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miércoles, 10 de agosto de 2016
LAS NEGOCIACIONES PARA FORMAR GOBIERNO Parte de la ejecutiva del PP que votará el plan de Rivera está salpicada por corrupción El ex presidente Ignacio González, investigado por su ático, o Rita Barbera, para la que el juez pide cargos por blanqueo, forman parte del comité de los populares
Madrid 10 AGO 2016: Dos imputados son el ex presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González y la ex consejera de Educación en esa comunidad, Lucía
Figar. Al filo de serlo, la senadora Rita Barbera, a la que apunta
la Fiscalía en la operación Taula y para la que el juez de Valencia pidió la
imputación por blanqueo. "No tengo ninguna noticia oficial de ningún
acuerdo y no tengo nada que comentar", ha dicho Rita Barbera al final de
la reunión entre los líderes de PP y Ciudadanos, informa Ignacio Zafra. Es una de los 28 vocales electos de la ejecutiva nacional de los
populares.
Respecto
a Ignacio González, una juez de Estepona investiga cómo adquirió el ático
de lujo que tiene en este municipio de la Costa del Sol junto a su esposa,
Lourdes Cavero, también citada como investigada. En este caso, se investigan
presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho.
La situación de la ex consejera Figar está relacionada
con la trama Púnica, que investiga el supuesto cobro de mordidas por la
concesión de contratos públicos por valor de al menos 250 millones de euros desde
el año 2012 hasta la actualidad.
Otro de los miembros que deberá validar la
lista de condiciones de Rivera es el ex diputado Vicente Martínez Pujalte,
denunciado por la Fiscalía por los delitos de falsedad y cohecho, presuntamente
cometidos mientras era parlamentario por los presuntos pagos que
recibía de una constructora que contrataba con la Administración pública.
El ex presidente regional de Murcia y actual
eurodiputado Ramón Luis Valcárcel, que también forma parte de la ejecutiva
nacional, ha sido señalado recientemente por una juez por familiares en el caso Novo Cartago de supuesta
corrupción urbanística en la recalificación de terrenos cercanos al Mar Menor.
El ex ministro de Sanidad y actual candidato
a la presidencia del Gobierno vasco por el PP, Alfonso Alonso, está también
salpicado por un caso de presuntas irregularidades. La
instructora del Tribunal de Cuentas le impuso en 2015 a él y a la corporación que le
acompañaba en la alcaldía de Vitoria una fianza de medio millón de euros que
debía pagar de forma solidaria (unos 50.000 euros) por el
contrato de alquiler de unas oficinas que firmó el Ayuntamiento del PP con un conocido empresario, por 20 años y triplicando
el precio de compra del local.
El ex consejero de Economía de la
Generalitat valenciana, Gerardo Camps, que ahora es diputado, también tiene
sobre sí la sombra de la sospecha. Cuando ejercía como consejero, entre 2007 y
2011, gastó
511.000 euros en restaurantes, según han revelado recientemente el PSOE en
el gobierno valenciano. Dos testigos del caso Nóos lo
han vinculado con la contratación de la trama.
COMENTARIO: Mariano Rajoy, es el jefe de una de las
organizaciones criminales más potentes de Europa,…
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