JAVIER ARROYO. Granada 18 SEP 2017: La decisión de Juana de
abandonar Italia, el retraso en la tramitación de su denuncia por malos tratos
realizada en España en vez de en Italia, país donde supuestamente ocurrieron,
así como su desaparición y no entrega de los niños a su padre, la obliga a
defenderse en el ámbito judicial. Arcuri, por su parte, ha planificado un
futuro legal al ataque en Italia. Su estrategia legal parece tener el objetivo
de que Rivas acabe en la cárcel y lo
más lejos posible de los niños. El equipo de la madre, por otro lado,
busca centrar su estrategia en la idea de que ella es una madre maltratada y
que, todo lo que ha hecho posteriormente está justificado por ello y por el
retraso en la denuncia de malos tratos que presentó en España y que ha tardado
más de un año en llegar a Italia.
Fuentes cercanas a Francesco explican que los niños
han recibido ya varias visitas –al menos los dos miércoles anteriores– de estos
equipos sociales. Este juicio no va a ser pacífico para Juana Rivas. Bruno Poli
anuncia cuáles serán sus peticiones al tribunal: además de hacer permanente la
guardia y custodia para el padre, lucharán por conseguir la suspensión de la
patria potestad de la madre así como modificar su derecho de visita, que
quieren que pase de ilimitado a que Juana solo pueda visitar a los niños en
Italia y en presencia de su padre “vista la manifiesta peligrosidad de la
señora Rivas que puede volver a secuestrar a los niños”, cuenta Poli, miembro
también de su equipo legal.
En ese mismo juicio, debe resolverse la manutención de
los niños. Francesco, según sus abogado, pedirá 500 euros mensuales a Rivas. En
definitiva, queda atrás la buena voluntad del primer abogado de Arcuri, Adolfo
Alonso, que sostenía que la entrega de los niños supondría el inicio de una
nueva etapa menos problemática entre el padre y la madre de los menores.
En Granada, mientras tanto, Juana tiene que defenderse
en el juicio penal que se lleva contra ella por sustracción de menores y
desobediencia judicial, consecuencia de una denuncia interpuesta por Arcuri
tras su desaparición a finales de julio y su no comparecencia con los hijos.
Arcuri, desde su llegada a Italia, ha cortado la comunicación entre madre e
hijos. Ante eso, los abogados de Rivas han presentado en Italia una demanda
para asegurar una comunicación diaria entre madre e hijos a través de internet.
A todo eso, la denuncia original presentada hace más de un año en Granada
contra Arcuri por violencia de género y que, tras diversas peripecias
judiciales fue trasladada a Italia apenas hace un mes, no ha tenido aún ningún
trámite conocido en ningún juzgado italiano. Al menos, los abogados de Arcuri
dicen no haber recibido ninguna notificación de juzgado alguno al respecto.
Por su parte, Francesco Arcuri está centrando su
estrategia jurídica en Italia. Arcuri y su equipo sienten que les conviene
batallar allí mientras que su actuación en España será atender los asuntos que
vayan surgiendo a través de un abogado contratado esta misma semana, que es el
tercero desde que todo arrancó.
Así las cosas, lo que se avecina en los juzgados “es
lo más parecido a una batalla”, comenta uno de los miembros del equipo jurídico
de Juana Rivas. Conscientes de ello, ambas partes se han hecho con equipos
legales robustos. Juana ha contado con una abogada de oficio y una asesora del
Centro de la mujer de Maracena en el proceso civil que ya acabó. Un día antes
de su entrega y detención por la Guardia Civil, el 22 de agosto pasado, con el
caso ya convertido en causa penal, contrató un nuevo equipo legal, encabezado
por Juan de Dios Ramírez Sarrión.
Éstos, a su vez, buscan ahora un equipo legal italiano
fuerte para trabajar conjuntamente. Arcuri también pasó el trámite civil
español con un solo abogado. Ahora, en Italia, está representado por cuatro
letrados. Ambos están fuertemente arropados, por otro lado, por grupos que
defienden sus causas. Arcuri por la Asociación italiana de padres de niños
secuestrados y Rivas por numerosos grupos feministas que, además, han iniciado
una petición de fondos por internet para pagar al nuevo equipo legal.
La actuación de los abogados muestra que Arcuri,
aunque tiene ya a los niños consigo, no va a ejercer la compasión que prometió.
Poli ha explicado por correo electrónico a este diario que en este momento, en
la vía penal italiana, solo está viva “la denuncia contra la madre por
sustracción de menores, cuya pena máxima en Italia es de 4 años y suspensión de
patria potestad. No obstante, estamos preparando otro procedimiento contra la
madre por secuestro de los niños”. Según Poli, en el ordenamiento italiano, si
durante el periodo de sustracción de los niños se les ha privado de sus
derechos fundamentales, el delito podría ser el de secuestro, penado de 1 a 10
años de cárcel mientras que el de sustracción es de 1 a 4 años de prisión. Y
eso están valorando ahora.
También está preocupado Francesco por la imagen que se
ha dado de él. Por eso, relata su portavoz, “nuestro equipo penal está
examinando y traduciendo todo lo publicado por internet para identificar
cualquier daño al honor y reputación de Arcuri. Dada la documentación,
necesitamos algunos días para saber con seguridad el número de personas a las
que denunciaremos. Puedo anticipar que ya hemos identificado 6 o 7”. Y tienen
otras 20 bajo observación. En Italia han intentado ampliar la denuncia a lo
emitido y publicado en televisiones y periódicos españoles pero han comprobado
que su legislación no lo permite. Quizá podrían hacerlo en España pero ese no
es ya su terreno.
Además de sustracción y secuestro, a Juana también la
quieren hacer pagar por mancillar la reputación de Francesco. No le perdonan el
relato que ella ha hecho de su vida en Italia, que incluye malos tratos hacia
ella y los niños. “Tendrá que responder al delito de difamación por lo dicho
sobre Francesco. Cualquier condena, además de compensación económica, incluirá
penas privativas de libertad”. En la cárcel y lejos de los niños. Éste es,
según sus abogados, el apabullante presente y futuro penal del caso que busca
Arcuri.
Juan de Dios Ramírez, abogado de Juana en España, sabe
que a estas alturas la situación es difícil para su defendida, pero tiene clara
su línea de defensa. “Juana es una mujer maltratada, víctima de violencia de
género y debería haber sido defendida por la ley. Y no ha sido así. El sistema
judicial español le ha dado la espalda mientras que el italiano ha corrido a
favor de Arcuri. Si la denuncia original por maltrato hubiera sido tramitada
según marcan los convenios y tratados internacionales, nada de lo que ha venido
después hubiera pasado”. Y concluye con el núcleo de su defensa: “A partir de
la violencia de Francesco hacia Juana, cualquier actuación posterior ha de ser
comprendida”.
El caso de Juana y Francesco ha tenido muchas jornadas
tristes. Y alguna delirante. El día que Rivas apareció en el programa de Ana
Rosa Quintana para explicar su vida junto a Arcuri, José Luis Sariego, abogado
en España del italiano emitió un comunicado. Un puro delirio de falsedades en
dos folios. Tanto que ese mismo día, dejó de ser abogado de Arcuri. Un día
después, Sariego informaba que se despedía del equipo de Francesco por
diferencias con él. Bruno Poli, portavoz de Arcuri, explica que, al contrario
de esa versión, “Francesco ha comunicado a Sariego que no lo necesita y no le
ha renovado el poder notarial” necesario para representarlo.
En la nota, Sariego, que decía hablar en nombre de
Arcuri, hacía referencia a una demanda con “una indemnización millonaria contra
12 periodistas y políticas que le han difamado”. Y continuaba: “Entre ellas,
deberán responder ante la justicia italiana, la presidenta de una comunidad
autónoma española”. Poli, desde Italia y con gran enfado, confirma que
presentarán, “en los próximos días”, 6 o 7 denuncias pero “no sobre ninguna
política”. ¿Está la presidenta Susana Díaz, como se ha dicho, en la denuncia?.
“No sé quién es. No hay ninguna denuncia contra ella ni la tenemos prevista”,
responde. Tampoco hay petición millonaria de indemnizaciones porque “no se ha
cuantificado en dinero. Se denunciará y, en caso de ser culpables, se valorará
el daño”.
Otra patraña de la nota de Sariego es que se había
denunciado “la ley de violencia de género española por vulnerar sus derechos y
las de todos los hombres”. Rotundo, Bruno Poli lo niega: “Es totalmente falso”.
Y finalmente, la nota en nombre de Arcuri advertía de
que “por consejo de los psicólogos… era recomendable cortar todo contacto con
aquellas personas [su madre] que los tuvieron secuestrados”. Poli desmiente que
el corte de la comunicación se deba al consejo de los psicólogos.
Sencillamente, no hablan con su madre ahora “porque ella no ha dejado que su
padre tenga contacto con ellos en un año y medio”.
COMENTARIO: Solamente en este país, tiene que cambiar la justicia.
Hay un término en la constitución que dice que todos somos iguales en derechos
y deberes sea entre hombre o mujer, siendo rico o pobre, siendo ciudadano de
una Autonomía u otra, siendo político o no siendo lo.. y yo como persona no lo
veo, los políticos, la justicia española no están cumpliendo el cometido del
78. Y para mi es una vergüenza. Este país necesita mejorar bastante.LA RECORTA…
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