El caso denunciado de la Isla de Benidorm, que podría
denominarse -por su singularidad- como un destacado ejemplo de nepotismo franquista, pone también de
manifiesto el talante de sucesivos gobernantes que no se han atrevido, o no han
querido, poner coto a ilegítimos privilegios de sagas y castas, que ejercen
como propietarios de bienes y espacios públicos, llegando incluso a mirar para
otro lado, dejando que estos perpetúen sus privilegios y leguen a sus vástagos
concesiones y adjudicaciones del Estado, que estos mismos políticos les han
concedido por mor a sus atribuciones.
La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, a
instancias de la asociación Costa Blanca Marine, con el apoyo de Ecologistes en
Acció, es la primera acción legal que se emprende desde 1990. En junio de ese
año, siendo Carlos Solchaga ministro de Hacienda de Felipe González, se ordenó
investigar la actividad opaca al fisco por parte de “un restaurante ilegal de
la Isla de Benidorm”, tras recibirse entonces varias denuncias a la delegación
de Hacienda de Alicante.
No sería hasta 2004 cuando el Ministerio de Medio
Ambiente, a cuyo frente se encontraba la ministra socialista Cristina Narbona,
prestara atención a la ahora denominada “Isla
Pirata” para intentar su
recuperación, ya que legalmente la ínsula es propiedad del Estado y no del
municipio de Benidorm.
La investigación iniciada por el Ministerio de Medio
Ambiente partió de una denuncia. La intención del ministerio entonces era
revertir la ocupación, investigar tanto las construcciones ilegales como las
actividades empresariales opacas montadas en torno a la isla y cuantificar los
daños medioambientales causados. Exactamente lo mismo que ahora trece años
después persiguen los denunciantes ante la Fiscalía de Medio Ambiente.
A tenor de la documentación obrante que tanto el
Ayuntamiento de Benidorm como la Generalitat Valenciana -bajo la presidencia de
Francisco Camps-, ambos en manos del Partido Popular en aquellas fechas,
prestaron muy poca colaboración limitándose a “cuestiones básicas” a los
requerimientos del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Los denunciantes de 2004 fueron los empresarios David
de Haro, junto a su padre, Juan Carlos de Haro, propietarios de Mundo Marino de
Denia. En su denuncia pusieron de manifiesto a la ministra Narbona que “el
ocupante de la isla, José Cervera, había creado un monopolio ilegal que impedía
la libre empresa a terceros, habiéndose apropiado ilegítimamente de la isla y
de su puerto, recibiendo un trato privilegiado por parte de los funcionarios de
Puertos y Costas con adjudicaciones de rutas marítimas técnicamente perpetuas,
ya que nunca salen a concurso”. La denuncia
La denuncia sobre la que ha empezado a trabajar la
Fiscalía de Medio Ambiente fue registrada el pasado 19 de diciembre de 2016 en
Valencia, por Jorge Palacios, presidente de la asociación Costa Blanca Marine,
que reúne a un numeroso grupo de pequeños empresarios y trabajadores autónomos
de actividades náuticas, turísticas y subacuáticas de la costa valenciana.
Los hechos denunciados ante la Fiscalía lo son por
delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, “en defensa del
ecosistema de la Isla de Benidorm, en el entorno del Paraje del Parque Natural
de la Serra Gelada, declarada como zona de especial protección ambiental por el
Decreto 58/2005 del 11 de marzo del Consell de la Generalitat Valenciana y en
defensa del medio ambiente, así como de prácticas corruptas y tratos de favor
en el favorecimiento y omisión de medidas al respecto”.
Según Costa Blanca Marine la denuncia ante Fiscalía es
consecuencia de los oídos sordos de la Consellería de Vivienda y Obras Públicas
de la Generalitat Valenciana “a la que hemos denunciado reiteradamente esta
situación, tanto de la isla, como de las adjudicaciones, los tratos de favor y
amiguismo por parte la de los altos funcionarios de puertos y costas que llevan
ocupando sus cargos a dedo desde hace más de 25 años”.
La denuncia va dirigida contra “los promotores,
propietarios, constructores, técnicos y directores del Complejo de Restauración
que gestiona el jubilado y pensionista D. José Cervera Rodríguez, denominado
“Restaurante L´illa” ubicado en la Isla de Benidorm, incluida y definida como
zona de especial protección ambiental, dentro del Parque Natural de la Serra
Gelada y contra las autoridades o funcionarios públicos que, a sabiendas de su
injusticia, bien por acción o por omisión, hayan informado favorablemente para
la construcción y funcionamiento de la citada instalación, hayan permitido la
obtención de las correspondientes licencias o no hayan realizado las acciones
necesarias para restituir el orden legal”.
Esta denuncia convertida en Diligencias de
Investigación 417/2017, que ha sido trasladada a la Fiscalía de Denia-Benidorm
por tener sede la Fiscalía de Medio Ambiente, conllevará también la
investigación patrimonial de José Cervera -y familia-, amigo personal y
familiar de Eduardo Zaplana, tras décadas sin pagar impuestos por su negocio de
restauración montado sin autorización alguna en la Isla.
Una parte clave de esta denuncia lo representa el
informe de investigación realizado por la agencia Detectives Distrito 46 a lo
largo del pasado verano-otoño en el que se pone de manifiesto en más de 200
folios y anexos documentales y video gráficos que el empresario José Cervera y
su familia no solo han construido un espacio de restauración ilegal en una isla
protegida, sin los correspondientes permisos -que por otro lado sería imposible
conseguir al tratarse de un paraje de especial protección-, sino que no han
hecho nada por mantener el mínimo respecto al medio ambiente.
Según el informe de la agencia de detectives es fácil
ver “ruedas de vehículos, garrafas de productos tóxicos, somieres, tuberías,
ladrillos, ropa tendida, plásticos, etcétera, lo que contraviene cualquier
directriz de higiene y seguridad en un entorno protegido”.
Asimismo, añade el informe de los detectives que “se
vierte agua sin depurar al mar y se bombea agua del mar para el uso particular
de un establecimiento hostelero”. El informe incluye entre otras muchas
fotografías de sendos motores diésel de gran tamaño, donde se observan charcos
de aceites y combustibles que empapan el entorno del restaurante.
Preocupación en Compromís y Podemos
La diputada autonómica y portavoz de Compromís en la
Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio, Graciela Ferrer,
ha manifestado a Publico que “ante las informaciones que denuncian la
existencia de actividades hosteleras y turísticas irregulares en la Isla de
Benidorm –incluida en el Parque Natural de la Sierra Gelada- así como
irregularidades en la gestión de los amarres en el Puerto de Benidorm, desde el
Grupo Parlamentario Compromís pediremos información a las administraciones
competentes en relación con los hechos denunciados y las actuaciones que, en su
caso, se estén llevando a cabo”.
“Así mismo -señalada la diputada- pediremos tanto al
Consell como al Gobierno central que tomen todas las medidas oportunas para
garantizar la protección del patrimonio natural y que las actividades
económicas que puedan desarrollarse en este entorno protegido se ajusten
estrictamente a la legalidad vigente”.
Por su parte Antonio Montiel, secretario general de
Podemos en el País Valenciano y portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en
Les Corts Valencianes, ha manifestado a este diario que “ante los hechos
denunciados y que ha comenzado a investigar la Fiscalía formularemos preguntas
parlamentarias al Consell y a través de nuestros diputados y diputadas en el
Congreso, también trasladaremos al Gobierno estatal este asunto en función de
sus respectivas competencias en la materia”.
COMENTARIO: Es que por debajo del "entarimado
democrático" y todo el lustre que se le quiera dar, en este país hay mucho
del "antiguo régimen", en todas partes y esferas. Entiendo que parte
de esta responsabilidad la podemos tener todos, pero unos más que otros. Si en
su momento, entiéndase los primeros años de la "democracia" y sobre
todo durante el periodo "socialista" se hubiese querido, muchas de
las lacras que aún se arrastran ahora, ya no existirían.LA 
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