Esa oferta formativa les sirve a la Junta y a sus
trabajadores para sortear una sentencia que obligaba a la administración
andaluza a olvidarse de su jornada reducida y volver a las 37,5 horas semanales
que el Gobierno de la Nación impuso en 2012 para todos los empleados públicos y
que, según el Tribunal Constitucional (TC), sólo
el Gobierno de la Nación podría modificar. Para la aplicación de esta fórmula
singular para justificar horas de
trabajo 'no presencial' de los funcionarios, el Gobierno de
Susana Díaz ha contado con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, que han
bendecido esta salida. Pero, a medida que pasan los días desde que se
conocieran los detalles del acuerdo, han comenzado a reproducirse
manifestaciones contrarias a la solución dada por la Junta para evitar que la
sentencia del TC obligara a ampliar la jornada de trabajo real.
La Asociación de Profesores de Instituto de
Andalucía (APIA) y el Sindicato de Médicos de Andalucía (SMA)
consideran que docentes y sanitarios se han visto perjudicados de alguna u otra
forma, frente a los funcionarios de la administración general. Pero,
curiosamente, el sindicato mayoritario en la administración general, el
SAF (Sindicato Andaluz de Funcionarios) tampoco parece satisfecho con el
acuerdo sino todo lo contrario. Para empezar, porque un cambio en las
condiciones de trabajo de esta naturaleza ni siquiera ha pasado por el órgano
natural y legal de discusión, la 'mesa sectorial de negociación', donde el SAF
ostenta la representación mayoritaria.
Aunque, más allá de las cuestiones formales, el
sindicato considera que, con esta aplicación de la nueva jornada 'no
presencial', el Gobierno andaluz ha infligido un grave «daño al prestigio» y la
imagen de los funcionarios andaluces, que están siendo «objeto de chanzas» en
toda España.
El SAF
dice estar en contra de «toda acción que tenga por objeto eludir la aplicación
de la ley o burlar torticeramente la ejecución de las sentencias, máxime
si ello se promueve desde la propiaAdministración».
Reivindicación
Hay varias preguntas a las que la Consejería de
Hacienda y Administración Pública no ha dado respuesta en los últimos días. Una
de esas cuestiones tiene que ver precisamente con el argumento más repetido por
la consejera María Jesús Montero, quien subraya que la consideración de
las horas de formación como parte de la jornada laboral constituye el
reconocimiento de una «reivindicación histórica de los trabajadores». Sin duda,
se trata de una declaración solemne. Sin embargo, el propio pacto firmado por
la Consejería y los sindicatos admite que las medidas adoptadas para la
ampliación de la jornada son «transitorias». O sea, que se reconoce una
«reivindicación histórica» pero sólo de forma temporal, lo cual podría resultar
incongruente. Y eso es así porque el propio Ejecutivo andaluz confía en que el
Gobierno de la Nación levante el veto a la jornada de 35 horas tan pronto como
consiga aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018. ¿Qué pasará
entonces con ese 'derecho' a que las horas de formación sean parte de la
jornada?
En el caso de los docentes andaluces, la
reducción de jornada se aplicó en el cómputo de horas lectivas semanales, que
en el curso pasado eran 20, siendo el compromiso reducirlas para este curso a
19 y para el próximo a 18. Y para ello, durante este curso, una (y sólo una) de
las horas de guardia semanales se computan dentro del horario lectivo. En el
curso próximo se hará lo mismo pero con dos de las horas de guardia.Redistribución horaria
Los profesores se quejan, por un lado, de que, en su
caso, no hay reducción real de las horas presenciales, sino sólo un cambio en
la distribución de las mismas. Pero, además, subrayan la incongruencia de que
la Junta utilice ahora de forma flexible el concepto de 'horas lectivas',
cuando se ha negado a ello durante todos los años anteriores afirmando que las
restricciones impuestas por el Ejecutivo central lo impedían. ¿Por qué ahora sí
se puede y antes no, si el criterio del Gobierno de la Nación no ha cambiado en
este tiempo?
Con la aplicación de esta fórmula, la Consejería de
Educación podría haber evitado o, al menos, atenuado la destrucción de
empleo docente (4.500 plazas menos) en los años duros de la crisis. De
hecho, así lo hicieron otras comunidades autónomas, como le han venido
recordando año tras año los sindicatos al consejero de turno.
Igualmente,
los docentes se preguntan si, una vez superado este periodo transitorio, las
horas de guardia volverán a salir de la categoría de horas lectivas. El hecho
de que la Consejería califique como horas lectivas tan sólo algunas de las
horas de guardia y el resto no constituye también una incongruencia desde el
punto de vista formal que añade inseguridad jurídica a las condiciones
laborales de los docentes. A este respecto conviene recordar que la Justicia ha
condenado recientemente a la Consejería por su regulación de los horarios de sus
docentes. Así, el TSJA anuló, en una sentencia conocida el pasado mes de julio,
una norma que suponía un aumento del número de alumnos por cada profesor de
guardia y que tenía por objeto precisamente ahorrar en plantillas.
Para el sector sanitario, resulta una discriminación
flagrante que en el catálogo de actividades se incluyan cursos de meditación
computables como horas de trabajo y, sin embargo, la asistencia a congresos
médicos no signifique para los médicos una ventaja equivalente.
COMENTARIO: La Junta de Andalucía solo sabe explotar
a los demás. A Granada le ha expropiado, Sierra Nevada y la Alhambra, Jaén,
Granada y Almería 3 años sin tren y no han hecho nada, al morirte te roban todo
lo que tienes, los dependientes sin ayudas...etc. etc. etc. El día que el resto
de los andaluces le digan algo a estos Sevillanos se les acabará el chollo.LA RECORTA…
No hay comentarios:
Publicar un comentario