En la misiva, que ha sido adelantado por RAC1 y que
este viernes se publicará en el diario 'Financial Times', Puigdemont y Colau recuerdan
al Ejecutivo que una mayoría de la sociedad catalana es partidaria de un
referéndum para resolver el conflicto político catalán y piden a Rajoy que
acepte dialogar "para abordar de qué manera se puede llegar a un
acuerdo para que los catalanes puedan votar en un referéndum".
La alcaldesa de Barcelona rompe así su ambigüedad
durante los últimos días y se posiciona claramente en favor del referéndum
independentista.
La carta está trufada de falsedades e imprecisiones
para pintar un escenario de opresión y represión que obvia el principal motivo
que justifica la respuesta de los tribunales: la consulta del 1-O es un
acto ilegal que ha sido anulado por el Tribunal Constitucional. Y, en
consecuencia, está terminantemente prohibido todo lo que tenga que ver
con él: la campaña, la celebración, la colaboración de las instituciones
locales, la financiación pública, la publicidad... Todo por ser un acto
marcadamente ilegal y contrario al Estado de Derecho, como recordaron ayer
mismo las cuatro asociaciones de jueces.
Los cuatro firmantes de la misiva aseveran que siempre
han estado en una disposición al diálogo, pero que la única respuesta que han
recibido del Gobierno central ha sido el "no". También censuran que
el Estado español "ha empezado una ofensiva de represión sin
precedentes en la que contempla desde la limitación al derecho fundamental
a la libertad de expresión, impidiendo actos públicos y amenazando medios de
comunicación, hasta la detención del 75% de los alcaldes de Catalunya por
haberse mostrado dispuestos a participar en el referéndum".
Éstas son algunas de las falsedades de la carta:
"Convocar un referéndum no es nunca un
delito"
La convocatoria de un referéndum según los mecanismos
y los supuestos que prevé el ordenamiento jurídico español no es un delito,
pero no es lo que está sucediendo en este caso. El Parlament y la Generalitat
se han arrogado competencias que no tienen y la capacidad de trocear la
soberanía nacional para convocar unilateralmente un referéndum de
autodeterminación que se salta a la torera las leyes y que se estrella de
frente contra la Constitución.
"Amenazas a medios de comunicación"
El registro de la sede de 'El Vallenc' no tiene nada
que ver con la libertad de expresión o la libertad de información. La Guardia
Civil no se personó allí por ningún artículo o ninguna información publicada
por el medio sino por la sospecha de que se podían estar utilizando las
imprentas para la comisión de un delito que en nada tiene que ver con la
información, como es la impresión de papeletas para votar en la consulta.
Las advertencias a los medios de comunicación sobre la
difusión de publicidad institucional sobre el referéndum tiene que ver con la
difusión de un acto delictivo. Estos medios pueden mantener sus líneas
editoriales y seguir informando con la misma libertad que antes.
"Detención del 75% de los alcaldes"
En realidad, la Fiscalía ha emitido instrucciones para que se cite a declarar a los
alcaldes que se han mostrado dispuestos a participar en el referéndum
suspendido por el Constitucional. Y sólo en el caso de que no se presenten, ha
pedido su detención para llevarlos a declarar ante el fiscal, como ocurre
cuando un testigo o un investigado no acude a una citación del fiscal o del
juez.
"El Estado no abre una puerta al diálogo"
La apelación al diálogo que viene haciendo Puigdemont
olvida que fue invitado a hablar en el Congreso de los
Diputados para que pudiera defender la celebración de un referéndum o de su
proyecto para Cataluña. Por ejemplo, como hizo el 'lehendakari' Juan José
Ibarretxe en su día. En este caso, Puigdemont se negó a que pudiera haber un debate y que los
representantes de la soberanía nacional le replicaran.
"Politización del Constitucional y el Poder
Judicial"
Puigdemont afirma que el Gobierno "ha politizado
órganos que tendrían que ser independientes". Y cita al Tribunal
Constitucional y "otros estamentos del Poder Judicial". En primer
lugar, el Constitucional no es un estamento del Poder Judicial, porque es un
tribunal especial, de garantías, de interpretación y aplicación de la
Constitución. En segundo término, el Gobierno no ha adoptado ninguna medida que
afecte a este órgano. El Congreso modificó la ley orgánica que rige su funcionamiento. Y
el Congreso y el Senado han renovado a los magistrados que han salido del
mismo, pero de la misma manera que ocurre desde su creación y como fija la
propia Constitución. El Ejecutivo tampoco ha "politizado" otros órganos
judiciales. En España, existe una separación efectiva entre el Poder Ejecutivo
y el Poder Judicial.
"El Estado impide actos públicos"
No es cierto que el Estado esté "impidiendo actos
públicos". El único acto público que no se ha podido celebrar ha
sido una conferencia de la portavoz de la CUP, Anna Gabriel,
en Vitoria, que fue impedido por un juzgado de la ciudad por entender que daba
continuidad a la comisión de un delito. Ninguno más. La campaña electoral
comenzó con normalidad el jueves en Tarragona. El acto de Madrid por el referéndum estaba programado
para el domingo en un local municipal y parece que se va a celebrar en un local
privado.
A continuación, reproducimos el contenido íntegro de
la misiva:
Texto íntegro de la carta
"Los conflictos políticos se resuelven, en los
sistemas democráticos, a través de propuestas políticas que son consecuencia de
negociaciones y diálogo. Entre Catalunya y el Estado español existe un evidente
conflicto político que viene de lejos y que hemos intentado resolver con el
máximo acuerdo. Pero la respuesta siempre ha sido una negativa o, peor aún, una
reacción regresiva insostenible. Cuando el Tribunal Constitucional tumbó el
Estatuto, que previamente había sido votado por los parlamentos catalán y
español y aprobado en referéndum por los ciudadanos de Catalunya, se rompió el
pacto constitucional de 1978.
Posteriormente, se han formulado propuestas como un
pacto fiscal en la línea del concierto económico de que dispone el País Vasco o
una consulta no vinculante para conocer la opinión de los catalanes, pero todo
ha sido en vano. El "no" ha sido la única respuesta. Este conflicto,
después de haber intentado todas las vías anteriores, el Gobierno de Catalunya
propone resolverlo convocando un referéndum de autodeterminación para el
próximo día 1 de octubre. Este referéndum no cuenta, como es conocido por todo
el mundo, con el acuerdo del Estado español, como hubiera sido deseable y como
ha pedido reiteradamente una amplia representación de los parlamentarios y de
la sociedad catalana.
En concreto, se constituyó un espacio llamado
"Pacto Nacional por el Referéndum" que aspiraba a abrir un diálogo
que finalmente tampoco fue posible. De hecho, hoy la justicia española está
investigando responsables de aquel Pacto, aprobado por el Parlamento y nunca
invalidado por el Tribunal Constitucional, como si se tratase de una actividad
ilícita. Lejos de abrir la puerta al diálogo, el Estado español ha empezado una
ofensiva de represión sin precedentes en la que contempla desde la limitación
al derecho fundamental a la libertad de expresión, impidiendo actos públicos y
amenazando medios de comunicación, hasta la detención del 75% de los alcaldes
de Catalunya por haberse mostrado dispuestos a participar en el referéndum.
Mientras tanto, ha presentado querellas penales contra todo el Gobierno de
Catalunya y contra la mayoría de la mesa del Parlamento, ha clausurado la web
informativa del referéndum, ha prohibido la difusión de información y
publicidad y ha politizado órganos que tendrían que ser independientes, como el
mismo Tribunal Constitucional y otros estamentos del Poder Judicial.
Todo esto, a pesar de que el Código Penal español
confirma que convocar un referéndum, aunque sea sin acuerdo, no es nunca un
delito. Por otra parte, el apoyo de la sociedad catalana a la celebración de un
referéndum es incuestionable desde todos los puntos de vista. Los resultados
electorales así lo confirman, como también las resoluciones parlamentarias y
las movilizaciones masivas de cada 11 de septiembre, que de manera reiterada y
desde 2012 mueven millones de personas. Movilizaciones siempre pacíficas y
convivenciales, que han sido alabadas por la prensa internacional como ejemplo
de civismo.
Es por esto que queremos hacer un nuevo llamamiento al
diálogo al Gobierno español, y en particular a su presidente, Sr. Mariano
Rajoy. Un llamamiento al diálogo para abordar de qué manera nos podemos poner
de acuerdo para que los catalanes celebremos el referéndum. Un diálogo abierto
y sin condiciones. Un diálogo político, desde la legitimidad que cada uno
representa, para hacer posible lo que en democracia nunca es problema ni
todavía menos un delito: escuchar la voz de la ciudadanía. Nos dirigimos, en
este sentido, al Presidente Mariano Rajoy y enviamos una copia al Jefe del
Estado, S.M. el Rey Felipe VI, para que entienda que no dialogar es
incompatible con la resolución de los problemas. Nuestra disposición al diálogo
ha sido, es y será permanente".
COMENTARIO: Esto es muy sencillo. El marco legal vigente no contempla la
posibilidad de un referéndum de autodeterminación. Si Puigdemon y su séquito
quieren un referéndum habrá que modificar la constitución, cosa perfectamente
asumible. Consigan ustedes una mayoría parlamentaria suficiente en el
parlamento de la nación y adelante. La verdad es que tampoco está tan lejos la
posibilidad.. Entre los nacionalistas, el PSOE, pode mitas etc. ya tienen más
de la mitad de los escaños. Un pequeño esfuerzo de pedagogía en las próximas
elecciones y a lo mejor lo consiguen. Pero claro, todos dejando claro de
antemano cual es la posición de cada partido al respecto. Se vota y se actúa en
consecuencia. Dialogar para esta gente es simplemente decir lo que piensan
hacer y que la otra parte dé el visto bueno.¿ Qué van a aceptar que no sea lo
que pretenden llevar a cabo 1-O?LA RECORTA…
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