Con la renovación de este servicio se da continuidad a una controvertida experiencia que se
inició en 2013 en 21
centros penitenciarios, y que en octubre de 2014 se amplió al resto de las
cárceles entre las quejas de sindicatos policiales y de funcionarios, que
advirtieron del inicio de una «privatización» en toda regla, ya que el plan
original prevé una tercera y definitiva fase que, en principio, supondría
la sustitución de empleados públicos por guardias privados.
«Refuerzo», no sustitución
En defensa de este modelo, el Ministerio entonces
dirigido por Jorge Fernández Díaz, argumentó sin embargo que se trata de un
«refuerzo», que además ofrece un modo de recolocación a los escoltas que habían
presentado servicio en País Vasco y Navarra durante la amenaza terrorista, lo
que a su vez permitiría trasladar a los miembros de la Policía y Benemérita a
labores de seguridad ciudadana. La aprobación el 4 de abril de 2014 de la Ley de
Seguridad Privada proporcionó el soporte legal necesario para
llevar a cabo esta nueva práctica.
De acuerdo con las condiciones impuestas por el
Estado, a los vigilantes corresponderá, además del mencionado control
perimetral de las prisiones, el de los acceso -que desarrollarán «con armas de
fuego»-, la observación de los circuitos cerrados de televisión y de las
alarmas, incluida la correspondiente comunicación a los responsables
policiales. Habida cuenta de las particulares características de la prestación, el
concurso se ha ejecutado por un sistema «negociado sin publicidad» -esto
es, por invitación, a once firmas en este caso-, y la que ha resultado ganadora
de tres de los cuatro lotes en que se dividieron los centros penitenciarios
españoles ha sido Ombuds, compañía que ya se ha ocupado de la seguridad
auxiliar en ministerios como los de Defensa o el de Interior, departamento
este último al que también ha suministrado escoltas para altos cargos. Solo un
conjunto de cárceles -Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra-
ha sido adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) constituida por
Coviar, Sabico y Prosetecnisa.
La cantidad de 34,6 millones de euros figura como la
suma máxima que el Estado pagará por los servicios recibidos, si bien el
desembolso real se calculará en función de una tabla de «precios unitarios» que
prevé abonarentre 13,03 y 30 euros netos por hora de trabajo, en función
de en qué prisión se desempeñe el puesto, si requiere o no portar armas, si
necesita ser cubierto 12 o 24 horas al día o si se realiza en fines de semana.
Habida cuenta de que el Consejo de Ministros estimó
que este servicio implicará «más de 900 puestos de trabajo», el cálculo apunta
a que el coste por vigilante -que no su sueldo final- estará en unos
36.000 euros al año, una cantidad que los sindicatos denunciaron que supera lo que
representa pagar a un funcionario.
COMENTARIO: La Seguridad
del Estado no puede ponerse en manos privadas. Como sea la
gaucha Prosegur, se va inflar de millones de euros, y
así dejará de denunciar todo los días a Correos por "competencia
desleal". A ver si nos privatizan a los políticos, para que
nos salgan más baratos.LA RECORTA…
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