España se ha ido obligando por ley a facilitar la
asistencia religiosa de los militares desde el Concordato con el Vaticano de
1953. De ahí el empleo de fondos públicos, no solo para los curas sino también
para mantener el Arzobispado, la iglesia catedral y el seminario castrenses
además de los templos católicos destinados a este servicio que se llevaron más
de 231.000 euros el año pasado, según la contestación a una solicitud de
información cursada al Ministerio de Defensa a través del Portal de
Transparencia. Los gastos de asistencia en misiones en el extranjero sumaron
40.800 euros.
Una vez que el Estado actualizó en 1979 los acuerdos con
la Santa Sede que recogieron de nuevo la asistencia religiosa
en las Fuerzas Armadas, España no ha parado de añadir normas que han blindado
la religión en los cuarteles en general y de la iglesia católica en particular.
La ley de libertad
religiosa incluyó esta presencia brevemente en su articulado,
pero originó una batería de normativas destinadas a garantizarla. La ley de la carrera militar obliga a crear un Servicio de Asistencia
Religiosa –con mención especial a los católicos y los arreglos con el Vaticano–
y ya previó un régimen retributivo del personal.
El decreto que
finalmente reguló ese servicio tiene 17 artículos de los que
cuatro son genéricos y 13 específicos "para los miembros católicos".
En esa segunda parte se detallan las retribuciones básicas y los complementos
económicos para los capellanes castrenses que, nada más iniciar su ministerio,
rondan los 30.000 euros y llegaron a los 59.800 para el arzobispo militar Juan
del Río en el último ejercicio.
Así que, después de tejerse toda esa red legal, el
Estado destina y paga partidas presupuestarias que, según acredita el
Ministerio de Defensa en su contestación, alimentan especialmente a la
confesión católica (que también recibe un tratamiento especial y diferenciado
en el ordenamiento jurídico).
El Arzobispado castrense calcula que atiende a unas
766.000 personas entre militares, guardias civiles, policías y funcionarios
civiles de Defensa y sus familiares. Todos esos cuerpos suman 284.984
efectivos, según los datos de 2016.
También otras religiones
El Ejército de Tierra mantiene ocho iglesias en sus
regiones militares. Los gastos que cubre el presupuesto abarcan las facturas de
agua y luz, en ocasiones el gas, la limpieza y también trabajos
"correctivos". La Armada por su parte, informa de que sufraga cuatro
templos por valor de 25.400 euros en 2016 que se fueron a mantenimiento
"preventivo y correctivo".
En ese mismo apartado, el propio Arzobispado, que
tiene sede en Madrid y que alberga un seminario llamado Colegio Juan Pablo II,
se llevó 95.915 euros en los que está contabilizado también el mantenimiento de
la iglesia catedral de las Fuerzas Armadas.
Así que la atención religiosa es un derecho reconocido
de los militares y un compromiso al que se ha atado el Estado mediante varias
normas. La situación se extiende a los soldados de confesiones diferentes a la católica pero de una manera
mucho menos pormenorizada en los textos legales.
Los acuerdos entre España y las autoridades
reconocidas de las religiones islámica, judía y evangélica tienen apartados
referidos a los militares. En los tres casos se les reconoce el derecho a
recibir esa asistencia y participar en sus ritos. La asistencia "será
dispensada por los ministros" de su culto "en iguales condiciones que
los ministros de culto de otras Iglesias, Confesiones y Comunidades que tengan
concertados Acuerdos de Cooperación con el Estado", explican. Pero poco
más se dice. Nada de los gastos o remuneraciones que tan detalladamente se
desarrollan en el caso católico.
COMENTARIO: Desde el punto de vista humano, este
despilfarro ni tiene sentido de ser, ni sirve para nada. El Vaticano como
Estado que es, debiera de ser quien corra con los gastos de sus sueldos y
mantenimiento de sus sitios de Culto. España hoy no se puede permitir el lujo
de mantener dos Estados, el español y el Vaticano, mientras ocho millones de
obreros españoles no pueden llegar a fin de mes. El Concordato carece de toda
validez democrática, ya que solo protege a una parte y a la otra la condena de
por vida. ¡¡¡¡España Laica YA!!!!LA RECORTA…
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