En concreto, el derecho a mantener estas pensiones se
conservó para los que ya podían hacerlo el 13 de diciembre de 2011. Se trata de
ex parlamentarios qué estuvieron un mínimo de siete años en el escaño y que al
jubilarse no habían alcanzado el límite máximo de percepción de pensiones. El
Congreso, con cargo a su presupuesto, les hace un ingreso mensual para que
lleguen a la pensión máxima.
Según los datos de la Cámara Baja recogidos por Europa
Press, hay 111 ex parlamentarios que siguen percibiendo este complemento
de pensión. Dos de ellos cobran más de 3.000 euros. Se trata del navarro Jaime
Ignacio del Burgo, que ocupó durante 27 años escaño en el Congreso o el Senado
por UPN y por el PP, y de Pablo
Castellano, que tuvo asiento en la Carrera de San Jerónimo durante
16 años, primero con PSOE y
luego con IU. Ambos
se embolsan 3.010,15 euros al mes.
Del Burgo, Almeida y Castellano, los que más cobran
La siguiente que más cobra es la abogada Cristina
Almeida, quien fue diputada de Izquierda Unida durante once años,
y percibe 2.709,14 euros mensuales. Además, hay once ex
parlamentarios que cobran un complemento de entre 2.000 y 2.500 euros y 17 a
los que el Congreso abona entre 1.500 o 2.000 euros todos los meses.
Uno de ellos es Guillermo Galeote, diputado
socialista entre 1977 y 1993, que tuvo que dimitir como responsable de finanzas
del partido en 1991 por el 'caso Filesa', vinculado a la financiación irregular del
PSOE. Cobra 1.839,33 euros mensuales.
Hay otros 19 ex parlamentarios cuyo complemento está
en una horquilla que va de los 1.000 a los 1.500 euros. Es el caso, por
ejemplo, del que fuera líder de los 'guerristas' en Madrid, José Acosta,
que percibe 1.098,74 euros mensuales. Acosta tuvo escaño en el Congreso
durante 29 años (1979-2008) y fue condenado a un año de cárcel por las tarjetas 'black' de Caja Madrid.
El listado se completa con 21 ex diputados o ex
senadores que reciben entre 1.000 y 500 euros mensuales, otros 32
cuya cuantía oscila entre los 100 y los 500 euros y ocho que cobran menos
de cien euros al mes del Congreso.
Condenado por Caja Castilla La Mancha y pensionista
Entre los beneficiarios también aparece el ex
presidente de Caja Castilla-Mancha Juan Pedro
Hernández Moltó, que fue diputado del PSOE entre 1989 y 1999 y que
fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años de prisión por un delito
societario de falsedad contable por manipular las cuentas de la entidad. El
Congreso le abona 247,99 euros al mes.
En 2011 también se decidió que los ex parlamentarios a
los que la duración de su mandato no les permitiera cobrar la pensión
parlamentaria, así como, en su caso, sus cónyuges viudos o sus hijos
menores de 25 años, pudieran solicitar a las Cámaras la concesión de una ayuda
económica, de carácter graciable, y por la cuantía y con las condiciones que
éstas decidan.
Este complemento de ingresos, que se cobra en doce
mensualidades y cuya cuantía se revisa cada mes de septiembre, aún lo perciben
46 ex diputados o senadores. La mayoría de ellos (15) perciben entre 500 y
1.000 euros, 13 reciben entre 1.000 y 1.500, cinco entre 1.500 y 2.000 y sólo
tres superan esa cifra. Además, hay ocho que perciben un complemento de entre
100 y 500 euros y dos otros inferiores a los cien euros.
2.000 euros al mes para un condenado del GAL
Entre los que aún lo cobran figura Ricardo García
Damborenea, que fue secretario general de los socialistas vizcaínos, diputado
entre 1982 y 1989 y que acabó siendo condenado por colaborar con los GAL. En
concreto, se le castigó con siete años de prisión por el secuestro de Segundo
Marey. Cobra al mes
2.050 euros.
Además, en la actualidad hay 72 viudas que se
benefician de esta ayuda. De ellas, la mayoría (28) reciben entre 500
y 1.000 euros al mes. Con una prestación de entre 1.000 y 1.500 euros hay 17,
otras ocho perciben entre 1.500 y 2.000 y tres superan esa cifra. Por
debajo de los 500 euros hay 16, una de las cuales no llega a los cien euros
mensuales.
Tampoco está ya vigente el sistema por el que el
Congreso mantenía dado de alta en la Seguridad Social a los ex parlamentarios
que, en el momento de su cese, hubieran cumplido 55 años y carecieran de una
actividad profesional o laboral permanente por cuenta propia o ajena.
El alta en la Seguridad Social duraba hasta que
completara el periodo de cotización necesario poder cobrar pensión de
jubilación. Ya sólo queda uno en esta situación, Manuel J. Cabezas
Enríquez, ex parlamentario del PP y ex alcalde de Ourense.
COMENTARIO: En el fondo, cobrar dinero público si
mérito ni trabajo que lo devengue, es otra manera de robar. Luego no hay dinero
para pensiones. Señores ésta gente, no tiene vergüenza ni la han conocido, me
refiero a todos en general, no se ruborizan cuando aparecen en los medios,
llevándose muchos de ellos, salarios que son del todo abusivos, pero además han
creado un bunker de bienestar, con prebendas de todo tipo, sin límite ni piedad.
Y digo, que hay que seguir dándoles leña, sobre todo a los caraduras que, sin contemplaciones,
se han cubierto el riñón no solo con pagas indecentes, sino con maletines
atiborrados. Llámense, Bono, Blanco, Cospedal, de la Vega y toda ésta gentuza
parásita.LA RECORTA…


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