Este coste de nacionalizar una decena de autopistas de
peaje equivale a 50 euros por ciudadano y, si el Gobierno no lo remedia, supone
el 45% de los ingresos extra que prevé recaudar este año con la subida de
impuestos. En el Ejecutivo desmienten que el coste vaya a ser superior a los
5.000 millones como el esgrimido por la asociación de grandes constructoras Seopan y
lo limitan a los mencionados 2.100 millones, aunque el objetivo del Ejecutivo
es doble. Por un lado, intentar evitarlo o reducirlo con un acuerdo en los
próximos meses con los concesionarios y acreedores. Por otro, buscar fórmulas
para que, en caso de rescate inevitable, no compute en el déficit del Estado de
este año para no comprometer el compromiso con la Unión Europea.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se ha
negado a calificar de rescate esta operación, porque técnicamente no lo es. No
es una decisión discrecional como en el caso del rescate bancario para
evitar males mayores, sino que es una exigencia legal de Responsabilidad Patrimonial
de la Administración al haberse comprometido a ello en su momento si quebraban
las sociedades a las que concedió la explotación del servicio. Fuentes
oficiales del Ministerio de Fomento sostienen que, además, es «prematuro» fijar
una cifra definitiva. «El procedimiento para determinar la Responsabilidad
Patrimonial de la Administración es complejo, dado que se deben tener en
consideración distintos aspectos como las inversiones realizadas en
expropiaciones, obras y bienes adquiridos», señalan.
600 millones de euros
De la Serna comparecerá hoy en el Congreso de los
Diputados a petición del PSOE para dar explicaciones sobre tamaño problema para
el Estado, pero el ministro tiene previsto resaltar que el Gobierno socialista
concedió ayudas públicas de 600 millones de euros durante la etapa de José
Luis Rodríguez Zapatero.
Según un informe oficial de Fomento, los ministros Magdalena
Álvarez y José Blanco otorgaron entre 2008 y 2011 un total de 483 millones
a través de los llamados préstamos participativos, que financiaban sobrecostes
de expropiaciones. También comprometieron 80 millones adicionales a través de
la llamada Cuenta de Compensación para amortiguar la caída del tráfico. Además,
en paralelo, autorizaron «subidas de tarifas de peaje e incrementos de plazos
concesionales aprobados». Con todo ello se ganó tiempo pero no se solucionó el
problema de fondo.
Las autopistas de peaje que se encuentran actualmente
en liquidación o quebradas son las cuatro radiales de Madrid: la Madrid-Toledo,
la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera y la M-12 Eje Aeropuerto.
El mandato judicial consiste en que antes del próximo mes
de julio Fomento deberá asumir ya dos de ellas, las R-3 y
R-5 de Madrid. Esta carrera de quiebras no sólo debe a la caída
del tráfico desde el estallido de la crisis, que ha llegado a ser un 50%
inferior al previsto.
Ha habido un cúmulo de errores de planificación
durante, principalmente, los años 1998 a 2004 -siendo presidente del Gobierno, José
María Aznar, y en tiempos de Francisco Álvarez Cascos como ministro
de Fomento- que han pasado ahora factura. Las principales constructoras se
convirtieron en accionistas, creyendo que obtendrían un negocio seguro por
doble vía: los ingresos de la autopista y su propia construcción; y los bancos
y cajas de ahorros también entraron como accionistas para asegurarse el negocio
financiero.
Planes económico-financieros
Los erróneos planes económico-financieros de las
diferentes concesiones -principalmente los de autopistas de peaje paralelas a
las gratuitas- unidos a los sobrecostes de expropiaciones y los modificados de
obra han minado la solvencia de las concesonarias.
«Solo entran en las de peaje los que se equivocan»,
ironiza habitualmente la ex ministra de Fomento, Ana Pastor, que intentó
en vano en sus tres últimos años en el cargo un acuerdo con concesionarias,
acreedores y constructoras para que cedieran gratis las autopistas con quitas
del 50% en la deuda acumulada superior a los 5.000 millones.
El intento de acuerdo se complicó por desavenencias
internas en el propio Gobierno entre Fomento, Hacienda y el Ministerio de
Economía. Además entre tanto se ha dificultado la interlocución, porque el
Santander, BBVA, CaixaBank y resto de acreedores se han ido desprendiendo de su
deuda vendiéndola con descuento a fondos buitre. En el entorno de la ex
ministra aseguran que también se abre una oportunidad porque los fondos buitre
han comprado la deuda con tanto descuento que incluso con una quita ganarían
dinero. Pastor cree que se ha interpretado mal lo que dijo en 2013 de que el
rescate de las autopistas no costaría un euro al contribuyente, porque lo dijo
en su momento "en el entendido de que hubiera acuerdo, no de que quebraran
las autopistas", aseguran en su entorno.
El presidente de Seopan, Julián Núñez, se ha quejado
por su parte desde 2014 en la falta de agilidad del Ministerio de Fomento para
resolver este problema permitiendo que las autopistas fueran entrando
paulatinamente en quiebra. Éste incide en que uno de los factores del declive
fue el coste de las expropiaciones previsto en 400 millones y que terminó
llegando a 2.200 millones.
COMENTARIO: A ver si lo
he entendido, bancos (rescatados y antes forrados por la burbuja inmobiliaria)
y constructoras (forradas por la burbuja) creen que se van a forrar con las
autopistas, pero los españoles, que no tienen dinero no las utilizan y
quiebran, y el estado las rescata, ósea que se las compra con el dinero que le
ha quitado a los españoles en la infinidad de impuestos que están obligados a
pagar, Yo el mal negocio no lo veo por ningún lado, aquí los únicos que van a
quebrar un poco más son los mismos de siempre creo yo.LA
RECORTA…
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