Murcia 18 MAY 2016: Agentes de la Guardia Civil se
encuentran desde primera hora de este miércoles en la Concejalía de Urbanismo
del Ayuntamiento de Cartagena en busca de información sobre la desalinizadora
de Escombreras, para intentar esclarecer una supuesta trama de corrupción
montada en torno a esta instalación, por cuya explotación la Comunidad Autónoma
se comprometió a pagar 600 millones de euros. Los agentes, pertenecientes a la
Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo de Madrid,
se han personado de paisano en estas dependencias y han solicitado la licencia
de obras y la licencia de actividad de la planta desalinizadora. El alcalde de
Cartagena, José López, también tiene las competencias del área de Urbanismo e
Infraestructuras.
Fuentes del propio Consistorio han señalado a EL PAÍS
que López ha estado presente al comienzo del registro y que tanto él como todo
el Ayuntamiento “están colaborando desde primera hora de la mañana y a
disposición de todo cuanto se nos requiera en el marco de esta investigación”.
Supuesta trama de corrupción
El de este miércoles es el segundo episodio de una
operación desarrollada a instancias del Juzgado de Instrucción número 5 de
Murcia y que comenzó este martes con los registros de la propia planta de
Escombreras y del despacho en Murcia de Andrés Arnaldos, abogado de la sociedad
pública de la Comunidad Autónoma De saladora de Escombreras.
La misma responde a la querella admitida a trámite en
2015 por el fiscal de Urbanismo y Delitos Medioambientales, José Luis Díaz
Manzanera, en la que se investigan los supuestos delitos de malversación de
fondos públicos, fraude o administración desleal, entre otros.
Díaz Manzanera comenzó a investigar tras la denuncia
del abogado murciano Diego de Ramón, que aportó a la Fiscalía el primer informe
del Tribunal de Cuentas de 2010. El propio De Ramón ha afirmado que se trata
del "mayor escándalo de corrupción" de la Región de Murcia, al
suponer un "agujero de 600 millones de euros de deuda para la Comunidad y
representar un gasto que oscila entre los 40.000 y los 70.000 euros diarios a
las arcas del Gobierno regional". El letrado reprocha que ACS, la empresa constructora,
pidió un préstamo y la Comunidad Autónoma lo subrogó.
De hecho, la Comunidad ha pagado hasta ahora 90
millones a la propietaria y debe unos 35 de pagos atrasados, según informó el
interventor general de la Comunidad, Eduardo Garro, ante la recién creada
Comisión de Investigación en el Parlamento regional murciano, que también
analiza este asunto.
Por otra parte, no hay que olvidar el vídeo grabado
por un proveedor de la empresa encargada del mantenimiento de la de saladora, Teda
gua —también perteneciente al grupo ACS—, y revelado por EL PAÍS, donde se ve a
un empresario entregar 4.500 euros para intentar agilizar el cobro de sus
facturas.
En virtud de la Comisión de Investigación de la De
saladora de Escombreras han declarado ya los expresidentes regionales Ramón
Luis Valcárcel y Alberto Garre; el exconsejero y exdelegado del Gobierno
Joaquín Bascuñana; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura,
Miguel Ángel Ródenas; la exministra Cristina Narbona; o el expresidente de la
Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudez, entre otros.
COMENTARIO: Acabo de
publicar que la deuda pública de nuestro País ha crecido y superado, por
primera vez en un siglo el 100% del PIB, porque las administraciones publicas
acumulan deudas por valor de 1,095 billones de euros. Y luego hay
que soportar al ministro del Anterior, diciendo que la corrupción "es cosa
del pasado". Hay que tener cuajo para soltar semejante insulto a la
inteligencia del votante. Y nos siguen robando, despierta ¡España por favor!
Luego pasa lo que pasa.LA RECORTA…
No hay comentarios:
Publicar un comentario