La Fiscalía de Madrid pide 3,6 años de cárcel y diez
de inhabilitación en el cargo, por un delito de prevaricación urbanística
continuada, para el actual alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría
(PP), población al norte de Madrid de casi 50.000 habitantes. El fiscal acusa a
Santamaría (el regidor que ofició en julio pasado la boda del exministro José
Ignacio Wert y Monserrat Compendio y que asesora en asuntos taurinos a la
presidenta de Madrid Cristina Cifuentes) de conceder licencias de obras saltándose
los informes técnicos y jurídicos en numerosos expedientes urbanísticos.
También pide cárcel para el anterior regidor y otros diez ediles, todos del PP.
La Fiscalía
ha descubierto que las juntas de gobierno del PP de las tres últimas
legislaturas en Colmenar han estado conchabadas para dar licencias de obras
plagadas de ilegalidades a diferentes constructoras. Por eso, pide, también por
prevaricación, otros dos años de cárcel para el anterior alcalde y exdiputado
de la Asamblea de Madrid José María de Federico, y penas de entre dos y 3,6
años para otros diez concejales y exconcejales del PP de Colmenar, la más
importante población al norte de la capital. Todos ellos, según el fiscal, “por
ponerse de acuerdo durante los últimos diez años para otorgar licencias de
forma muy reiterada, especialmente de primera ocupación, a distintos
promotores, pese al incumplimiento de la normativa urbanística” y a sabiendas
de que los técnicos las informaron “desfavorablemente”.
El fiscal asegura que durante los últimos diez años,
estos dos alcaldes y diez concejales han
perpetrado una auténtica “apología de la prevaricación” en la concesión
de 16 licencias urbanísticas otorgadas en contra de los informes técnicos y
jurídicos municipales. La fiscalía describe toda una retahíla de "graves
infracciones urbanísticas" y pide a la juez que ha investigado durante
tres años los hechos, que siente a todos ellos en el banquillo para que respondan
de esos delitos ante un juzgado de lo penal de Madrid.
La juez instructora ha abierto ya juicio oral contra
ellos al entender que los acusados “otorgaron 16 licencias urbanísticas” desde
2006 pese a las “claras” advertencias de ilegalidades expuestas por los
técnicos municipales, explica la magistrada Alicia Barba de la Torre, del
Juzgado de Instrucción 3 de Colmenar Viejo. Según el fiscal, las sucesivas
juntas de gobierno de los últimos diez años en Colmenar otorgaron estas 16
licencias contraviniendo el planeamiento urbanístico y guiado por una total
arbitrariedad en la toma de decisiones. A unos constructores les permitían
alturas de edificaciones superiores a otras, retranqueos ilegales, y daban
licencias de primera ocupación a promociones de casas plagadas de
irregularidades y sin exigirles subsanar las ilegalidades que exponían los
técnicos. Y saltándose los dictámenes jurídicos desfavorables de la secretaría
general del Ayuntamiento. Solo en tres de los 16 expedientes urbanísticos que
describe el fiscal el Ayuntamiento decidió abrir expedientes sancionadores,
detalla el fiscal. Señala el fiscal que legalmente “es imposible otorgar
una licencia de primera ocupación cuando la obra ya se ha ejecutado
contraviniendo la licencia de obras (…), y que una licencia urbanística no es
un acto discrecional” de los políticos, sino un acto puramente reglado”. Es
inadmisible, añade, que “un Gobierno municipal pueda otorgar una licencia
urbanística cuando los servicios técnicos han constatado una contradicción entre
la ejecución del proyecto autorizado y la licencia previa, y si se adelanta
provisionalmente la licencia, debe sujetarse al deber del promotor de subsanar
las deficiencias menores detectadas, lo que no ocurrió en los casos que nos
ocupan”.
Para la fiscalía, la conducta de los encausados es
subsumible en el “delito de prevaricación urbanística continuada”, y le resulta
“llamativo que una veces se indulten infracciones” y otras, en cambio, la Junta
de Gobierno siga estrictamente las indicaciones de los informes. El fiscal se
pregunta: “¿Por qué un vecino se atiene escrupulosamente a la máxima altura de
cerramiento de su parcela y otro pone la altura que quiere, y es aceptado por
la Corporación?”. O “¿por qué un constructor respeta los retranqueos y otros
los desprecian con la esperanza de la aprobación municipal?”.
Sostiene el fiscal que "es peligrosísima" la
tesis de los encausados de que se pueden dar licencias "según sus
criterios subjetivos" El fiscal arremete con dureza contra los alegatos en
su defensa de los encausados al señalar que tratan de sostener la
“peligrosísima tesis de que un Gobierno municipal puede decidir en cada caso
según su criterio subjetivo si conceder o no una licencia cuando los órganos
técnicos han comprobado que la construcción sujeta a licencia se ha ejecutado
contraviniendo determinados puntos el proyecto previamente autorizado, así como
el planeamiento urbanístico. Esta filosofía", añade el fiscal, "es
una auténtica apología de la prevaricación, basada en la sustitución del
derecho aplicable, conscientemente, por voluntad de la autoridad o funcionario.
(…) Tratan de sostener que un gobierno puede decidir que infracciones condena y
cuáles no, un tema totalmente discrecional". De hecho, "un concejal
de urbanismo valoraba las infracciones como chorradas”, recuerda el ministerio
público en uno de sus informes. La fiscalía es partidaria incluso de que se
declare la nulidad de pleno derecho de estos 16 expedientes urbanísticos, lo
que puede derivar, si los tribunales la consideraran, en cuantiosas demandas de
responsabilidad patrimonial contra el Consistorio.
Esta petición de pena de la fiscalía para el actual
alcalde, su antecesor y diez concejales de las dos últimas legislaturas deja en
una situación crítica al PP de Colmenar. Ya que afecta a los dos últimos
alcaldes del PP, sus dos últimos concejales de Urbanismo y otros ediles más. Es
decir, casi todos los cuadros dirigentes del partido en este municipio.
Este procedimiento partió de la Fiscalía de Madrid y
se unió como acusación particular la asociación denominada Acción Cívica Contra
la Corrupción, la misma que consiguió meter en prisión al consejero de
Francisco Camps Rafael Blasco, y que también persigue delitos de corrupción
política en toda España. COMENTARIO: El artículo no dice que este alcalde
hace escasas semanas tuvo la caradura de enviar un escrito a la fiscalía
pidiendo que les dejaran de mandar oficios pidiéndoles documentación porque si
estaba el ayuntamiento atendiendo a la fiscalía, él no podía gobernar. El morro
de esta gente no es normal. Me uno a la desesperanza del resto, yo creo que
llega un momento en que, como dice el fiscal, existe una apología del morro, y
ésta es bien recibida por el votante populista. Pero a los (PE PEROS) esto les
viene de maravillas. Vistos los últimos sondeos, esta noticia no puede
servir más que para que el (PP) gane 20 mil votantes más y es qué los
Españolitos somos así de idiotas.LA RECORTA…
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