Esta introducción es un arquetipo de las aldeas que
abundan en la geografía rural de nuestro país. Desde las montañas de Lugo hasta
el Maestrazgo de Castellón, desde las cimas del Pirineo oscense hasta la Jara y
los Montes de Ciudad Real, desde Asturias hasta Molina de Aragón. No es un
retrato almibarado, pero tampoco ajustado a la realidad de aquellos rincones
que ilustran la imparable desertización
del 53% de la superficie española.
Los pueblos siguen esperando que el maná llegue en
forma de capital humano. Sin embargo, ni están habitados por lugareños
deprimidos, ni su estampa es ya la que se topó Alfonso XIII en su histórico
viaje a Las Hurdes. El bisabuelo del actual Monarca encontró allí caminos
polvorientos, abuelas enlutadas y cocinas de leña. El cuento ha cambiado mucho.
Carreteras en buen estado, casas confortables, restaurantes de postín. Todo eso
convive ahora con las averías en el teléfono fijo, los recortes en el transporte
o la insuficiente extensión de la fibra óptica, que sólo cubre el 76% del
territorio nacional. Rajoy, en su discurso de balance del año en diciembre, se
comprometió a llegar hasta el 85%. Pero evitó fijar una fecha para esta meta.
La resignación y el fatalismo
maceran el medio rural. Razones no faltan, aunque se hayan
querido enjalbegar con los programas de desarrollo rural -con cargo a Bruselas-
y los fondos procedentes de la Política Agraria Común (PAC), cuyo volumen se
acerca a los 60.000 millones de euros anuales.
Las políticas públicas aplicadas a las comarcas de
interior han sido estériles a la hora de revertir su proceso de abandono. A
pesar del turismo. A pesar de las ayudas al sector primario. A pesar de convertir el campo en un asidero para turistas
llegados desde Madrid o la costa.
La falta de habitantes en los pueblos ha sido un
problema postergado en la agenda política. Lo fue durante la dictadura
franquista, que abonó el estereotipo del paleto embardunado en una propaganda
oficial que colmaba de elogios al terruño. Y lo ha sido también a lo largo de
más de cuatro décadas de democracia. Sólo ahora parece cuajar una inquietud
política, aunque aún no se ha traducido en iniciativas tangibles para revertir la
despoblación. Si es que esta quimera aún es
posible.
"No se ha hecho nada para afrontar el desafío
demográfico. Existe mucha filosofía, pero no hay acciones concretas. La sostenibilidad del medio rural no es un
capricho porque de esto depende la conservación del
entorno y la gestión forestal. Por eso exigimos al Gobierno que tome medidas
cuanto antes", advierte Antoni Such, director general de la Administración
Local de la Generalitat Valenciana. Joaquín Palacín, que dirige la política de
Ordenación del Territorio en Aragón, explica que el reto demográfico "pasa
por afrontar la cuestión de la inmigración, el envejecimiento y los jóvenes,
además de potenciar el equilibrio poblacional para que algunas comarcas, como
ocurre en Aragón, dejen de tener dos habitantes por kilómetro cuadrado".
El éxodo de los pueblos a las
ciudades no es exclusivo de España. Es un proceso global, aunque en
nuestro país adquiere una dimensión dramática en la medida que, según Eurostat,
el 62% de los municipios españoles tiene menos de 1.000 habitantes y en ellos
apenas vive el 3,15% de los españoles. Alejandro Macarrón, autor del libro El
suicidio demográfico de España y director de la Fundación Renacimiento
Demográfico, enfatiza que "las provincias que
están peor son las que tienen la natalidad más baja. No
existe una solución fácil ni asequible, pero habría que incentivar la natalidad
y potenciar polos de desarrollo en cada comarca. La gente siempre ha emigrado.
Hay que hacer cosas, pero con una mesura".
Las comunidades afectadas llevan mucho tiempo
insistiendo en el mismo discurso: no se trata de llenar los pueblos de gente,
sino de equilibrar la estructura demográfica del país. Esta exigencia
cristalizó en enero de 2017 durante la Conferencia de Presidentes. Las
autonomías integrantes del Foro de Regiones con Desafíos Demográficos (Aragón,
Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura,
Galicia y La Rioja) propusieron incluir la demografía como un factor de peso en
el próximo modelo de financiación autonómica -aún pendiente de renovación- y pidieron al Gobierno más implicación.
A raíz de esta cumbre, el Ejecutivo creó un nuevo
cargo, el Comisionado para el Reto Demográfico, al frente del cual situó a
Edelmira Barreira. La ex senadora del PP revela a este periódico que el
Gobierno aspira a presentar en un mes una "estrategia nacional en materia
demográfica, que atañe al envejecimiento de la
población y la inmigración, pero también el
despoblamiento". En todo caso, admite que aún no dispone de asignación
presupuestaria ni tampoco de competencias. En su primer año de andadura, la
comisionada se ha limitado a crear una comisión interministerial, en la que han
participado las comunidades y los municipios, con el fin de evaluar las
"prioridades a abordar". Además, se compromete a "implicar a la Unión Europea".
No lo tendrá fácil en esta tarea porque la grave
situación que arrastra España convierte a nuestro país prácticamente en una
rara avis en Europa. A modo de ejemplo: en Francia, más del 70% de sus administraciones
locales tienen menos de 1.000 habitantes. Sin embargo, la densidad de población
de esos núcleos triplica la española. Según la Federación Española de
Municipios y Provincias, la mitad de los 8.100 municipios españoles está en
riesgo de extinción a medio o largo
plazo por no alcanzar el millar de habitantes.
El diagnóstico de la despoblación es desalentador. De
ahí que muchos ayuntamientos y asociaciones prefieran dejar de hablar de
despoblación para hacerlo de repoblación, en
aras de forzar un cambio de mentalidad. Pero este es un
tránsito inviable si no se materializa en los Presupuestos, un objetivo hasta
ahora taponado por la falta de voluntad política y la maraña de planes que se
quedan en agua de borrajas.
El Gobierno, por ahora, descarta reactivar la Ley de
Desarrollo Rural. La norma, aprobada en 2007, sigue vigente pero sin dotación
económica. Sin embargo, los miembros de la Comisión Especial del Senado sobre
la evolución demográfica -tras
visitar esta semana Cuenca, Soria y Teruel- se han comprometido "a llegar a una solución en
breve", siguiendo el modelo de las Tierras altas de Escocia.
A la espera de ver materializadas estas promesas, los
Gobiernos autonómicos han impulsado programas específicos orientados a intentar
frenar la sangría demográfica. El más preciso es el de Aragón, cuya directriz
promueve 380 iniciativas. En cambio, la inversión más ambiciosa es la del
Principado de Asturias, que se ha propuesto movilizar 2.275 millones hasta
2027, especialmente, en infraestructuras y servicios
básicos.
"Gestionar la sanidad o la educación en el medio
rural dispara su coste. Por eso pedimos un tratamiento fiscal
especializado", afirma José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de
Castilla-La Mancha, región que tiene comprometidos para sus comarcas más
afectadas 507 millones de euros de fondos comunitarios.
Aurelio García, presidente de la Red Española de
Desarrollo Rural, que engloba a 170 grupos locales, recuerda que "nunca
hubo una política transversal" capaz de aglutinar a todas las
administraciones. "Y cuando se han hecho planes no ha existido una dotación
especial pensando en revertir la despoblación", concluye.
COMEMTARIO: No pueden empezar ningún gran plan para abordar la despoblación si no
quitan antes el feudal impuesto de sucesiones, uno de los principales motivos
por los que la gente no acepta sus herencias y se marcha de esos pueblos. Si
quieren un gran plan hagan que en vez de pagar a la administración por el
deceso del cabeza de familia, sea la administración la que les ayude
económicamente para seguir, a mi como contribuyente me parecería muy bien, no
me gustan los sistemas feudales.LA RECORTA…
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