso suponga quebrar el discurso del PP.
Hace sólo unos días el presidente de la Junta de
Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, afeó a Susana Díaz que
reclamara la armonización fiscal entre comunidades cuando acaba de implantar la
jornada de 35 horas.
COMENTARIO: Lo que
resulta curioso es que haya gente que intente defender lo indefendible. No
existe ninguna razón por la que de forma general en el sector privado se tenga
trabajar 40 horas y en el servicio público 35 horas, es un robo semanal de 5
horas. Los sueldos del sector privado han bajado mucho más que ese 5%. Ahora
claro a contratar más funcionarios y a seguir empobreciendo el país.LA RECORTA…
No hay comentarios:
Publicar un comentario