El proyecto se adjudicó a la sociedad Cercanías
Móstoles Navalcarnero (Cemonasa, propiedad de OHL) y Aguirre puso la
primera piedra en 2008. La constructora se comprometía a correr con todos los
gastos de la infraestructura y su explotación, mientras que el Gobierno
regional le pagaría un canon por cada usuario (2,94 euros). La inversión
prevista era de 362 millones. Las previsiones de viajeros de OHL para la línea
superaron con creces las que manejaba el Consorcio Regional de Transportes.
Esperaban contar con 9,7 millones al año, mientras que las cuentas de la
Administración llegaban solo a los 5,1 millones.
Una tuneladora de
17 millones de euros y
10 metros de diámetro comenzó a perforar. Pero en 2010 la concesionaria paró la
obra por “problemas financieros”. La empresa reprochó al Gobierno regional que
no le inyectara los 50 millones que el Ayuntamiento de Móstoles iba a aportar
al proyecto, “según se recogía en el pliego de condiciones”. Otro de los
problemas con los que se topó OHL fue el soterramiento de un túnel, “que
tampoco se contemplaba en el proyecto original”.
Y, como si se tratara de un pacto de no agresión,
nadie avanzaba en la solución, ni la Comunidad de Madrid ni la empresa, y el
ferrocarril seguía varado, ante el asombro y las críticas de los vecinos. El 12
de junio de 2015, con el Gobierno regional de Ignacio González en funciones, la
concesionaria presentó una solicitud de resolución del contrato, alegando
incumplimientos de la Administración.
Pero, con la llegada de Cristina Cifuentes al
Gobierno, la Consejería de Transportes desestimó la petición y emprendió
acciones contra OHL debido al incumplimiento del plazo de entrega fijado en el
contrato. En febrero del año pasado, les impuso
una multa de 34 millones. La
Comunidad pretendía cobrar parte de la sanción con la garantía de 16 millones
depositada por OHL. Esta intentó pararlo, pero el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ha dado la razón al Gobierno regional, según un auto al que ha tenido
acceso EL PAÍS. La constructora ha recurrido la decisión.
En mayo de 2016 la concesionaria se declaró en
concurso de acreedores y
en la actualidad se encuentra en liquidación, por lo que consideran resuelto el
contrato con el Gobierno. Piden, además, una indemnización de 370 millones (320
por la inversión realizada y 50 por supuestos daños y perjuicios). La
Comunidad, por su parte, abrió un expediente de incumplimiento y le reclama 300
millones a la mercantil.
COMENTARIO: Yo
destapé la trama,...Yo soy como esperanza Aguirre... casi la supero. Y hablaban
de Valencia. ¿Cuánto se lleva movido entre lo no controlado, la corona, los
hospitales, la M-30, el despilfarro de relating coff y Madrid y los desahucios y venta
posterior, las autopistas, la ciudad de la justicia, etc., etc.? LA RECORTA…
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