EUROPA PRESS. 01.03.2017: La jueza María Núñez Bolaños ha rechazado imputar a
los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán
en la pieza separada de los cursos de formación que afecta al exconsejero de
Hacienda Ángel Ojeda en relación con los 33 millones de euros que recibieron
las empresas del grupo Prescal para la formación de los ex trabajadores de
Delphi.
La magistrada, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, rechaza así la
petición realizada por la Asociación de Trabajadores de Delphi, a la que se
opuso la Fiscalía Anticorrupción porque "no existen en la causa indicios,
al menos por el momento, de la participación de los anteriores presidentes de
la Junta, por más que los denunciantes puedan alegar sospechas, que de momento
no pasan de simples conjeturas". El fiscal Fernando Soto se pronunció así
ante la petición de la instructora respecto a la posibilidad de acumular en
esta pieza separada una denuncia presentada por la Asociación de Trabajadores
de Delphi, después de que los antiguos empleados hayan recibido a lo largo de
2016 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sendas demandas en las que
se les reclama el reintegro de los subsidios percibidos por desempleo. El
fiscal no se opuso a que se acumulara la denuncia de los extrabajadores de
Delphi a la causa de Ángel Ojeda, que inicialmente había recaído en el Juzgado
de Instrucción número 20, aunque consideraba que la asociación "tan solo
ha de ser admitida como acción popular, por lo que procede la imposición de
fianza". Ahora, y por medio de un auto, la jueza acuerda acumular dicha
denuncia a la causa tras apreciar "posible conexidad" pero aclara que
no será objeto de la misma "un supuesto engaño por representantes de la
administración andaluza a estos trabajadores con ofertas de puestos de
trabajo". Tras recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) ya ha tenido la ocasión de analizar la naturaleza de los acuerdos
celebrados con los representantes de trabajadores en este ámbito, la instructora
establece que "quedará al margen cualquier cuestión suscitada con la
percepción de prestaciones de desempleo por estos trabajadores". Por
último, la magistrada rechaza tener personada como acusación particular a la
Asociación de Trabajadores de Delphi, que "tan sólo será admitida como
acción popular al no considerarse perjudicada por la posible comisión de
ilícito penal, incluso podrían ser beneficiados a título lucrativo del mismo,
sin perjuicio de lo cual, podrían personarse, si así se interesa, como
acusación popular". "Depredación" de fondos En su
escrito, Anticorrupción explicaba que, en esta causa, se investiga "la
defraudación de subvenciones del entramado de empresas, asociaciones y
fundaciones que bien de derecho, bien de facto, regenta Ángel Ojeda", y en
concreto las subvenciones percibidas por el dispositivo Delphi y concedidas por
la Administración andaluza "donde se simularon relaciones laborales
inexistentes, permitiendo con ello de un lado reducir la conflictividad social en
el área geográfica de la Bahía de Cádiz, y de otro lograr que un grupo de
trabajadores incluidos en un dispositivo singular, siguieren percibiendo un
salario con cargo a las subvenciones, sin prestar efectivamente trabajo por
cuenta ajena".
A juicio del fiscal, existen "serios indicios" de que estas
relaciones laborales "fueron simuladas de manera consciente por parte de
la Administración andaluza, incluidos sus consejeros de Empleo que otorgaron
las subvenciones", de lo que se desprende la comisión de presuntos delitos
de prevaricación y malversación de caudales públicos. "A ello ha de unirse
la depredación de esos fondos que realizó el entramado del investigado Ojeda,
con el que, con relaciones jurídicas y entidades ficticias, simulaban las
prestaciones de servicios que posteriormente justificaban ante la
administración", asevera Anticorrupción. Por todo ello, considera que el
objeto procesal de la denuncia de los extrabajadores de Delphi "es
coincidente aún cuando no idéntico al denunciado", advirtiendo de que
"ni los anteriores trabajadores de Delphi ni por supuesto la asociación
denunciante son perjudicados del delito". Así, el fiscal informó a favor
de la acumulación a la pieza de Ojeda de la denuncia de los extrabajadores de
Delphi, si bien puso como condición que "no se altere el objeto procesal
de la misma, a saber, no sería objeto de la misma un supuesto engaño por
representantes de la Administración andaluza a estos trabajadores con ofertas
de puestos de trabajo". Además, puso como segunda condición para unir la
denuncia que "quede al margen cualquier cuestión suscitada con la
percepción de prestaciones de desempleo por estos trabajadores". En esta
causa, están siendo investigados tanto Ángel Ojeda como los exconsejeros de
Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio, que deberá comparecer ante la jueza el
próximo día 27 de marzo.
COMENTARIO: Si eres dirigente político, no hay indicios de delito,
cuesta que se encuentren... En cambio, si eres una persona normal, los indicios
de delito se encuentran por doquier... Vale que los cursos de formación no los
ordenaron los ex presidentes andaluces, pero sí que eran los superiores
jerárquicos más inmediatos del entonces consejero de turno que los puso en
marcha, por lo tanto, algo tenían que saber de lo que estaba pasando y de qué
iba esto... A mí me cuesta creer que un presidente de una comunidad autónoma no
sepa lo que pasa en todas las consejerías, más que nada porque tienen a
personas encargadas de que se les informe de lo que está pasando, a sus
asesores, y por lo tanto, algún tipo de responsabilidad tienen de lo que ha
sucedido... Es que da la sensación que esto ha pasado en otro país o cuando
ellos ya no gobernaban...LA RECORTA…
URL.LA RECORTA (DIRECTO EN CÓDIGO QR)
miércoles, 1 de marzo de 2017
La jueza Núñez rechaza imputar a Chaves y a Griñán en el caso de los cursos de formación La magistrada coincide así con la Fiscalía, que no ve indicios "por el momento" de la participación de los expresidentes. El auto se refiere a la pieza relativa a los 33 millones de euros que recibieron las empresas del exconsejero Ojeda. La petición de imputación de los expresidentes partía de una denuncia de los ex trabajadores de Delphi. La jueza archiva la pieza política de los cursos de formación, que afectaba a 24 ex altos cargos.
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