Según adelantó El Confidencial, la Fiscalía ha
imputado por el momento a 21 personas. Sin embargo, estas primeras imputaciones
se han realizado durante las diligencias de investigación previas a la
judicialización del caso, por lo que no se descarta que una ampliación, esta
vez por orden judicial, sitúe a nuevos personajes en el caso.
Anticorrupción circunscribe la trama en Valladolid
aunque los parques eólicos de los que obtuvo las comisiones estén repartidos
por varias provincias de Castilla y León. Por ello, el pasado viernes hizo
llegar la querella al juzgado que estaba de guardia en la ciudad, el de
instrucción número 4. A principios de la próxima semana se asignará al
juez que corresponda. A partir de ese momento, según fuentes del caso, el fiscal
Tomás Herránz Sauri, se desplazará a Valladolid para continuar con la
investigación y empezar con las primeras declaraciones de los imputados.
El fiscal coloca como centro de la trama a Rafael
Delgado, que fue viceconsejero de Economía y secretario general de la
consejería entre 2003 y 2011, y que desde 2006, mediante la fórmula
administrativa de la avocación, se hizo con la potestad de adjudicar parques
eólicos, que antes recaía en funcionarios de la Junta.
El fiscal considera que Delgado obligaba a las promotoras
de parques a cederlos a empresas locales, o al menos a permitir una
participación mínima del 40% a estas empresas locales. Si no aceptaban, los
parques no se autorizaban.
La querella destaca varios casos en los que Delgado
actuó de forma ilegal. Uno de ellos es el de la empresa Ibervento, adelantado
por eldiario.es en
el que el empresario no sólo relataba cómo se habían paralizado sus parques,
sino que también alertaba al presidente de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, del "abuso de poder" que se estaba produciendo, y le
solicitaba un encuentro al que Herrera nunca accedió.
Por ser el que, en apariencia, obtuvo mayor beneficio
económico, el fiscal también denuncia a Alberto Esgueva, ex consejero delegado
de la oficina de internacionalización de la Junta, Excal, que dejó su puesto
para asociarse con Iberdrola y dar un pelotazo de 47 millones de euros en una
sola venta.
El socio actual de Esgueva en la empresa constructora
que ha montado en Varsovia, Germán Martín Giraldo, es otro de los imputados
(también lo está en el caso Perla Negra), junto a los
hermanos propietarios de la constructora Collosa, Alejandro, Miguel y Patricio
Llorente. En el momento en que estos tramitaban parques eólicos, entre 2006 y
2007, recibieron adjudicaciones de la Junta de Castilla y León que superaron
los 130 millones de euros. Además, fueron quienes consiguieron la cesión de
explotación de algunos parques como el que se paralizó a Ibervento. Los
Llorente forman también parte del caso de las supuestas comisiones que cobraba
el exdiputado Vicente Martinez-Pujalte, al que pagaron 75.000 euros por
"asesorías verbales".
Entre los imputados están también cuatro altos cargos
de Iberdrola, el delegado en Castilla y León de Iberdrola Renovables, Ricardo
Bravo Sayas, y el director adjunto de la auditoría interna, Rafael Icaza. Ambos
se asociaron con la empresa de Esgueva, San Cayetano Wind, en 2004, y así
obtuvo Esgueva la comisión de 47 millones. Por ser una operación contraria a la
lógica mercantil, el fiscal entiende que el responsable de la dirección de
negocio de Iberdrola Renovables, Pedro Barriuso, tuvo que ser conocedor de la
misma, al igual que ocurre con su sucesor en el cargo, Xavier Viteri.
Eduardo Merigó, presidente de Preneal, otra empresa
dedicada a las energías renovables, también pasó por caja, y cedió gratis a
Esgueva dos parques. Tras una cancelación del acuerdo que reportó a Esgueva 6
millones de euros, los parques antes se autorizaron. A través de otra sociedad,
Cronos Global, Esgueva consiguió otros 7 millones de Preneal.
Decisión inesperada para algunos implicados
La trama eólica salió a la luz en diciembre de 2015
gracias un inspector de la Agencia Tributaria que calculó un mínimo de 110
millones de euros en comisiones ilegales. Anticorrupción lo reduce a 80. Sin
embargo, fuentes del caso no descartan que la cantidad aumente durante la
instrucción de la causa.
El presidente de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, que ha repetido incesantemente que Castilla y León "no está en el
mapa de la corrupción", aseguró este sábado 29 de abril en Lerma
(Burgos) que el caso es "una excepción". "La inmensa mayoría de
los responsables públicos procuramos cumplir siempre la ley, con nuestros
errores y equivocaciones. La corrupción nos hace mucho daño a todos, pero
afortunadamente es una excepción", dijo.
Herrera no quiso reconocer que la investigación
afectaba a personas que habían formado parte de la Junta y se refirió a
"personas individuales y empresas" mientras que afirmaba no conocer
el contenido de la querella y por lo tanto la identidad de los 21 querellados.
Hasta el momento, Tomás Villanueva, consejero de
Economía que se retiró tras estallar el escándalo, no ha sido citado, pero
fuentes judiciales avanzaron a eldiario.es que, aunque fuese como testigo, su
declaración es "inevitable". La querella de Anticorrupción fue una
sorpresa no sólo para la Junta, donde después de dos años se daba el caso por
archivado, sino también para algunos de los investigados que conocieron la
decisión de la Fiscalía a través de una llamada de este diario. Algunos de
ellos habían planeado, incluso, querellarse contra quienes publicaron el caso.
Tanto PSOE como Podemos y Ciudadanos aprovecharon la
situación para criticar la paralización,
desde hace un año y cuatro meses, de la comisión de investigación de este caso.
Las declaraciones dejaron de señalarse cuando el Grupo Parlamentario Socialista
solicitó la comparecencia de Juan Vicente Herrera.
COMENTARIO: Es inaceptable, indigno e insultante el
comportamiento de las eléctricas y sus compinches políticos.
Por un lado los ciudadanos PADECIENDO POBREZA ENERGÉTICA y por otro, los políticos y empresarios VINCULADOS A LAS COMPAÑÍAS ENERGÉTICAS SE ENRIQUECEN a base del saqueo y enriquecimiento personal, sin control..... CON CARGO AL PRESUPUESTO PÚBLICO...LA RECORTA…
Por un lado los ciudadanos PADECIENDO POBREZA ENERGÉTICA y por otro, los políticos y empresarios VINCULADOS A LAS COMPAÑÍAS ENERGÉTICAS SE ENRIQUECEN a base del saqueo y enriquecimiento personal, sin control..... CON CARGO AL PRESUPUESTO PÚBLICO...LA RECORTA…
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