Madrid 5 Abril 2016: La Fiscalía de
la Audiencia Nacional no ha querido
perder ni un día. Ante la gravedad de las noticias publicadas en los
papeles de Panamá, ayer mismo procedió a abrir
diligencias para solicitar ayuda al país centroamericano y comenzar a
desenmarañar las distintas actuaciones de blanqueo de capitales en las que todo
apunta a que ha incurrido el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca.
Según la documentación
obtenida por el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación, y publicada en España por El Confidencial y La Sexta , la labor del bufete
consistiría en facilitar testaferros y empresas offshore para mover y blanquear fondos
ingentes de personas y empresas. Eso es
lo que sospecha la Fiscalía
que dirige Javier Zaragoza sólo con
la lectura de las informaciones publicadas. De ahí la premura en abrir unas
diligencias de investigación, imprescindibles para poder actuar más adelante
contra los españoles o residentes en España que hayan podido cometer algún delito.
Entretanto, Felipe VI se
vio ayer obligado, una vez más en su corto reinado, a desmarcarse de un
escándalo relacionado con su familia. La Casa del Rey dejó bien claro, nada más conocerse
la existencia de una cuenta opaca en Panamá a nombre de la tía
carnal del Monarca, Pilar de Borbón, que en absoluto se sentía
concernida por el asunto, dado que la Infanta e hija primogénita de Don Juan "no pertenece a la
Familia Real".
Aún más, que ni
siquiera pertenece a la "familia directa del Rey". La distinción
entre ambos conceptos -Familia Real y Familia del Rey- sirvió al nuevo Monarca
para blindarse, desde el arranque de su reinado, de cuanto atañía al caso Nóos y a su hermana, la Infanta Cristina. Felipe
VI adoptó el
concepto más anglosajón y menos latino de la familia, de manera que sólo
incluyó a su esposa Doña Letizia, sus hijas –la Princesa de Asturias y la Infanta
Sofía-, sus padres -los Reyes Juan Carlos y Sofía- y a sí mismo. Fuera de este núcleo de personas quedaban sus hermanas -lasInfantas
Elena yCristina,
reducidas a la condición de sus "demás familiares" y excluidas de
cualquier representación institucional, salvo encargo puntual del Rey.
En el capítulo de
"demás familiares" se encontraba también, por pura lógica, la tía
carnal del Rey. No obstante, lo curioso es que desde La Zarzuela se incidía ayer
en el pretendido desmarque institucional al matizar que Doña Pilar no es
familia "directa"; es decir, que no forma parte de los
"ascendientes y descendientes" de Don Felipe.
A la espera de
conocerse si la cuenta en Panamá estaba declarada o no, la incomodidad de la Casa del Rey con este último escándalo era
patente. Las fuentes conocedoras del entorno de la Familia Real aplaudían ayer la necesidad de preservar a la Corona de esta nueva
tormenta y admitían que el asunto "hace mucho daño a la institución",
si bien insistían en aguardar y confiar en que, más allá del "reproche
moral", no haya ninguna ilegalidad en torno a la citada cuenta.
En el peor de los
casos, y a diferencia de Cristina -que los ha conservado contra viento y
marea-, Doña Pilar no ostenta derechos sucesorios. Renunció al casarse con Luis Gómez-Acebo. Pero sí conserva la condición de Infanta y el tratamiento de
Alteza Real, amén del título de duquesa de Badajoz con grandeza de
España que su padre, Don Juan, le concedió en su boda.
Tras la sorpresa, en
julio del año pasado, de la revocación a su hermana del título de duquesa de Palma,
pocos descartan de plano que en caso de una eventual ilegalidad el actual
Monarca pudiera repetir un gesto semejante. Una de las cosas que más llamaron
la atención sobre el cierre de la cuenta de Doña Pilar fue que se produjo a los
cuatro días de la proclamación de su sobrino como Rey. "¿Un
acto voluntario? ¿Una sugerencia de Zarzuela?...". La Casa no respondió.
Seis meses de investigación
Las diligencias que
ayer abrió la Fiscalía
sobre Mossack Fonseca pueden tener una duración de seis meses prorrogables por
otros seis antes de que interponga una eventual denuncia o querella en un
juzgado. El Ministerio Público quiere esclarecer "la naturaleza y
circunstancias de los hechos" publicados, "la identificación de sus
responsables y determinar la concurrencia de los requisitos necesarios para
proceder a su persecución ante los tribunales españoles".
Para poder hacerlo,
entre las primeras actuaciones previstas por la Fiscalía figura solicitar
la ayuda judicial de Panamá para tratar de arrojar algo de luz sobre las
actividades de Mossack Fonseca, cuya sede se encuentra en ese país.
Por si la respuesta
del país no se produce o se dilata, también se solicitará a la Agencia Tributaria la investigación que ayer anunció que había
abierto de oficio a los clientes de nacionalidad española o que residan en
España que aparecen en las informaciones, como es el caso de Pilar de Borbón,
el futbolista del FC Barcelona Lionel Messi o el artista Pedro Almodóvar, informa Carlos Segovia.
Con el material que
aporte la revisión de las declaraciones presentadas en el modelo 720 por los
aludidos, se podrá profundizar en la investigación y actuar en consecuencia con
los españoles que aparezcan en la documentación.
En esta segunda fase
de la investigación será imprescindible determinar si el origen del dinero es
lícito. En ese caso, al trasladar los fondos a Panamá sólo habrían podido
incurrir en alguna responsabilidad tributaria. Ello podría suponer que se les
abriera un procedimiento judicial por delito fiscal si la cuota defraudada
supera los 120.000 euros.
Pero si se sospecha
que el dinero procede a su vez de otro delito, se abre un amplio abanico de
posibilidades en la actuación judicial ante un presumible blanqueo. Lo que sí
señalaron las fuentes jurídicas consultadas es que en cada caso se debería
deducir testimonio de las actuaciones relativas a cada cliente para, al menos,
abrir piezas separadas, o enviarlas para su investigación al juzgado que
corresponda.
De momento, la
competencia de la
Audiencia Nacional vendría determinada, según la Fiscalía , por tratarse de
un delito de cometido por un español en territorio extranjero, lo que significa
que cuando el Ministerio Público decida judicializar las diligencias abiertas
se dirigirán a alguno de los seis juzgados centrales de Instrucción.
Mientras, PSOE, Podemos y Ciudadanos solicitaron
la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso. El portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, consideró este caso "un escándalo de primera magnitud"
y reclamó que se informe a la
Cámara sobre el número de contribuyentes españoles y el
volumen de su capital con sede en Panamá, así como sobre si alguno de ellos se
acogió a la amnistía fiscal.
Precisamente ayer, Montoro presumió
de que las leyes tributarias rigen para todas las personas por igual y de que "no hay excepción ni categoría o causa
alguna para que esto no sea así", y afirmó que las informaciones constatan
que cada vez hay menos refugios seguros en todo el mundo. "La Agencia Tributaria
actúa de oficio y no espera órdenes de nadie", concluyó.
COMENTARIO: Ya estamos como siempre en este jodio país... A un lado los
elitistas, los listos, los que no quieren pagar impuestos, los que no quieren
arrimar el hombro a pesar de ganar millones... y al otro lado la gente normal y
corriente, los pringaos, los "afortunados" que tenemos una nómina
para que Hacienda pueda meter la mano en nuestros asuntos cuando le de la gana,
los que tenemos una cuenta que todo dios conoce para que nos la embarguen si es
preciso en menos que canta un gallo... Los de arriba y los de abajo soportando
sobre nuestro hombros a tantísimo hijo...LA
RECORTA …
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