También han sido arrestados responsables de la licitadora de obra pública del Ayuntamiento de Barcelona, Bimsa y el director general de Fira de
Barcelona y ex cargo del Ayuntamiento, Constantí Serrallonga. Entre
los arrestados está de nuevo el tesorero de CDC, Andreu Viloca,
señalado por la Fiscalía como epicentro de la red de presunta red de
corrupción.
Coordinados por la Fiscalía Anticorrupción y con apoyo
del juzgado número 1 de El Vnedrell (Tarragona), la Guardia Civil también ha
arrestado a responsables de diversas constructoras, sospechosas de pagar
'mordidas' de porcentajes variables a cambio de contratos públicos previamente
amañados de la Generalitat. Con la operación llevada a cabo este jueves se pone
el punto de mira también en contratos emitidos por el Ayuntamiento de Barcelona
bajo el anterior mandato municipal de CiU.
El dinero, según sostiene la Fiscalía, habría acabado
en manos de CDC a través de pagos encubiertos a su fundación afín, CatDem, y
cuya gestión recaía directamente sobre Andreu Viloca.
Anticorrupción acusa a los implicados en la red de los
delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de
influencias, prevariación, financiación ilegal de partidos, blanqueo y
malversación de fondos públicos.
Según han confirmado fuentes conocedoras de la
investigación, entre los empresarios detenidos está el delegado en Cataluña de
Oproler, Josep Manel Bassols, quien ya
fue arrestado en
la anterior fase del 'caso Petrum'. También
ha sido detenido Xavier Tauler, ex consejero delegado de Copisa y también
detenido en fases anteriores; y el Consejero Delegado de Comsa-Corporación,
José Miarnau. Fuentes de esta última constructora puestas en contacto con este
medio sostienen que su directivo únicamente ha sido "retenido" y que
sigue trabajando este jueves "con normalidad".
Todos los arrestados por orden de la Fiscalía han sido puestos en libertad
tras finalizar los registros en sus respectivas empresas.
Siguen siendo objeto de investigación las oficinas del Puerto de Barcelona y la
vivienda personal de Antoni Vives, donde la Guardia Civil ha trasladado a
perros de la Unidad Canina especializados en la búsqueda de billetes.
La Guardia Civil ha realizado desde las 9.15 un total
de 24 registros. Las entradas tenían como principales objetivos las empresas
públicas de infraestructuras, tanto del Ayuntamiento de Barcelona como de la Generalitat. Se trata de
las dos mayores licitadoras de obra de Cataluña, Infraestrcutures.cat y Bimsa,
respectivamente.
Los agentes han entrado también en las instalaciones
de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
Las órdenes de entrada y registro afectan a una decena de empresas mercantiles
como Copisa -una constructora que ya adquirió notoriedad en el caso
Pujol como la
principal pagadora de comisiones al primogénito del ex president- Pasquina; Grupo Soler; Rogasa u Oproler Obras y Proyectos, con sedes en Barcelona, Lleida y Madrid.
La investigación sostiene que las empresas públicas
adjudicaban obras públicas a compañías o a UTES que agradecían las concesiones
pagando a las fundaciones FORUM o Catdem vinculadas a Convergència Democràtica
de Catalunya, partido al que acababa siendo desviado el dinero. Se trataría de
obras cifradas en miles de millones de euros como la de la reforma de la Plaça
de les Glòries; la ampliación del dique del puerto de Barcelona.
COMENTARIO: ¿Y por qué no se empieza por donde ya debieran haber
empezado hace años? Desde que Maragall dijo aquello de El problema que tienen
Udes es el 3% la Fiscalía debiera haber empezado a tomar las medidas
pertinentes.LA RECORTA…
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