El Gobierno teme este escenario,
porque la fragmentación parlamentaria anticipa, en su opinión, una guerra de
guerrillas de final incierto. El Partido
Popular no ve clima favorable para el consenso y vaticina que, al final, el nuevo
texto constitucional no lograría, ni de lejos, el respaldo ciudadano de 1978 y,
además, destaparía una clara división del voto por territorios, «terreno
abonado para las reclamaciones de independencia» y puerta abierta para el «fin
del principio de soberanía nacional”. El segundo miedo que campa en el Gobierno
es a la precipitación. Desde el PP se intenta convencer al PSOE para que no
presente su iniciativa hasta que tenga resueltos sus problemas internos. Una
vez celebrado su congreso, con una dirección definitiva en Ferraz, sería el momento más
apropiado. Los trabajos de la subcomisión con múltiples comparecencias de
expertos, catedráticos, representantes de la sociedad civil, del mundo
económico, peticiones de informes y debates varios podría así desembocar en una
nueva etapa, a celebrarse ya en el seno de la propia Comisión Constitucional,
de redacción de borradores y propuestas, mediada la legislatura.
Los datos
del 78
La reforma, que
sin duda sería agravada, requeriría de la disolución de las Cortes, la
celebración de elecciones y la posterior convocatoria de un referéndum, lo que
aconseja hacerla coincidir con el final natural del mandato. Hace 38 años, la
Carta Magna obtuvo un respaldo en referéndum del 87,78% de los votantes, lo que
significaba el 58,97% del censo electoral. Andalucía,
Canarias, Murcia y Cataluña
fueron las comunidades más entusiastas. Un 90,46% de los votantes catalanes
dijo sí al texto constitucional. Ante un nuevo proyecto, sospechan en el
Gobierno, el porcentaje sería muchísimo menor -poco más del 30%, afirman- y
sobre todo la participación, que entonces fue del 68% y ahora podría quedar muy
por debajo del 50%.
Algo similar
podría suceder en el País Vasco,
la comunidad que mostró más recelos ante la Carta Magna. En 1978 el sí se
impuso con un 69,11%, una meta a la que ahora no se llegaría en ningún caso. La
reforma de la Constitución que ahora plantean desde diversas ópticas y con
distintos fines los partidos políticos, requeriría en cualquier caso de un
procedimiento complejo porque, bien por unos o por otros, afectaría a las
partes blindadas del texto actual.
Es decir, al
Título Preliminar que establece los fundamentos esenciales del Estado
(soberanía nacional, unidad, igualdad entre españoles y forma política); al
capítulo II, sección primera del Título I, que recoge los derechos fundamentales
y las libertades públicas; o al Título II, que versa sobre la Corona.
PARTES
A DEBATIR
Título Preliminar. Establece
los fundamentos esenciales del Estado: soberanía nacional, unidad, igualdad
entre españoles y forma política.
Título I. El
capítulo II de la sección primera recoge los derechos fundamentales y las
libertades públicas.
Título II. Versa
sobre la Corona. En este caso, se cuestiona la prevalencia del hombre sobre la
mujer en la sucesión.
Título VIII. Recoge
la organización territorial del Estado, es decir, el Estado de las Autonomías.
Con la
aspiración del PSOE de
incluir la sanidad como derecho fundamental a imagen y semejanza de la
educación se entraría en el ámbito especialmente protegido del Título I. O
suprimiendo la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la
Corona (Título II).
Serían, sin
embargo, Unidos Podemos y el PNV los
partidos que intentarían provocar los cambios más radicales, porque sus
propuestas inciden de lleno en el Título Preliminar que enumera los pilares del
Estado. Los primeros, de hecho, pretenderían no una reforma de la Constitución,
sino un proceso constituyente, es decir, redactar una Carta Magna nueva. Su
objetivo es desatar una operación de asalto sobre el texto de 1978.
Su esencial no
les vale para «construir el país nuevo» al que aspiran y que, para empezar,
requeriría sustituir la actual forma política de monarquía parlamentaria por la
de república, que sería «laica, federal, sostenible, igualitaria,
participativa, solidaria y garante de los derechos y libertades». Toda una
filosofía que carece sin embargo, hasta el momento, de concreción.
En el caso del
nacionalismo vasco, sin llegar ni de lejos a las aspiraciones de Podemos,
plantean también la revisión del principio que establece la indisoluble unidad
de la nación. Su objetivo sería «flexibilizarlo». En su proyecto, debería
quedar meridianamente claro que el Estado es «plurinacional». No obstante,
dadas las peculiaridades del País
Vasco (concierto económico) su apuesta es por un sistema
confederal.
Una de las
partes de la Carta Magna más necesitada de revisión en opinión de las fuerzas
parlamentarias es el Título VIII, que versa sobre la organización territorial
del Estado. Es un apartado, sin embargo, que podría modificarse sin necesidad
de activar la complicada maquinaria que requieren las llamadas partes
blindadas. El Título VIII es, en opinión de los más destacados catedráticos de
Derecho Constitucional, un «galimatías» que necesita de una profunda
remodelación.
La necesidad de
su reforma casi nadie la discute, pero desde el Gobierno se recuerda que fue
uno de los capítulos que más dificultades provocó en el 78, porque dibujó un
modelo peculiar que de hecho sólo existe en España: el del Estado de las
Autonomías. Cerrarlo acarreará problemas, según el PP, si bien admiten que, aún cuando el
sistema haya sido un «éxito», más pronto que tarde habrá que aclarar la
división competencial para poner fin a continuas fricciones. Eso sólo se hace,
avisan, partiendo de «la lealtad institucional» y de una visión de España «como
conjunto», que ahora no se percibe.
COMENTARIO: La constitución de cualquier país es la base para que
la ley el orden cuide de sus ciudadanos y sus intereses y por lo tanto exige de
un entendimiento entre los diferentes, esto quiere decir que la constitución
solo debe cambiarse en épocas de estabilidad y entendimiento, jamás en épocas
convulsas y de enfrentamiento como es la actual. Es tiempo para decir que se
quiere hacer, para proponer, para hablar y tantear y los cambios para una
futura época de consenso.LA RECORTA…
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