Así perdió España el arbitraje de las renovables Rajoy no contestó las cartas, los testigos se contradijeron, los peritos no fueron convincentes y los abogados dieron un vuelco a su estrategia de defensa

 MIGUEL JIMÉNEZ: Madrid 18 MAY 2017:  internacional de las renovables que acaba de perder España. Los peritos tampoco resultaron convincentes frente a los informes "completos y profesionales" de los expertos de la parte demandante. Los abogados del Estado que representaron a España en el proceso del CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, dieron un vuelco desesperado a su estrategia de defensa a última hora. Antes, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había dejado sin contestar las cartas de los inversores en que pedían una negociación. El resultado de todo ello es que incluso el árbitro nombrado por España acabó dando la razón a Eiser y sus socios en su demanda por el recorte a las renovables en sus plantas de energía termosolar. España deberá pagarles 128 millones más intereses. Además, el laudo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, es contundente en su descalificación de la reforma emprendida por el Gobierno de Rajoy y sienta un complicado precedente para los 26 arbitrajes aún pendientes. España fracasó en primer lugar en su intento de que los tres árbitros no entrasen en el fondo del asunto. Presentó numerosas alegaciones negando al tribunal jurisdicción para decidir. Pero los árbitros fueron desmontando los débiles argumentos españoles uno por uno. Así, España defendía que el tribunal carecía de jurisdicción alegando que el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) no se aplica a controversias realizadas en la UE por inversores de países de la UE, aunque no hubiera una cláusula en el tratado que lo dijese. El tribunal responde contundente que "se debe entender que los redactores de tratados llevan a cabo su función de buena fe, y que no establecen trampas para los incautos con significados ocultos y exclusiones implícitas de amplio alcance". Ahí fracasó también la tesis de que cualquier indemnización sería una ayuda estatal ilegal contraria al derecho europeo. Del mismo modo, se frustró el intento de la Comisión Europea de participar en el caso como amicus curiae o parte no contendiente (dispuesta a apoyar las tesis españolas), pues se negó a asumir los costes que su intervención podría suponer.

Los abogados del Estado cuestionaron también que los inversores hubieran realizado realmente la inversión en sentido objetivo, esto es, que aportaran fondos, incurrieran en riesgos y llevaran a cabo una inversión a largo plazo, es decir, que no eran auténticos inversores, Y también alegaron que como accionistas minoritarios, no podían reclamar. Pero el tribunal de nuevo rechaza esas alegaciones.

COMENTARIO: No sé ni por dónde empezar. Un gobierno que atenta contra la seguridad jurídica, uno de los principios claves del Estado de Derecho. Un gobierno que se siente orgulloso de su incapacidad de comunicarse en inglés. Un gobierno que renuncia a prepararse de forma mínimamente sensata para defender sus posiciones. Un testigo principal que ni siquiera se ha leído los informes. Esto es injustificable. Injustificable. Y final, como siempre y para no variar, pagaremos los ciudadanos el favorcito del gobierno a sus amigos de las eléctricas. Y esto por una ley que ya convirtió en nuestro país en el hazmerreír de la prensa mundial. Y encima hay gente que se jacta de seguir votándoles. Por dios, que por lo menos elijan a dedo a alguien capaz de hablar en inglés.

Muy bien. Pero mientras, los contribuyentes españoles a seguir pagando los beneficios a los accionistas y dueños de esas empresas que Zapatero comprometió.LA RECORTA…