Por más que la Constitución llevara ya año y medio en
vigor, las Cortes seguían siendo constituyentes. Y ello era así porque el
Gobierno, presidido por Manuel Azaña y formado por una coalición
republicano-socialista de la que se había desgajado a finales de 1931 el
Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, consideraba que no procedía
convocar de nuevo a las urnas hasta que toda la batería de leyes y reformas que
derivaban del flamante texto constitucional estuviera aprobada.
Como es natural, ni la oposición de derechas ni los
viejos aliados radicales opinaban lo mismo, y más teniendo en cuenta que a
estas alturas de 1933 ya no quedaba casi nada importante que legislar.
Pero tanto daba. La mayoría es la mayoría, y Azaña, sobra añadirlo, la tenía.
Entre quienes seguían de cerca la actividad política y
participaban de ese cansancio por la situación presente estaba el catalán Josep
Pla, corresponsal en Madrid de La Veu de Catalunya, órgano de la Lliga
Catalana de Francesc Cambó. El 6 de julio Pla escribía: "Si el calor
continúa, dentro de pocos días en el ambiente político no se hablará de otra
cosa que de las vacaciones parlamentarias. El Parlamento da la impresión
de un agotamiento general, de un agotamiento total. Cada día asisten menos
diputados y nada de lo que pasa adentro llega a interesar a la gente".
Y el 14 del mismo mes era su paisano Gaziel quien se
refería en las páginas de La Vanguardia a "la progresiva
sensación de malestar y de interinidad que se experimenta en nuestra vida
pública" y a la imperiosa necesidad de aliviarla. En el fondo, tanto uno
como otro expresaban, bajo un prisma catalanista y conservador, lo que ya
empezaba a ser por entonces una impresión bastante común: la de que el
Gobierno presidido por Azaña había dejado de ser representativo del sentir
mayoritario de los españoles.
Nuevo escenario electoral
Pero, como quiera que una impresión solo tiene valor
si se convierte en hecho, hubo que esperar a comienzos de septiembre para
encontrar una salida al enquistamiento político. El resultado de las elecciones
destinadas a completar el Tribunal de Garantías Constitucionales, donde 15 de
sus 25 miembros debían ser elegidos por los ayuntamientos, demostró bien a las
claras que la opinión del país distaba mucho de ser la que aún reflejaba la
composición de las Cortes. Y, así las cosas, al presidente de la República,
Niceto Alcalá-Zamora, le faltó tiempo para retirarle la confianza a Azaña -algo
que llevaba meses deseando- y abrir un período de consultas con los
líderes políticos que acabaría derivando en la convocatoria de elecciones
generales para el 19 de noviembre.
Esos comicios no fueron como los precedentes. Por un
lado, eran los primeros que se celebraban tras la aprobación de la Constitución
republicana y de las leyes que de ella emanaban. Por otro, el censo electoral
se había más que duplicado, debido a la incorporación del sufragio
femenino y a la rebaja de la edad de voto de los 25 a los 23 años. Y, en fin,
si en junio de 1931 la izquierda había concurrido unida y la derecha
notoriamente desperdigada, ahora era al revés, hasta el punto de que en
determinadas regiones españolas la CEDA -la coalición construida en torno al
partido de José María Gil-Robles, Acción Popular- se había aliado con los
republicanos de Alejandro Lerroux.
De resultas de todo lo anterior y de un sistema
electoral que primaba a las mayorías, los partidos de derecha y de centro
vencieron con relativa claridad en las urnas y, sobre todo, apabullaron en el
Parlamento. En Cataluña, el resultado fue más ajustado que en el resto de
España. Aun así, la victoria recayó igualmente en el centroderecha, o sea, en
la Lliga y demás fuerzas coaligadas. Lo cual supuso que, por primera vez desde
el advenimiento del nuevo régimen, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), de
Francesc Macià, tuviera que compartir el poder. No en la propia región, donde
gobernaba en solitario desde el 14 de abril de 1931 y donde el 20 de noviembre
de 1932 -una vez aprobado, tras una larguísima tramitación parlamentaria, el
Estatuto de Autonomía- se había impuesto holgadamente en las elecciones al
Parlamento regional, sino en el conjunto de España.
Porque, en adelante, los intereses de Cataluña en
relación con el Gobierno de la República no iba a defenderlos ya únicamente
Esquerra, también la Lliga. Y con mayor razón dada la afinidad ideológica entre
las huestes de Cambó y las del nuevo Ejecutivo de Madrid, integrado por los
radicales de Lerroux y apoyado en las Cortes por el bloque de derechas liderado
por la CEDA -además de por la propia Lliga, claro.Cohabitación imposible. Pero
la campaña electoral había dejado ya algunos indicios de que esa cohabitación
no iba a resultar nada fácil si finalmente ganaban las derechas.
El 22 de octubre de 1933, durante un festival atlético
celebrado en el Estadio de Montjuïc y en el que desfilaron 8.000 jóvenes
uniformados de Estat Català -los famosos escamots-, partido integrado en
Esquerra, Macià, que presidía el acto acompañado de Lluís Companys -primer
presidente del Parlamento regional y reciente ex ministro de Marina-, proclamó
lo siguiente: "Si a través de España triunfase una fuerza
reaccionaria, Cataluña sería un baluarte inexpugnable. (...) Cataluña no
permitirá que le sean retiradas las libertades obtenidas". Una afirmación
que, aunque proferida en plena campaña y en olor de multitudes, daba sin duda
que pensar.
Por un lado, el presidente de la Generalitat no podía
concebir ni, por tanto, aceptar -él era Cataluña, no hace falta añadirlo-
que el Gobierno de la República se hallara en otras manos que en las de la
izquierda republicana; por otro, no estaba dispuesto a renunciar a nada de lo
logrado en el campo del autogobierno. De lo que se seguía, claro, que una
victoria de la reacción, es decir, de la derecha, iba a traer por fuerza
aparejado un recorte de esas libertades catalanas.
En el fondo, esa idea de que la República
española sólo podía ser gobernada por la izquierda era compartida por
todos los grupos que habían ejercido hasta entonces el poder, con la excepción
del Partido Republicano Radical de Lerroux y de la Derecha Liberal Republicana
de Alcalá-Zamora y Miguel Maura. En la campaña misma, muchos líderes
izquierdistas, al margen de las siglas que tuvieran detrás, habían insistido en
ello.
Y, ya desde antes incluso, dirigentes del Partido
Socialista -Largo Caballero o el propio Prieto- habían ido más allá en sus
discursos al renegar de la democracia liberal y de la propia República y abogar
lisa y llanamente por la instauración de la dictadura del proletariado. Con
semejante panorama, no es de extrañar que la legitimidad de los gabinetes que
iban a sucederse entre aquel mes de noviembre de 1933 y principios de octubre
de 1934 -todos de centro y compuestos casi en exclusiva por miembros del
Partido Radical- fuera puesta en duda de forma sistemática.
Cambio de tendencia
Y tampoco lo es que sus integrantes recibieran por
parte de sus adversarios políticos que ahora ocupaban los bancos de la
oposición toda clase de invectivas. En ese nuevo contexto, y volviendo a las
relaciones entre los gobiernos de la Generalitat y del Estado, el primer envite
fueron las elecciones municipales celebradas en Cataluña el 14 de enero de
1934. Se trataba de dirimir si los resultados de las legislativas de
noviembre acarreaban también un cambio de tendencia en la política
catalana o si, por el contrario, la relación de fuerzas en el ámbito local
seguía siendo la que se había dado hasta la fecha en los principales
ayuntamientos y en el Parlamento regional.
Una semana antes de los comicios, en un banquete
organizado en Barcelona en honor de Azaña y del dirigente socialista Indalecio
Prieto, Companys -que por entonces ya había sustituido a Macià, fallecido el
día Navidad de 1933, al frente de la Generalitat- declaraba, en respuesta a un
comentario de Azaña asegurando que en ocho días tendrían un golpe de Estado de
extrema derecha y a otro de Prieto afirmando que, con anterioridad, él haría
otro de signo contrario: "Si todo esto no se clarea, proclamaremos en
Cataluña la República catalana independiente". Al final,
transcurridos ocho días, no hubo golpes de Estado ni la Liga ganó las
municipales. Las ganó ERC, con lo que se afianzó la idea, formulada meses antes
por Macià, de que Cataluña se había convertido en el "baluarte
inexpugnable" de la República.
El segundo envite tuvo ya consecuencias más graves,
acaso porque esta vez no se trataba de dirimir quién mandaba en Cataluña, sino
de comprobar hasta qué punto la autonomía podía tensar la cuerda en su
relación con el Gobierno central. La ocasión la puso la promulgación por parte
del Gobierno de la Generalitat, en abril de 1934, de la Ley de Contratos de
Cultivo, cuyo propósito era garantizar la estabilidad de los contratos entre
propietarios agrícolas y jornaleros -agrupados en el Institut Agrícola Català
de Sant Isidre, afín a la Lliga y la CEDA, los primeros, y en la Unió de
Rabassaires, afín a ERC, los segundos-, sin descartar la posibilidad de
convertir a estos últimos en propietarios de la tierra que cultivaban.
Como es de suponer, la aprobación de la ley fue
interpretada por la patronal agrícola catalana como un ataque a sus
intereses y como una injerencia de la Generalitat en un terreno, el
social, en el que, a su juicio, no tenía competencias, aun cuando el Gobierno
catalán y la mayoría que lo sostenía en el Parlamento autonómico opinaran justo
lo contrario. De ahí que la Lliga instara al Gobierno de la República,
presidido ya por el radical Ricardo Samper, que había sucedido en el cargo a
Lerroux, a presentar un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal de
Garantías. Así lo hizo el Gobierno a comienzos de mayo, y un mes más tarde, el
8 de junio en concreto, el Alto Tribunal -donde centro y derecha tenían
mayoría- dictaba sentencia y anulaba la ley.
Companys, presidente de la Generalitat, proclamó el
"Estado Catalán de la República Federal Española" el 6 de octubre de
1934
La respuesta de la Generalitat y de Esquerra tardó
apenas cuatro días en materializarse. El 12 de junio, pese a los intentos del
presidente Samper por llegar a un acuerdo, el Parlamento regional aprobó una
nueva Ley de Contratos de Cultivo que reproducía íntegramente la que el
Tribunal acababa de anular. El desacato estaba servido. Pero hubo más. Y
es que la sesión se desarrolló en medio de una tensión considerable, propiciada
por la concentración en los alrededores de la Cámara catalana de una turba
compuesta por separatistas de Estat Català y rabassaires, que, aparte de
vitorear a los suyos, intentaron agredir al portavoz de la minoría de la Lliga
y hasta treparon por los muros del edificio con el propósito de asaltar el
Parlamento.
Mientras eso ocurría en Barcelona, en Madrid los
diputados de ERC abandonaban las Cortes republicanas. Esa tensión, que los
dirigentes más radicales del conglomerado de Esquerra, el consejero de
Gobernación Josep Dencàs y el comisario general de Orden Público Miquel Badia,
habían ido alimentando en meses anteriores, lo mismo con manifestaciones
multitudinarias que con declaraciones extemporáneas -lo cual, sobra decirlo, no
era privativo, en aquella España, ni de ERC ni de la izquierda-; esa tensión no
amainaría en verano.
Como si el choque entre el Gobierno de la República y
quienes se oponían a él tuviera que producirse tarde o temprano, tanto los
separatistas catalanes como los socialistas españoles y los partidos y
sindicatos de extrema izquierda fueron preparando, de forma más o menos
coordinada, su revolución particular. Y la señal para llamar a la huelga
general revolucionaria o a la rebelión pura y simple la hallaron en la
crisis de Gobierno de comienzos de octubre, que se saldó con la vuelta de
Lerroux a la presidencia y la entrada en el Ejecutivo de tres ministros de la
CEDA.
El movimiento insurreccional no cuajó más que en
Asturias -y algo en el País Vasco- y en Cataluña. Y así como en la región
atlántica tuvo como protagonistas a los obreros socialistas, comunistas y
anarquistas y se prolongó durante un par de semanas, en la mediterránea la
iniciativa correspondió casi por completo al Gobierno de la Generalitat -el
sindicato anarquista, ampliamente mayoritario, no se sumó al movimiento- y duró
apenas diez horas.
Puede afirmarse, por tanto, que en esta parte de
España consistió en un golpe de Estado, aunque fallido -y nunca mejor dicho lo
de Estado, pues lo que Companys proclamó aquel 6 de octubre de 1934 a las ocho
de la tarde desde el balcón de la entonces plaza de la República y hoy de San
Jaime fue el "Estado Catalán de la República Federal Española",
o sea, el Estado dentro del Estado-.
El pronunciamiento había seguido a una movilización de
los escamots de Estat Català, a los que se había provisto de
armamento y de un plan de acción que debía desembocar en la toma y control de
los puntos estratégicos de la capital catalana. Al final, las tropas del
general Domingo Batet -no más de 400 hombres- se bastaron para reducir a los
miles de patriotas que supuestamente habían salido a la calle. Eran las seis de
la mañana del 7 de octubre cuando el presidente Companys, tras anunciarse por
radio su capitulación, se rendía al comandante del Ejército que se había
personado en el Palacio de la Generalitat para proceder a su arresto y al de
todo su Gobierno. Atrás quedaban una cuarentena de muertos -entre
ellos, ocho soldados-, un Gobierno encarcelado, una autonomía en entredicho y
un ridículo tan espantoso como evitable.
'A tiros si hace falta'
Una determinada corriente historiográfica ha tendido a
exculpar a Companys -o a exculparlo hasta cierto punto- en la crisis del 6 de
octubre de 1934. Para esos historiadores, Companys, más que agente provocador,
habría sido víctima de la situación y, en particular, de los manejos de su joven
consejero de Gobernación y antes de Sanidad, Josep Dencàs. De los manejos y de
los errores de apreciación, pues éste le habría garantizado el concurso de
miles de voluntarios armados y, al final, no dieron la cara sino cuatro gatos,
muchos de los cuales lo pagaron encima con sus vidas.
Pero, además, Companys habría encabezado la rebelión y
comprometido en ella a todo su gobierno para demostrar al sector separatista de
su partido que nadie le ganaba en patriotismo. De ahí su reacción del sábado 6,
después de la proclamación del Estado Catalán, cuando el doctor Soler i Pla,
diputado en el Parlamento catalán, le besó emocionado: "Bueno, ya tenéis
el Estado Catalán; ahora ya no me tacharéis de ser poco catalanista".
Pero junto a esa visión existe otra, no necesariamente
contradictoria. La aporta en una entrada de su diario el abogado y político
Amadeu Hurtado, que ejerció en estos tiempos de consejero áulico de Macià y de
Companys. Hurtado era el encargado de defender ante el Tribunal de Garantías,
en nombre de la Generalitat, la Ley de Contratos de Cultivo y de mediar ante
los presidentes de la República y del Gobierno. Pues bien, el 8 de junio
Hurtado se entrevistó en Barcelona con Companys para trasladarle que, aun
cuando la sentencia anulara la ley, el presidente Samper estaba dispuesto a
aprobar una nueva versión del texto si se introducían en él unos pocos cambios.
A lo que Companys contestó: "Nada. Estoy dispuesto a todo. Los recibiré a
tiros, si hace falta". Y al preguntarle Hurtado a quién iba a recibir de
este modo, añadió: "A todos los que vengan para apoderarse de la
Generalitat". Para él, había llegado la hora de dar la batalla y hacer la
revolución. Y si resultaba lo peor, o sea, "que Cataluña pierda y que
algunos de nosotros dejemos en ello la vida (...), Cataluña gana, porque
necesita sus mártires que mañana le asegurarán la victoria definitiva".
COMENTARIO: Aquí vale "El Pueblo que olvida su pasado está
condenado a repetirlo" y también "El que no corre vuela".
Lástima del charnego Rufián, que cuando sus padres andaluces aún no habían
nacido, ya había locos como Companys jugando con la gente. No cabe más que se
aplique la Ley, como en 1934 la aplicó el Gobierno (también Democrático) de la
II República. Curioso: En ambas situaciones había barcos en el puerto de
Barcelona. Bien se podría usar uno de ellos para fines parecidos a los de 1934.LA RECORTA…
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