Decenas de municipios de toda España abren oficinas públicas para frenar los desahucios Madrid, Córdoba, Ciudad Real, Valencia o Palma de Mallorca, entre las ciudades que intentarán reducir los desahucios con una oficina pública. Las pioneras, Fuenlabrada o Tarrasa, recomiendan a los ayuntamientos "una asistencia integral y personalizada a los afectados por la hipoteca". Estas oficinas median entre los bancos y los propietarios de la vivienda. También ofrecen una vivienda social a los desalojados y programas de inserción laboral. Edgar acude a la recién estrenada oficina de Madrid: "La bola de la deuda se hizo imposible. Que se queden con el piso pero que me quiten la deuda".

 A. LARRAÑETA 27.07.2015: Recostada sobre el ventanal, Begoña espera a que den las nueve de la mañana en el reloj y abra la recién estrenada oficina contra los desahucios del Ayuntamiento de Madrid. En el bar de enfrente las funcionarias apuran su café antes de descorrer la verja en el bajo de la Empresa Municipal de la Vivienda en Embajadores. Una vez acomodadas en escritorios rodeados de estanterías vacías, Begoña pide paso. La invitan a sentarse. Dos técnicos recorren la oficina instalando impresoras y ventiladores. Huele a nuevo. Hace calor. La jefa del servicio y una enviada de la alcaldesa buscan dónde colocar la mesa con juguetes que evitará a los niños escuchar de nuevo la historia de la hipoteca insostenible. La placa de la puerta reza 'Oficina de Intermediación Hipotecaria'. Después del verano dicen que dirá: ''Oficina de Intermediación de la Vivienda". No ha dado tiempo a cambiarla, por abrir cuanto antes e intentar para alguno de los 17 desahucios de los que el consistorio tiene conocimiento para julio. El equipo está preparado para gestionar con una fundación del Colegio de Notarios la mediación con los bancos. Promoverán la renegociación de cuotas o alquileres sociales en préstamos inferiores a 300.000 euros. Derivarán los casos urgentes a Servicios Sociales, buscando alternativas en los casos en riesgo inminente de desalojo. Confían en paralizar, al menos, el 60% de los desahucios. Desde 2007, más de 570.000 familias en España han perdido su casa. Los embargos de vivienda siguen aumentando, aunque a un ritmo algo menor que en la crisis, pero es justamente ahora cuando las administraciones afrontan en masa una realidad social de la que se ocupaban principalmente los movimientos sociales, como la PAH. La excepción fueron Castilla y León y País Vasco, a nivel autonómico. También Tarrasa (2012), Granada o Fuenlabrada (2013), a nivel municipal. La oficina antidesahucios de la capital representa por tanto la avanzadilla de la nueva gran ola de nuevos consistorios surgidos de las municipales con la promesa en el programa de combatir los desahucios. En la lista están Córdoba, Ciudad Real, Valencia o Palma de Mallorca, entre otras. Pero no solo. Recientemente un total de 66 concejales de otros tantos municipios, de todos los tamaños y de todo el país, asistieron a un seminario en Fuenlabrada para conocer de primera mano el modelo de intervención que se desarrolla en este municipio pionero. Con carácter general, las oficinas, autonómicas o municipales, abiertas hasta la fecha son asesorías de mediación entre deudores, avalistas y entidades. El objetivo que persiguen es que las familias con problemas económicos por la crisis no tengan que dejar su casa. Que antes lleguen a un acuerdo con los bancos. Y, si se ven en la calle, que tengan la posibilidad de optar a una vivienda social. En algunos casos, como el de Fuenlabrada, el servicio se enmarca en el área de Servicios Sociales, donde se ofertan programas dirigidos a la inserción laboral y/o social de los afectados por la hipoteca. Begoña dice que ella antes acaba en la cárcel que en la calle si finalmente la echan de su casa. Castañera, con puesto fijo en Jacinto Benavente, cada verano se queda sin oficio ni beneficio. Por más que ha solicitado una licencia municipal para la venta de frutos secos fuera de temporada de castañas asadas, el permiso no llega. De su bolso de tela asoma un taco de papeles del juzgado. En él se le comunica que su casero de Carabanchel le reclama casi 12.000 euros por impagos del alquiler. Begoña necesita que alguien le ayude. "Llevo cuatro años en mi piso y el casero sabe que, aunque tarde, termino pagándole. ¿Cómo me ha podido hacer esto?", se pregunta con los ojos húmedos. Es el segundo día de la oficina de intermediación de la vivienda. A penas hay una decena de citas programadas por el 010 e Internet. Y la puerta está abierta. A primera hora, hasta cuatro funcionarias asisten a Begoña. Le revisan la documentación, preguntan dudas a su superior, llaman a la junta de Carabanchel, e incluso una de ellas le acaricia la espalda para tranquilizarla. "Comprar pañuelos de papel", anotan como tarea pendiente. Finalmente su caso tiene que ser derivado a la oficina de servicios sociales de su distrito, al no ser una hipoteca sino un alquiler. Por la misma puerta por la que se marcha Begoña entra un matrimonio cabizbajo. Y un joven. Después, otra mujer. La mayoría son inmigrantes. La intimidad es una quimera y las situaciones que allí se narran son demasiado dramáticas para airearlas. Esperando está también Edgar Antonio, de 51 años, mochila en ristre y abanicándose con un folleto de publicidad. Su mujer leyó en el diario, en 20 minutos, que el Ayuntamiento de Madrid estrenaba este servicio contra desahucios y se ha cruzado media ciudad en metro. Quiere que le asesoren sobre la trampa de dos préstamos hipotecarios y un aval truncado a un hijo que mantienen a la familia endeudada hasta las cejas. A Edgar lo despidieron cuando comenzaba la crisis. Paro y desahucios van de la mano. "El empresario nos echó a todos". Lleva cinco años sin encontrar un empleo. "Si hasta para cuidar ancianitos te piden mil cosas", se lamenta. Se marchó una temporada a Londres, donde limpian casas dos de sus hijos mayores de edad, pero "allí es muy duro vivir, hace muy mal tiempo y se está muy solo" También probó suerte en su país de origen, Nicaragua. No descarta volver, pero antes tiene que solucionar el problema del piso en el que vive con su hijo adolescente y su mujer, limpiadora por horas que con lo que saca da para comer frijoles pero no pagar al banco. Cuando Edgar y su mujer compraron su piso pidieron un préstamo de 16 millones de las antiguas pesetas. En una córrala colorada de San Blas, los 60 metros de esta cuarta planta sin ascensor lucen pulcros y remozados. La familia pidió un crédito adicional para poder hacer la reforma, que el piso estaba abandonado. Unos años después, el hijo mayor de la mujer de Edgar pidió como favor que figurasen de avalistas en la compra de su vivienda familiar en Segovia. "Cuando dejó de pagar la casa nos cayó una losa de otros 50.000 euros", explica Edgar. Sin trabajo y con tres préstamos venciendo cada mes, "la bola se hizo imposible". Ahora, a sus 51 años, solo quiere que en el Ayuntamiento le ayude a lograr la dación en pago. "Si se tienen Fuenlabrada. Este municipio madrileño, de 200.000 habitantes, fue uno de los primeros en abrir una asesoría específica para vecinos amenazados por un desahucio. La Directora de Bienestar Social, Clara Aldámiz, observa con cierto recelo el alud de nuevas oficinas antidesahucios "que están brotando como setas". Le inquieta principalmente "el enfoque parcial" con el que están diseñadas, centradas exclusivamente en el aspecto habitacional. "La vivienda no es el único problema que tienen la mayoría de estas familias. Con la pérdida de la casa se trunca su proyecto vital, se bloquean psicológicamente y necesitan una atención integral, una inserción laboral y a veces integración social para evitar la exclusión.  No todos los Ayuntamientos son conscientes de lo que implica este servicio", expone Aldámiz. Suena el teléfono en el despacho. Es Teresa, del BBVA. "Te había llamado antes porque Cecilia (una vecina) me dice que ibais a ir a cambiar la cerradura del piso y que necesita dos días para sacar sus enseres", dice Aldámiz. La delegada del BBVA le da su palabra de que tiene la moratoria que reclama y entonces llama a Cecilia para comunicárselo. Al otro lado del hilo telefónico a Cecilia se le oyen agradecimientos. En solo un par de días, desde que su expediente se consideró urgente, ha logrado un realojo para ella, su marido y sus dos hijos, hasta ahora en un piso 'okupa' por un desahucio sufrido en 2009. Contará con un poco de ayuda económica municipal para la fianza del nuevo piso y el Ayuntamiento le ha encontrado un puesto temporal en las sustituciones de verano de la ayuda a domicilio de Servicios Sociales. Fuenlabrada organizó a primeros de julio el primer seminario sobre gestión de oficinas anti desahucios. Acudieron como alumnos 66 concejales provenientes de municipios de todo el territorio español, de municipios grandes como Valencia o medianos como Vélez Málaga. "Son Ayuntamientos que se han comprometido a abrir los dispositivos y necesitan saber cuáles son los recursos necesarios, a quién atendemos primero, cómo los recibimos...". El mensaje principal que les trasladaron es que para que funcione su labor, es preciso implicarse integralmente en buscar una solución a largo plazo y personalizada para cada afectado por un problema de vivienda. "Paralizar o retrasar un desahucio está tirado. Eso lo hace cualquiera", advierte la jefa de Servicios Sociales de Fuenlabrada, "Pero eso no es suficiente. Si no tratas los problemas que han llevado a la pérdida de la vivienda, la inserción laboral o la social, el expediente no lo cierras. En cinco o seis meses tienes a la persona de nuevo ante ti". En los casi dos años que lleva operativa la oficina antidesahucios de Fuenlabrada los funcionarios han gestionado 815 expedientes. La mayoría requerían de una intermediación con entidades financieras, bancos a los que en palabras de la jefa de servicio, "descubrimos cada vez más receptivos, aunque siempre con excepciones", que no cita. También han mediado, aunque menos, con los juzgados. A través de las secretarias judiciales, casi siempre para pedir moratorias a los desalojos más inminentes, para buscar una vivienda alternativa. Aldámiz asegura que el trabajo de la oficina antidesahucios está lejos de concluirse. Tienen, de media, nueve peticiones diarias de ayuda. "Es que ni siquiera hemos tocado techo aún. Hay barrios en los que antes no te imaginabas a nadie en Servicios Sociales, pero ahora sus vecinos están demandando nuestra ayuda. Los colchones familiares que amortiguaron la situación de impagos ante la falta de trabajo se están agotando y las familias se encuentran en situación de auténtica vulnerabilidad", señala. De los más de 800 expedientes gestionados en Fuenlabrada, tan solo doce terminaron en daciones en pago. Con lo que eso significa, doce retiradas de vivienda previa cancelación de la deuda. Concretamente diez eran consecuencia de rupturas de parejas jóvenes, con los padres de avalistas, y en otros 2 casos eran familias inmigrantes que decidieron acogerse al "retorno voluntario", por lo que tampoco procedía gestionar la deuda para la permanencia en la vivienda sino para liquidarlo. Esto es justamente es lo que hoy ha venido a pedir Edgar a la oficina antidesahucios del Ayuntamiento de Madrid.

COMENTARIO: Ultima mente leo demasiadas cosas tontadas por aquí, algunos dicen de "asumir responsabilidades" y "saber lo que se firma" yo creo que en eso estamos de acuerdos, pero cuando se firma algo es porque se tiene un trabajo que te da para ir pagando las cosas, si no lo tuvieras... no te darían nada, eso para empezar, el problema aquí ha sido el paro, cuando la gente comenzó a perder sus trabajos es cuando comenzaron a no pagar sus casas, y por cierto, no podemos olvidar el abuso de los bancos al poner los plazos de las hipotecas, cantidades bárbaras que no corresponden con los sueldos ganados, el derecho a la vivienda es fundamental, pero para tener vivienda hay que tener trabajo y que el precio de la vivienda sea acorde con lo que cobras, y no el 50% de tu sueldo para pagar un plazo...Pero claro los bancos no siguieron las normas según del. Banco de España los bancos no deben contratar hipotecas que supongan mas del 30% del salario neto del hipotecado. En la época de la burbuja esta norma se la pasaron por el forro porque con mentalidad de delincuentes pensaban que los pisos no bajarían y cuando alguien no pudiese pagar la hipoteca se quedaran con el piso, más lo ya cobrado más la deuda pendiente. Es mas, siempre que pudieron en vez de negar la hipoteca pidieron avales de familiares que luego se vieron arrastrados por la crisis. En todos los casos que se dieron hipotecas por más del 30% del salario neto los bancos deberían haber sido obligados al dacio en pago. Su juego gracias a las leyes corruptas y al negocio de las subastas es una ganancia totalmente delictiva. LA RECORTA…