Es el montante actual del llamado déficit de tarifa, un artificio creado
en tiempos de José María Aznar para evitar que la inflación
dificultara la entrada de España en el euro. Si se dividen esos 23.000 millones
por el volumen de población, resulta una deuda por habitante superior a los 500
euros.
El déficit de tarifa, puesto en marcha por Rodrigo Rato cuando era vicepresidente del
Gobierno, es la diferencia entre los derechos de cobro reconocidos a las
eléctricas y lo que pagan los consumidores. En teoría, si los precios fueran
libres, no tendría por qué haber diferencia, ya que los proveedores
trasladarían todos sus costes al recibo de la luz. Sin embargo, en 2002 se prohibió que las tarifas
subieran más que el IPC, bajo promesa de compensar a las compañías cuando las
circunstancias lo permitieran.
Durante años, también bajo el mandato de José Luis
Rodríguez Zapatero, el déficit de tarifa fue creciendo como una bola de nieve,
hasta acercarse en 2013 a los 30.000 millones de euros. Entonces, siendo ministro de Industria José Manuel Soria y secretario de Estado de
Energía Alberto Nadal, se introdujo una reforma del sistema eléctrico que permitió invertir la tendencia.
Como consecuencia de ello, durante 2014, 2015 y 2016 hubo sucesivos superávit,
que se destinaron a cubrir parte del déficit acumulado. En 2015 y 2016, la
reducción fue de 1.900 millones de euros anuales, lo cual significa que, a ese
ritmo, haría falta más de una
década para acabar con el agujero, siempre que entretanto no se produjera
ningún sobresalto.
Mientras, los consumidores seguirían pagando todos los meses un
poco más de los derechos de cobro reconocido a las eléctricas, aparte de seguir
avalando los títulos de deuda emitidos por ellas para financiar el agujero, que
cuentan con la garantía del Estado y generan unos intereses de 900 millones al
año.
De todas formas, los costes de la energía son sólo una
parte del recibo de la luz, en el que se cargan también los derivados de la
distribución, el transporte, la moratoria nuclear, el fomento de las energías
renovables y las compensaciones por el suministro extrapeninsular, así como los
impuestos. Eso explica que España sea uno de los países con la electricidad más cara de toda la Unión Europea,
sin desdeñar los efectos de un sistema oligopolístico de fijación de precios,
donde no reina precisamente la transparencia.
COMENTARIO: Gracias a
los políticos que privatizaron todas las empresas rentables y han convirtieron
en públicas todas las empresas con deudas, ahora debemos decenas de miles de
euros cada español. De aquellas privatizaciones vienen estos lodos. Cuando
un sector fundamental se deja en manos de especuladores, es lógico que pase
esto. Pero éste es el "sistema", que unos poquísimos nos sigan
expoliando a la gran mayoría. Enhorabuena y a disfrutar de lo votado.LA RECORTA…


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