MARÍA PERAL.18
enero, 2018
Jordi Turull, exconsejero del Puigdemont
encausado en el Tribunal Supremo por un presunto delito de rebelión,
aparece citado de forma expresa en la sentencia del
caso Palau por la que la Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a penas
de prisión a los exdirectivos de la institución musical y a Daniel Osàcar,
extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
La mención no favorece en absoluto al exconsejero y
actual diputado de Junts per Catalunya en el Parlament. Según la sentencia,
Turull fue miembro de la mesa de contratación que actuó en el
expediente para la construcción de un pabellón deportivo municipal en San
Cugat, adjudicada a Ferrovial por 4,1 millones de euros en 2002.
Se trata de una de las cuatro únicas
obras respecto a las que la Audiencia afirma que "ha resultado acreditado"
que fueron concedidas a Ferrovial "en virtud de un pacto" según el
cual la empresa entregaba fondos a Convergència "a cambio de que
ésta, haciendo valer el ascendiente que algunas de las personas que la
integraban tenían sobre aquellas que conformaban los órganos de gobierno y de
adjudicación de obra pública en entes autonómicos o locales integrados por
miembros del propio partido, garantizase la adjudicación de un determinado
volumen económico de obra pública de forma anual".
Comisión del 2,5% para CDC
Las otras tres obras fueron el revestimiento de la
acequia Bellet en el margen izquierdo del Ebro, la línea 9 del metro de
Barcelona y la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
Respecto al pabellón de San Cugat, la sentencia afirma
que "en el momento de la adjudicación de la obra, la alcaldía y la mayoría
del consistorio era detentada por CDC" y que "la comisión ilícita
devengada por esta operación se calculó conforme a las reglas [pactadas]: un 4%
(167.040’76 euros), donde el 2’5% (104.400’47 euros) se entregó a CDC y el 1’5%
(62.640’28 euros) fue para Félix Millet y Jordi Montull" por su
intermediación en la canalización de las comisiones pagadas por Ferrovial
al partido nacionalista, camufladas como patrocinios al Palau.
La Audiencia afirma que Osàcar y su antecesor en la
tesorería de CDC, Carles Torrent (fallecido en 2005), bien directamente bien a
través de otros miembros del partido "no determinados", "con la
intención y voluntad de que se adjudicaran a Ferrovial diversos contratos para
la ejecución de obra pública a cambió de la entrega de dinero" en
proporción al valor de la obra, influyeron "sobre alguno o algunos de los
componentes de las mesas de adjudicación para que en las obras relacionadas
[entre ellas, la de San Cugat] en todo o en una parte significativa de ellas se
valorara la oferta de Ferrovial como la mejor de las presentadas, para de esta
forma dejar el camino expedito a la posterior aprobación de la propuesta por el
órgano administrativo de adjudicación, que dicha formación controlaba".
Según la sentencia, los tesoreros de Convergència
tenían "el suficiente peso o fuerza" como para poder
"exigir" a los miembros del partido que formaban parte de las mesas
de contratación la realización de actividades que aseguraran el futuro
económico de la formación.
Una "pátina de legalidad"
La sentencia lo explica así: "Los citados
tesoreros, prevaliéndose de dicha condición y de las consecuencias que seguir o
no las indicaciones del tesorero del partido podría tener sobre las
perspectivas futuras en la carrera profesional o política de aquellos a
los que dirigieron su influjo y de las que los influidos eran sin duda alguna
perfectos conocedores, instaron a los miembros de aquellas mesas de
contratación, ya directamente, ya mediante la interposición de otro miembro del
partido con mayor ascendiente sobre aquellos, a valorar las ofertas presentadas
por Ferrovial como las mejores, de forma tal que, posteriormente, el órgano
administrativo que las adjudicaba formalmente, formado por personas pertenecientes
a CDC y a cuyos miembros, mediante la misma trama de influencias, se les hacía
saber que debía adjudicarse la obra en el sentido que le interesaba al
partido, pudiera adjudicar la obra a dicha mercantil sin tener que
desviarse de la propuesta de la mesa, revistiendo con ello todo el proceso de
adjudicación de una pátina de legalidad, legitimidad y rectitud, de la que
carecía por completo".
"Dicha influencia, además, consiguió su
objetivo", añade la Audiencia. Ferrovial, que no tenía un volumen
significativo de obra pública en Cataluña antes de iniciar sus patrocinios al
Palau, empezó a conseguir adjudicaciones.
Entre ellas estuvo la del pabellón deportivo de San
Cugat, que la sentencia describe señalando que "en esta adjudicación
no consta acreditado quiénes formaban la comisión técnica, pero en la mesa de
contratación, además del teniente de alcalde dedicha localidad gobernada por
CDC en federación con UDC, formaba parte de la misma Jordi Turull Negre,
militante de CDC, concejal en otra localidad cercana [Parets], miembro de la
Diputación de Barcelona y diputado del Parlament de Catalunya desde 2003 [en
realidad, 2006] por dicha formación, siendo el órgano de adjudicación la
comisión municipal de gobierno, conformada por miembros de aquella federación".
"Nuevamente, la vinculación entre mesa de
contratación y órgano de contratación y la vinculación con CDC aparece
diáfana", concluye la Audiencia.
Turull fue propuesto como testigo en
el juicio del caso Palau pero finalmente no declaró. El defensor de
CDC, Xavier Melero renunció a su testimonio y al de otras
35 personas al saber que Montull iba a confesar la financiación
ilegal del partido de Pujol, Más y Puigdemont.
COMENTARIO: Además de corruptos hay empresas que
corrompen. Deberían también se juzgadas. Si pagas comisiones, sabes que estas
comprando beneficios.LA RECORTA…
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