Hasta ahora, cada vez que una concesionaria entraba en
proceso de liquidación el Ministerio de Fomento presentaba un recurso contra la
decisión de los juzgados de lo Mercantil que dictaban los correspondientes
autos. Con esta maniobra, el Estado lograba retrasar el proceso en sí y, sobre
todo, poner en marcha la Responsabilidad Patrimonial de la Administración
(RPA), es decir, el rescate de la concesión con la correspondiente asunción de
la deuda. El proceso se repitió en las dos primeras liquidaciones
de concesiones de autopistas en quiebra: la de la A-36 (Ocaña-La Roda,
participada por Sacyr y Ferrovial) y la de la M-12 (el acceso a la terminal 4
del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, participada por OHL). Por
entonces, los accionistas de las concesionarias solicitaron poner en marcha la
RPA pero Fomento recurrió los autos de liquidación, lo que le concedía un
respiro provisional, a la espera de la resolución de la reclamación judicial.
Pero el caso del concurso de la concesionaria de las
radiales R-3 y R-5 ha tirado por tierra la estrategia del Gobierno. El titular
del juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, que entiende de este caso,
obliga en el auto a que el proceso de liquidación quede completo antes del
próximo mes de octubre. Y además, el recurso que probablemente presentará
Fomento no lo detendrá dado que el auto se ha emitido sin efectos suspensivos.
Una factura de 5.000 millones
Es decir, que la concesionaria tendrá que dejar que
operar las mencionadas radiales antes del próximo 1 de octubre. Si a partir de
esa fecha Fomento no se ocupa de la concesión, las autopistas se cerrarán al
tráfico.
El problema para el Estado es que esta circunstancia
podría sentar jurisprudencia y marcar el camino para los próximos procesos de
liquidación. Hasta ahora, Fomento ha esquivado la puesta en marcha de la RPA. A
partir de ahora tendrá que elegir: o comenzar a operar las concesiones o
dejarlas cerradas al tráfico.
Una decisión que tendrá que ser tomada por el Gobierno
que salga de la consulta electoral del 26 de junio. Eso sí, siempre y cuando el
Ejecutivo haya podido confeccionarse. En caso contrario, la Administración
central se enfrentará a un problema cuyas dimensiones dependerán del tiempo que
se tarde en encontrar una solución.
La totalidad de la RPA suma aproximadamente 5.000
millones de euros.
COMENTARIO: 1) El plan de negocio de las radiales
era "irreal" porque los costes (todos, incluidos los de expropiación
eran altos), por lo tanto, no daban los números en cuanto a rentabilidad, cash
flow, etc. y por tanto afectaban a la viabilidad del negocio.
Un inversor que arriesga su capital o un inversor que
arriesga el capital de terceros SERIOS, NO ABORDA UN NEGOCIO si las cifras de
su "business plan" no salen, salvo que tengas la certeza de que el
estado acudirá al rescate a través de la responsabilidad patrimonial.
2) Porqué el juez determinó que las indemnizaciones
por las expropiaciones debían ser más altos, pues porque los dueños de los
terrenos (investigue a ver quiénes eran y sorpresa) querían sacar el máximo
posible y les interesaba que la autopista de peaje se hiciera si o si, pero a
otro precio el m2, no el inicial.
Por lo tanto es compatible y consecuencia uno de otro,
el pelotazo con los terrenos con la inviabilidad del negocio.
3)Las autopistas de peaje se hicieron con el VºBº de
la Sra. ESPERANZA AGUIRRE, PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID ( en ese
momento) sin cuya participación activa, reconocida, publica, fervorosa, (y que
ella misma jaleaba en los medios de comunicación) no hubiera sido posible tales
obras.
Un cargo público político, que hubiera tenido SENTIDO
DE LA RESPONSABILIDAD ECONOMICA, conociendo el plan de negocio, como lo conocían,
no permite esas inversiones.
Lo que ocurrió, es que fueron al análisis de siempre,
quién gana EN TODO CASO, con este negocio (los dueños de los terrenos, las compañías
constructoras, las operadoras y las entidades financieras).
Esto es "parecido" al aeropuerto de Castellón,
el de Fabra, el del abuelo.
¿Alguien en su sano juicio hubiera hecho ese
aeropuerto? Nadie, lo que ocurre que los sucesivos pelotazos (terrenos, obras, etc.)
le merecían la pena a algunos, con nombres y apellidos. Dicho esto, al final y
como siempre el ciudadano de a pie acaba pagando con recortes las inutilidades
de políticos y empresarios ineptos y chorizos.LA RECORTA…


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